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Hay coincidencia en que es en el campo colombiano, que sufrió los embates más fuertes del conflicto que enfrentó al Gobierno de Colombia y las FARC durante más de medio siglo, donde se deben sembrar las semillas de la verdadera paz. De hecho, el primer punto de los acuerdos entre ambas partes para poner fin al enfrentamiento que el Congreso refrendó el pasado día 1 de diciembre habla de acometer una reforma rural integral en el país. "No es casualidad que así sea", ha recordado Juan Mesa, embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la sede de la agencia que junto a la sociedad civil y entes como la Unión Europea acompañará esa transformación del campo. "Sin éxito en este punto, no tendremos oportunidad de consolidar la paz", ha resaltado el diplomático.

"El conflicto armado colocó al agro colombiano en la peor crisis de su historia, y cambió la cultura alimentaria del país, obligando a importar productos que antes exportábamos", ha resumido Pedro Nolasco, representante de la federación sindical agrícola Fensuagro. De hecho, más de 4,4 millones de colombianos están en situación de inseguridad alimentaria, según datos de la propia FAO. Es decir, que no tienen asegurado comer lo suficiente. Hambre estrechamente relacionada con la pobreza, uno de los males a erradicar con esa reforma integral que prevén los acuerdos. Porque pese a disponer de más de 20 millones de hectáreas de tierra cultivable, en el país solo se explotan actualmente unos siete millones.

El primer punto de los Acuerdos de Paz contempla una reforma rural integral

Y, obviamente, gran parte de la población rural que ha quedado excluida de los circuitos alimentarios, como señala Rafael Zavala, representante de la agencia internacional en Colombia. Entre otras cosas por haberse visto desplazados o "despojados" de sus tierras, en palabras de César Jerez, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Una de las medidas a tomar es titular los terrenos agrícolas y formalizar la propiedad y la gobernanza de las mismas (el 60% de los predios campesinos carece de título). En este sentido, los ponentes del evento celebrado este martes en Roma han coincidido en que pueden ser muy útiles las directrices voluntarias publicadas por la FAO, una especie de guía para asegurar que en un país puede haber una tenencia responsable de las tierras. Jerez apuesta por registrar al menos siete millones de hectáreas para asegurar que los agricultores familiares de las regiones rurales más afectadas por el conflicto acceden efectivamente a la tierra.

Por eso, Jerez ha celebrado que por primera vez se vaya a hacer un catastro de las zonas rurales, que hasta ahora existe básicamente en las áreas urbanas. "Lo que explica en gran parte el desplazamiento y el despojo" en las primeras, según el representante de las zonas de reserva. Estas, creadas por una ley de 1994, nacieron con la idea de las organizaciones campesinas de estabilizar las economías de los desplazados y evitar la concentración de tierras. "Las zonas de reserva, de las que solo hay seis creadas, y otras siete que aún no se han constituido legalmente [en total casi 2 millones de hectáreas], son el escenario ideal para empezar a implementar la reforma contenida en el acuerdo", ha señalado Jerez. "También son la única figura que implica presencia efectiva del Estado" en amplias áreas de Colombia, ha añadido.

Y para que las medidas contenidas en los acuerdos de paz respecto a lo rural avancen y no descarrilen, esa presencia del Estado tiene que hacerse notar cuanto antes, en opinión de Zavala. "Una de las lecciones aprendidas en los procesos de paz es la necesidad de victorias tempranas", apunta el representante de la FAO. Esas pueden pasar por la construcción de una carretera, o la prestación de servicios de salud. En definitiva "que la gente se sienta atendida por un Estado que antes estaba ausente: que vea resultados perceptibles y concreto de que las cosas están cambiando".

Varias medidas se encaminan a que los campesinos tengan acceso a la tierra

Esas pequeñas acciones, para Zavala, tienen que conjugarse con proyectos a largo plazo. "Especialmente para los jóvenes que se dedicaban a cultivos ilícitos, para que tengan una alternativa palpable". La cocaína, la marihuana y la amapola ocupan cerca de 200.000 hectáreas en el país y son el medio de vida de más de 100.000 familias. Y los acuerdos también contemplan acabar con ellas ofreciendo otras alternativas. "Hay que aprovechar la biodiversidad que ofrece Colombia", insiste.

Para Nolasco, de la federación sindical, (que pide que el Estado también libere a los activistas rurales presos y que cesen de una vez los asesinatos de líderes sociales) es básico que los campesinos y sus organizaciones —"quienes han pagado el costo fundamental en esta guerra"— estén presentes en todo momento en la planificación y seguimiento de la reforma rural. "Las organizaciones campesinas tienen que ser verdaderos protagonistas de todo este nuevo proceso", sostiene. Incluida la gestión de los recursos y fondos, y todas las medidas encaminadas a que la paz eche raíces en el campo para perdurar. Las partes coinciden en que es una prioridad. No en vano, es el primer punto de los acuerdos de paz.