Filipinas se adelanta a los cataclismos

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El Grande podría llegar en cualquier momento. Hoy, mañana o en los próximos años. Es tan tristemente célebre que los lugareños ni siquiera necesitan especificar que se trata de un terremoto. Según las previsiones, el seísmo tendrá una magnitud de más de siete grados y en su próximo despertar podría dejar 34.000 muertos y 100.000 heridos. Visita Filipinas de media cada cuatro siglos y la última vez fue en 1658. Como una espada de Damocles suspendida encima de la cabeza de los habitantes de Manila y las zonas aledañas, El Grande mantiene a las autoridades locales en constante alerta, trabajando a contrarreloj para estar listos y mitigar los daños en la medida de lo posible.

El despacho de Arnaldo Antonio, jefe de la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastre de Valenzuela —una de las 17 áreas de Manila— está decorado con lo esencial. La única excepción es una mesa en la que apenas caben todos los premios otorgados a la institución por su trabajo pionero en elaborar medidas de prevención, respuesta, mitigación y rehabilitación ante las múltiples plagas que asolan esta zona, en la que viven alrededor de 600.000 personas.

Porque El Grande no representa el único peligro. Inundaciones, tifones, incendios y terremotos de menor intensidad se suceden a lo largo del año en esta área situada en el noroeste de la capital de uno de los países más expuestos del mundo a los desastres naturales, donde se registran alrededor de 20 tifones al año. El cambio climático también juega su papel. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte sostiene que en los últimos 40 años los tifones en Asia han incrementado su fuerza en un 50%, como consecuencia del calentamiento global.

La Oficina de Reducción de Riesgo de Desastre arrancó hace un año, pero aún no ha vivido una verdadera prueba de fuego. "Trabajamos para monitorizar lo vulnerables que somos, qué acciones de logística se requieren, organizar la cooperación entre distintos sectores para obtener la información", explica Antonio. "Tenemos que prepararnos al máximo, porque seremos los más afectados por El Grande".

El 5% de los ingresos de la ciudad se destina a la preparación ante los desastres. De esa cantidad, un 70% se emplea en medidas de preparación y el resto para una respuesta rápida. "Este tipo de gestión no es novedoso, pero se requiere voluntad política", señala Antonio.

La importancia de la prevención es una lección que quedó marcada a fuego en los filipinos tras los destrozos del supertifón Haiyan, que causó al menos 10.000 muertos a su paso por el país en 2013. A partir de ese momento, se decidió descentralizar la respuesta para actuar de manera más rápida, a través de un sistema satélite de 13 oficinas de administración pública diseminadas por el territorio. Estos centros, que se pueden usar para los trámites burocráticos de rutina de los ciudadanos cuando no apremia la emergencia, están en constante comunicación con la administración central a través de una torre que no depende de electricidad y que no puede verse afectada por un eventual colapso de las líneas.

La otra pata de la estrategia diseñada por la Oficina reposa en las campañas de información. "De poco sirven los servicios y la tecnología, si la población no los conoce", asegura el responsable de la institución. "También estamos planeando construir refugios alternativos a las escuelas. Buscamos desarrollar soluciones que se implementen facilmente, con material y personal local".

El centro, que se erige en un edificio capaz de resistir a terremotos de hasta ocho grados, alberga, entre otros servicios, una unidad de coordinación, una oficina de información a la ciudadanía, equipos médicos y de rescate —que en caso de emergencias cubren turnos de 24 horas, siete días por semana—, salas de formación, dormitorios para voluntarios, una estación de monitorización del tiempo y hasta un despacho para el alcalde. En el almacén se apilan cajas de comida y otros bienes (como mantas, sábanas, toallas, orinales, camisetas, pañuelos, producto de higiene) ya empaquetados que llegan hasta el techo y están listos para ser distribuidos a 5.000 familias, mientras en las afueras del edificio aguardan dos camiones con cocina móvil, lanchas, ambulancias y una máquina para purificar el agua que está siendo sometida a pruebas antes de ser adquirida.

Microseguros para las resiliencia de los pobres urbanos

Filipinas aprobó en 2010 una ley sobre la gestión de riesgos de catástrofes, pero varios expertos internacionales coinciden en que aún existen muchos obstáculos para su implementación a escala local, desde la financiación hasta los conocimientos técnicos.

Entre otras medidas, el Gobierno ha lanzado este año un programa para la estipulación de seguros de riesgo para que las familias puedan hacer frente a eventuales pérdidas materiales y evitar volver a empezar desde cero cada vez que un tifón o un terremoto destroza todas sus pertenencias. La iniciativa recién concluida Move-Up, promovida por Acción contra el Hambre, Plan Internacional y Care, ha contribuido a promover los microseguros entre comunidades pobres en tres zonas de Manila, Malabon, Quezon City y Valenzuela.

El proyecto, financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria Europea (ECHO), ha logrado que al menos 1.500 beneficiarios contrataran un microseguro, pagado al 60% por grupos de ahorro comunitario y al 40% por Move-Up, según las primeras estimaciones de Acción contra el Hambre. Los promotores del programa han ofrecido también formación profesional en Quezon City y Valenzuela, así como material para mercados móviles en Malabon.

"Las tres ciudades han mejorado sus planes para la reducción del riesgo de desastres y otras políticas relacionadas. Valenzuela y Malabon ya han asignado el presupuesto inicial para la implementación y el pilotaje de actividades como sesiones de alfabetización financiera a cooperativas y comunidades urbanas pobres", explica Joel Abelinde, que sigue el programa por Acción contra el Hambre.

Los microseguros cuestan alrededor de 175 pesos al año, aunque pueden llegar hasta 500. Los vecinos de estos barrios pueden contratarlos a través de compañías particulares, como los montes de piedad, cooperativas y bancos rurales. "Estos grupos, sin embargo, apenas reúnen al 25% de la población y fuera de estos círculos hay muy poca conciencia y acceso a este servicio", señala Abelinde.

Valenzuela es una de las zonas de Manila más expuestas al peligro de inundación. Además del agua, otra amenaza llega debido al fuego. La presencia de pequeñas industrias, combinada con hacinamiento, negligencia, infraestructuras y viviendas en ruinas, propician la propagación de incendios.

Rodora Madrigal, miembro de la Asociación de Vecinos de Valenzuela, vive en compañía de 12 personas. Aún recuerda con horror el calor que se produjo en su pequeño hogar una noche de hace 11 años en la que se desató un incendio en una fábrica cercana. Rodora, de 40 años, tuvo que sacar todas sus pertenencias a la calle. Aunque no sufrió pérdidas, tiene miedo de que pueda volver a pasar y que la próxima vez no resulte tan afortunada. Quiere concertar un seguro, pero para esta compra ella y su marido, que trabaja como chófer para turistas, necesitan ahorrar 600 pesos anuales.

"Es difícil vivir con poco dinero", admite Anselma Loteyru. Era su marido el que traía dinero a casa, pero, desde que se quedó viuda hace 15 años, ha tenido que empezar a trabajar como lavandera, aunque le duela la espalda y sus manos estén llenas de callos. Sueña con arreglar el techo de su casa, gravemente dañado por los aluviones de 2009. “Si llega otro supertifón podría derrumbarse, pero por el momento no nos podemos permitir las obras”, revela. Con 57 años, gana unos 1.500 pesos (alrededor de 25 euros) cada dos semanas, de los que ahorra unos 400 (6,5 euros) que ingresa en el grupo de ahorro de la comunidad.

Un total de 25 vecinos integran este grupo, al que aportan semanalmente 50 pesos (0,81 euros) para constituir un fondo de emergencia. "No todos pueden ingresar esta cuota, pero les implicamos para que por lo menos tomen conciencia de la importancia de estar listos", señala Nico Espinosa, presidente de la asociación que reúne a unos 200 vecinos. "Con este dinero no solo ahorramos para imprevistos, sino que evitamos que la gente de la comunidad tenga que pedir préstamos con intereses muy elevados".

Esta fue la solución adoptada por Jomarie Malonzo Palma. Esta ama de casa de 24 años se vio obligada a pedir un préstamo de 1.500 pesos (24 euros) el pasado mes de junio para los gastos cotidianos de sus dos hijos y tendrá que devolverlo con unos intereses del 20%. "Confío en que no tendremos problemas", cuenta con un hilo de voz, "pero ahora sé que hay alternativas más baratas y ya no volveré a hacerlo".

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