Antipático

Los nacionalistas y sus servicios auxiliares protestan ante lo que llaman la “judicialización” de la política, es decir, la intervención de los tribunales cuando en el cumplimiento de su propia hoja de ruta se salen de la legalidad. En esta misma línea, puede clamarse que la persecución de la corrupción y el fraude fiscal judicializa los negocios, las leyes de violencia de género judicializan las disputas familiares, los controles de sanidad de los alimentos judicializan el comercio y la persecución de la trata de blancas judicializa el turismo involuntario. Quienes denuncian tales excesos judiciales entienden las leyes como una primera propuesta que después debe ser sometida a diálogo y transacción, dentro de la mayor flexibilidad posible. Si ni por esas la legalidad hinca el pico, hay motivo para declararla injusta y democráticamente desafiarla. Y tratar de hacerla cumplir por algún otro medio que una suave reconvención es un caso claro de tiranía.

Si un cargo público se toma la ley en serio y decide invocarla puntillosamente, considerando que está tan vigente en Cataluña o Euskadi como en cualquier otra parte de España, ese intransigente se convierte en un tipo antipático, por no decir fascista. Así le ocurrió a Carlos Urquijo, ya exdelegado del Gobierno en el País Vasco, al que se reprocha haber interpuesto numerosos recursos legales por arrinconamiento de los símbolos de España, para garantizar las comunicaciones en castellano tanto como en euskera así como para impedir homenajes o actos de apoyo a miembros de ETA excarcelados, etcétera... Atención, escandaliza el número de las denuncias de Urquijo, no el de las transgresiones nacionalistas: parece que el error del delegado fue empeñarse en rechazar para Euskadi un estado de excepción legal. Hace mucho le oí decir a Ferlosio: “Me caen simpáticos los antipáticos”. Y a mí.