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Sirvan estas líneas para recordar a las 15 personas que hace cuatro años se morían ahogadas frente a nuestras costas. Es una llamada de atención más, seguramente infructuosa, como tantas otras, ante una tragedia terrible que nadie debería olvidar. Muy al contrario: debería hacernos pensar mucho sobre el tipo de sociedad en que nos estamos convirtiendo y sobre el Estado de derecho que tenemos y bajo cuya protección vivimos.

Quienes se interesan por la cuestión migratoria en España (nunca lo llamaré problema) saben ya de qué hablo. A quienes no les suena, les cuento: el 6 de febrero de 2014, a eso de las cinco de la mañana, un numeroso grupo de entre 200 y 300 migrantes se dispone a cruzar de manera irregular la frontera entre Marruecos y España saltando la valla que separa a los dos países a la altura de Ceuta, ciudad autónoma española en suelo africano. Fracasan y varias docenas deciden meterse en el agua para intentar llegar a nado a suelo español, bordeando un espigón que separa ambos territorios. No son más de 30 metros hasta la playa ceutí de El Tarajal. Entonces comienza la tragedia: agentes de la Guardia Civil les disparan pelotas de goma y gases lacrimógenos cuando aún están en el agua. Cunde el pánico y 14 hombres se ahogan.

Han transcurrido cuatro años y todavía no se ha dirimido la responsabilidad de estas muertes. Fueron muy mediáticas, y lo siguen siendo. Hoy, sin ir más lejos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha difundido un nuevo testimonio de uno de los supervivientes de esta tragedia. Se llama Hervé, y en una entrevista en vídeo dice que se ha decidido a hablar por primera vez porque todavía ve cuerpos en la playa. Y reclama, ya no justicia, sino al menos una disculpa: "Los padres que perdieron a sus hijos en esa playa creo que merecen una carta de perdón por parte de España, porque a sus hijos ya los perdieron".

Entrevista a Hervé, superviviente de la tragedia de El Tarajal. / Cear

No van los tiros por aquí. Estos cuatro años en los que se ha intentado esclarecer qué ocurrió y quién o quiénes fueron responsables han estado plagados de obstáculos. Costó mucho trabajo lograr que el Gobierno reconociera que la Guardia Civil había disparado pelotas de goma. Primero, el Cuerpo difundió un vídeo editado para enmascarar su responsabilidad. Pero se descubrió el ardid. Pocos días después, el verdadero vídeo salió a la luz. Arrancó una investigación, si bien el Partido Popular vetó la comisión encargada de esclarecer los hechos y el Gobierno pidió un pacto sobre migración, pero censuró la información sobre lo ocurrido en Ceuta.

Mientras tanto, la insistencia de algunas ONG y medios de comunicación ayudó que conociéramos más detalles de lo ocurrido y también pudimos escuchar los testimonios de los primeros supervivientes que se decidieron a hablar. Caminando Fronteras difundió los partes hospitalarios de los heridos en la refriega.

Han transcurrido cuatro años y todavía no se ha dirimido la responsabilidad de estas muertes

En febrero de 2015, un año después del suceso, un juez imputó a 16 agentes de la Guardia Civil por un presunto delito de homicidio imprudente. Ocho meses después se sobreseyó la causa y los acusados fueron absueltos dado que la juez consideró que las circunstancias que se produjeron ese día en el Tarajal “legitimaron el uso de material antidisturbios”. Las ONG que habían denunciado (CEAR, la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y la Asociación Observatori de Drets Humans) recurrieron esta decisión, y eso motivó que en enero de 2017 —tres años ya...— otro tribunal reabriera la causa porque, argumentó, los pasos dados previamente para esclarecer responsabilidades no alcanzaron "los grados de suficiencia y eficacia que serían exigibles".

En todo este tiempo continuaron las concentraciones para homenajear a las víctimas en cada aniversario de la tragedia, los actos de protesta, las noticias en los medios de comunicación.  También fue entonces cuando supimos que el Ministerio de Exteriores había negado el visado de entrada en España a los familiares de las víctimas que querían identificarlas.

El nuevo varapalo ha llegado cuando se cumplen cuatro años de este rosario de despropósitos: hace unos días, la juez que había reabierto el caso lo archivó al no encontrar pruebas suficientes de que se haya cometido un delito. Y ya está. CEAR, entre otras organizaciones, asegura que agotarán todas las vías judiciales hasta lograr justicia. Pero cuando dos jueces dicen que no hubo delito, se ve cada vez más difícil lograr un veredicto diferente.

No hacían mal a nadie; si acaso a ellos mismos, poniendo en juego su vida y nada más que la suya

A febrero de 2018, esto ya parece más un tira y afloja, un problema político, un afán por quedar bien, o lo menos mal posible, en vez de lo que es realmente: una cuestión de humanidad. 14 familias se han quedado huérfanas de algún ser querido, 14 hombres perdieron la vida de la manera más inesperada y trágica y no sabemos ni quiénes eran. Y quedan muchas incógnitas en el aire: ¿Por qué nadie quiere asumir la responsabilidad? ¿Por qué nadie se ha disculpado todavía? ¿Por qué las víctimas siguen sin identificar? ¿Por qué no se intenta reparar el daño a estas familias?

Aunque es irreparable, claro está.

Estoy segura de que el tratamiento hubiera sido diferente si no hubieran sido extranjeros pillados in fraganti cometiendo una irregularidad. Ilegalidad, si se prefiere. Una tan grave como querer entrar de polizón en otro territorio. No estaban matando a nadie, ni violando a nadie, ni robando a nadie, ni pasando droga. No hacían mal a nadie; si acaso a ellos mismos, poniendo en juego su vida y nada más que la suya. Sirvan estas líneas para no olvidar estas 15 muertes. Son 15 asuntos pendientes que van a pesar sobre las conciencias de muchos durante toda su vida. Porque se resuelvan los interrogantes o no, ya es tarde para los muertos y para sus familias.