Villarejo y la mafia policial

El comisario jubilado José Villarejo fue detenido ayer, acusado de los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Junto a él fueron también arrestados su actual esposa, Gemma Isabel Alcalá, y Carlos Salamanca, que fue comisario del aeropuerto de Barajas, en Madrid.

La decisión de la Audiencia Nacional, tras varios meses de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, supone un paso muy importante en la lucha contra la corrupción, aunque lo que queda al descubierto en esta operación, denominada Tándem, es la existencia de una auténtica mafia policial que funciona como una organización criminal al servicio de unos pocos, en cuya cúspide se encontraría el polémico comisario.

Los detenidos, utilizando sus cargos y responsabilidades, como señala la fiscalía, “habrían recibido elevadas sumas de dinero, así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”.

EL PAÍS ha llevado a cabo durante los últimos tres años una investigación sobre las supuestas actuaciones irregulares de Villarejo, que compaginaba sin escrúpulos sus tareas de policía y de empresario, burlando aparentemente a los sucesivos Gobiernos a los que ha servido.

Villarejo tejió durante años una red de favores mutuos con distintas instituciones y personas que le ha servido para hacer grandes negocios y salir airoso de sus frecuentes problemas judiciales. Pero esta vez los investigadores han convertido los indicios publicados por este periódico en pruebas contundentes de que el comisario-empresario, prevaliéndose de su cargo, se habría enriquecido con servicios especializados —en concreto, lo que Villarejo denominaba gestión de crisis— y a través del blanqueo de capitales. Si no, es inexplicable que un policía pueda amasar una fortuna como la que Villarejo tiene en su entramado de sociedades dentro y fuera de España.

Es una buena noticia que la justicia haya actuado (pese a las múltiples amenazas realizadas por el comisario encarcelado) ante un caso tan flagrante de corrupción de un grupo de funcionarios. No deja de ser preocupante, por otra parte, que se haya tardado tanto tiempo en poner coto a actividades ilegales de sobra conocidas.