La pregunta y sus respuestas

“Si llegara el triste momento de la separación, esta no podría llevarse a cabo de manera unilateral sino mediante una negociación seguida de un acuerdo en el que todos participaríamos y que requeriría probablemente una reforma constitucional”, escribió aquí en febrero de 2013 el profesor Rubio Llorente, expresidente del Consejo de Estado, fallecido en enero del año pasado. Y añadía esto: “La catástrofe que significaría para todos la secesión de Cataluña lleva a pensar que es sumamente improbable que esta tenga un apoyo popular tan extenso e intenso que aconseje abrir esa negociación”.

El 62% de los catalanes y el 85% del resto de ciudadanos españoles considera que la independencia de Cataluña tiene “muy pocas o nulas probabilidades de hacerse realidad”, según el sondeo de Metroscopia publicado en EL PAÍS el pasado día 28. Porcentajes similares (60% y 79%) consideraban que “tal como están las cosas” lo mejor sería que el Govern optase por una “estrategia negociadora”.

Negociación para explorar la posibilidad de un referéndum acordado con el Estado, como insiste Puigdemont jugando al equívoco. Porque ese acuerdo puede referirse a dos cosas diferentes: a que se regulen las condiciones de validez de la consulta (quorum, mayoría necesaria...). O bien, al contenido de la consulta: sobre qué se pregunta. Si es sobre la independencia, no podrá ser pactada porque ningún Gobierno de España podría aceptar un derecho unilateral a la separación.

Como dijo Raimon, “al final será necesario votar para desencallar la situación”

A la vista de los resultados electorales y de las encuestas, muchas personas se preguntan por qué no aceptar la votación en esos términos para resolver de una vez el problema. La respuesta es: porque no se resolvería. Si el Estado aceptase un referéndum vinculante sobre sí o no a la separación, opción con incierto desenlace, quedaría sentado un precedente a invocar en cualquier situación futura más propicia. Y ello con independencia del resultado.

Es cierto que casi la mitad de los catalanes son favorables a la separación (47,8%, en las plebiscitarias de 2015), pero algo más de la mitad están en contra. De ahí el afán de los partidos independentistas por superar el 50% en alguna votación, para legitimar la continuidad del procés. Para lo que necesitan captar el voto de los sectores que defienden el referéndum pero dudan sobre la secesión, como el grupo de Ada Colau, que han asumido como seña de identidad de la izquierda la adhesión al principio de autodeterminación.

Pero ese principio solo es aplicable a situaciones coloniales o de opresión manifiesta, y de ahí su empeño en magnificar errores reales o supuestos del Gobierno con paralelismos absurdos o desmesurados. Como la pregunta insidiosa de Puigdemont a Rajoy sobre si pensaba recurrir a la fuerza “contra Cataluña”. Invocación que esconde el anhelo de un clima de tensión que radicalice a los dubitativos.

Es cierto que, como dijo Raimon, “al final será necesario votar para desencallar la situación”. Al final, porque como explicaba ayer aquí el politólogo Matt Qvortrup, un referéndum sin acuerdo previo negociado entre las partes, es entre improductivo y peligroso. Y para acordarlo será necesario no dejar fuera las salidas intermedias,incluyendo una autonomía reforzada que según las encuestas sería la opción mayoritaria. Porque a diferencia de la independencia, no sería irreversible y permitiría modular las demandas ciudadanas, evitando el todo o nada. Lo que a su vez favorecería el acuerdo entre ambos Gobiernos, como recomienda el Consejo de Europa.