El gobierno belga multará por desobediencia al príncipe Lorenzo

El príncipe Lorenzo de Bélgica ha vivido en los últimos tiempos bajo una amenaza adolescente. La posibilidad de perder su paga ante su problemático comportamiento ha aparecido asiduamente en el debate político belga como una medida ejemplarizante. Pero la diferencia primordial respecto a las reprimendas en edad escolar es que el salario público del hermano del actual rey Felipe de Bélgica asciende a 308.000 euros anuales. El último episodio que puede costarle caro se produjo el pasado mes de julio y fue publicitado por el propio Lorenzo. El príncipe, pulcramente uniformado, se reunió en la embajada china con dignatarios extranjeros durante la celebración del 90 aniversario de la creación del ejército del gigante asiático, a la que fue invitado. Nada que se salga de la normalidad si no fuera por un problema de competencias: Lorenzo está obligado por una ley aprobada en 2013 a pedir permiso al ministro de Asuntos Exteriores belga para poder verse con cualquier autoridad foránea.

No lo hizo. Y aparentemente ajeno a la polémica que se le venía encima, el príncipe belga compartió una instantánea del evento en la red social Twitter. Toda una invitación a ser sancionado con las pruebas del delito aportadas por el propio infractor. El primer ministro belga, Charles Michel, ha asegurado que la multa "será proporcional", y la prensa belga estima el castigo en alrededor de un 10 o 15% de su dotación, lo que de confirmarse se traduciría en algo más de 30.000 euros.

Antes de imponerle la sanción, la ley establece que este mes debía mantener un encuentro con el jefe del Gobierno para tratar el incidente, pero el príncipe Lorenzo ha alegado razones de salud para no presentarse y enviar en su lugar a su abogado: la pasada semana remitió un certificado médico al responsable del Ejecutivo para excusar su ausencia. La polvareda que ha levantado su decisión de mantener encuentros diplomáticos por libre también ha supuesto su adiós a las redes sociales, que contribuyeron a amplificar la controversia. El representante real cerró el mes pasado sin previo aviso su cuenta en Twitter, abierta hacía poco más de 11 meses.

El caso se suma a una larga lista de deslices que han alimentado su fama de díscolo mujeriego y obsesionado por el dinero. En enero del pasado año devolvió 16.000 euros en concepto de gastos oficiales no justificados después de que el Tribunal de Cuentas le acusara de cargar al erario público facturas de la compra, viajes de esquí de su familia y otras actividades personales. En un arranque de furia tras desvelarse su uso de dinero público para fines privados, lanzó una frase en alusión a la enorme cantidad de impuestos que abona a Bélgica: "He pagado mucho más de lo que el Estado me paga a mí", dijo encolerizado.

Los precedentes dicen que el aristócrata, de 53 años, hijo pequeño de Alberto y Paola, debía estar al tanto de lo que se exponía al verse con representantes extranjeros. En 2011 fue reprobado por el Parlamento después de que ignorara deliberadamente la petición del entonces primer ministro, Yves Leterme, de no viajar al Congo, ex colonia belga, antes de las elecciones presidenciales en ese país, para proteger la imagen de exquisita neutralidad de Bélgica en dichos comicios. Haciendo oídos sordos, llegó a verse con el presidente del país africano, Joseph Kabila. El castigo en aquel entonces fueron seis meses sin participar en los actos públicos de la familia real.