Obsolescencia programada
En Francia, una iniciativa legislativa promovida por Los Verdes ha conseguido penalizar la obsolescencia programada, con penas de prisión y de hasta 300.000 euros de multa. En España por ahora hay una laguna legal que permite esta práctica comercial sin trabas. Es necesario replantearse esta situación por dos razones: una, económica, porque es perjudicial para los consumidores, que se ven obligados a sustituir con celeridad los artículos que compran, con el gasto excesivo que esto conlleva; y otra, ecológica, pues los aparatos desechados acaban acumulándose en basureros o siendo transferidos al tercer mundo donde terminan su vida útil. Deberían articularse, también en nuestro país, medidas técnicas y legales para controlar la obsolescencia programada y poner freno a sus abusos.— Pedro Feal Veira. A Coruña.
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