Las familias con bajos recursos viven menos por la mala alimentación

El consumo de alimentos procesados, hiperazucarados y vacíos nutricionalmente son los responsables del 21% de las muertes que se podrían evitar. O dicho de otra forma, por cada día de vida que perdemos por culpa del tabaco, se pierden cinco a causa de la alimentación insana y sus enfermedades derivadas. Por cada día menos de vida por las drogas, perdemos 11 debido a una mala dieta. Lo peor es que un 44% de las familias españolas, aunque quisieran, no podrían permitirse comer sano. En España, solo un 30% del gasto en alimentación se destina a productos frescos y el 70% restante es comida procesada. No se trata de malas decisiones en el supermercado, sino de no tener elección -ni medios económicos- para llenar la cesta de la compra con productos más saludables.

Estas son solo algunas de las demoledoras conclusiones del estudio Viaje al centro de la alimentación que nos enferma, que la plataforma VSF Justicia Alimentaria Global presenta este jueves al Congreso de los Diputados. El motivo de la reunión es abrir un debate político sobre los impuestos a las bebidas azucaradas anunciados el pasado diciembre por el ministro Cristóbal Montoro, y pedir una ley para la alimentación saludable.

Para ello, se ha creado el primer movimiento civil contra la industria alimentaria, la Alianza por una Alimentación Saludable, que reúne a asociaciones de consumidores, agrupaciones médicas, asociaciones de padres y madres de alumnos, organizaciones agrarias y ecologistas que reclaman un cambio urgente en el modelo alimentario. El objetivo final es conseguir que descienda el consumo de productos procesados -ya sea gracias a elevados impuestos o a la obligación de un etiquetado objetivo y real sobre sus peligros- y fomentar una dieta más sana mediante un IVA del 0% a frutas, verduras y hortalizas, compra pública de estos alimentos sanos para los colegios y facilidades para el comercio de proximidad que apoye a los productores locales.

La campaña #DameVeneno llega en un momento en el que hemos alcanzado las 90.000 muertes al año por malos hábitos nutricionales, a los que se atribuye también el 50% de las dolencias cardiovasculares, un 30-40% de cáncer de estómago y colon, o un 45% de los casos de diabetes, según los datos que del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). La suma de esas tres enfermedades afecta a seis millones de pacientes en todo el mundo. Que sean las familias humildes quienes más enferman y consumen este tipo de alimentos nocivos no es casualidad.

Responsabilidad política

“¿Cuántos muertos más necesitamos para que se tomen medidas? Ni siquiera podemos decir que estemos respetando el derecho de los niños a una correcta alimentación y salud, sino que hemos creado un entorno perfecto sin normativa ni regulación, para que empresas de la industria alimentaria se enriquezcan a costa de la salud de los ciudadanos. Lo escandaloso es que el precio de los alimentos saludables ha aumentado un 70% en los últimos años y en cambio la comida chatarra cada día es más barata. Esto hace más vulnerables a las familias con menos recursos, que sencillamente no pueden permitirse comer sano: si eres pobre, tienes más posibilidades de que tu hijo sea diabético en un futuro porque está mal alimentado. No podemos permitirnos el 40% de adolescentes con diabetes tipo 2, como ya sucede en Estados Unidos, debido a una brecha alimentaria”, afirma Javier Guzmán, director de VSF Justicia Alimentaria. Los datos que presentarán esta tarde en el Congreso señalan la previsión de miles de muertos en las próximas décadas, que no sobrevivirán a estos hábitos de alimentación insanos. “Los políticos tienen una responsabilidad que ahora mismo no están asumiendo: nosotros les vamos a poner las cifras objetivas, los estudios científicos, los datos sobre la mesa. Y si no cambian la política alimentaria porque no les conviene o por intereses empresariales, la historia se encargará de juzgarlos”, señala Guzmán.

Nutricionistas, dietistas y pediatras coinciden en reclamar que los hipotéticos impuestos no se limiten a las bebidas carbonatadas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud advierte que esa tasa debería situarse en el 20% para que salve vidas, algo que en cualquier caso no serviría de mucho si no va acompañado de otras medidas de protección alimentaria, para que los niños no tengan fácil acceso a los nocivos y baratos alimentos procesados, que se fomentan incluso desde algunas instituciones.

“Hace poco saltó la polémica de una madre que se quejaba porque el colegio de su hijo llevaba a los niños de excursión a una famosa cadena de comida rápida. Pero es un ejemplo más que se suma toda una “cultura del adoctrinamiento” desde que son pequeños. Muchas escuelas organizan excursiones a plantas de producción de bebidas carbonatadas, chocolaterías, fábricas de galletas, de productos procesados… que además después regalan folletos, cajas de galletas o balones de fútbol. ¡Será que no hay en este país granjas o huertas o pequeñas cooperativas para visitar! Todavía es más escalofriante ese adoctrinamiento institucionalizado cuando hablamos del plan HAVISA (Hábitos de vida saludables), impulsado por el gobierno supuestamente para prevenir la obesidad. Consiste en poner faldones que pasan a toda velocidad debajo de un anuncio de la televisión sobre cereales chocolateados, por ejemplo, con la recomendación de “desayunar todos los días, mantenerse activo”. Pone los pelos de punta que el Ministerio de Sanidad sea capaz de firmar acuerdos con la Fundación Alimentum, formada por 26 empresas de las que 21 representan a la industria de pésimo perfil nutricional”, reflexiona Juan Revenga, miembro de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas (FEDN), autor del bestseller Adelgázame, miénteme e impulsor de la petición en Change.org para que cesen esas colaboraciones interesadas entre instituciones de la salud e industria alimentaria.

Otro de los problemas que encuentran las familias para reducir el consumo de grasas, sal y azúcar en su día a día es el confuso etiquetado y la falta de perfiles nutricionales que eviten la mala alimentación infantil. Si las etiquetas advirtieran de forma clara y objetiva su composición real, posiblemente muchos se lo pensarían dos veces antes de comprarlo. Pero solo Dinamarca, Noruega y Reino Unido han sido capaces de regular esto, como el llamado “etiquetado semáforo” que advierte sobre los peligros de cada alimento con un código de colores. En función de su peligrosidad, algunos de los alimentos más insanos -como bollería, aperitivos, zumos, bebidas carbonatadas, azucaradas, energéticas, entre otros- no pueden siquiera publicitarse entre el público infantil. En España, no existen ni límite publicitario ni información fidedigna. El llamado código PAOS (Publicidad, Actividad, Obesidad y Salud) en realidad está en manos de la propia industria sin control externo, por lo que tiene barra libre para publicitar lo que quiera, como quiera, en el horario y formato que quiera.

“Lo más indignante es que la industria alimentaria diga que no obliga a nadie a consumir sus productos y que el problema es de las familias. Porque eso es falso: cuando no han recibido información real sobre lo que consumen, tienen tres hijos y necesitan comida barata, no pueden elegir, no es una elección libre”, apunta el pediatra Carlos Casabona, que analiza la manipulación psicológica de los anuncios y da pautas para evitar esos productos nocivos en su libro Tú eliges lo que comes. Y añade: “Otro problema que encontramos los pediatras es que las familias parecen que han asumido el sobrepeso como algo normal en la sociedad y en el entorno obesogénico que vivimos. Sus hijos con sobrepeso no solo desarrollarán enfermedades graves en un futuro. Con 10 o 14 años ya presentan patologías y trastornos que nos preocupan mucho: presencia de grasa en hígado, engrosamiento de las capas interiores de las arterias, dolores de espalda, problemas de caderas, esguinces de repetición y problemas psicológicos y de autoestima. Los pediatras estamos desbordados con esta epidemia. Por eso necesitamos que cambien las cosas, porque la sociedad todavía no es consciente de la gravedad del problema”.