Conmemorar sí, reformar también

Las instituciones han promovido, con acierto, una pluralidad de actos que permitirán conmemorar los cuarenta años de nuestra Constitución. Se trata, sin duda, de un ejercicio de gratitud hacia una obra colectiva que supuso la reconciliación y el impulso democrático de España. En un momento político como el actual en el que no faltan los desafectos, resultaría impropio limitar la programación de actos a un ejercicio nostálgico en el que se sublimen las bondades y se ignoren, en una conversación autorreferencial, aquellos aspectos que plantean hoy menos consenso.

De hecho, resulta particularmente sencillo señalar aquellas partes del texto que aconsejan ser modificadas a la luz de una realidad nacional e internacional que difiere sensiblemente de la de hace cuarenta años. Así, un Dictamen del Consejo de Estado de 2006 y múltiples estudios académicos han manifestado un sólido consenso en torno a distintos aspectos que demandan una revisión profunda, entre ellos, el modelo territorial y la llamada “cláusula Europa”. De hecho, nada en la redacción del título VIII y del artículo 93 de la Constitución de 1978 permite reconocer el desarrollo actual del modelo autonómico o las consecuencias de la integración en Europa. Es, por tanto, un imperativo jurídico y político clarificar constitucionalmente el diseño y los principios que determinan el funcionamiento de la arquitectura de poder multinivel (supranacionalidad y subestatal) que definen a España.

Más allá de atractivos debates teóricos, también el alcance de los problemas que configuran la agenda de trabajo del presente curso político nos invita a pensar que solo un debate desde la perspectiva constitucional favorecerá cualquier vía de solución satisfactoria a las tensiones territoriales. Solo una actualización de la Constitución vigente permitirá ordenar la conversación y hacer a las partes responsables de la defensa de opciones políticas viables. Solo una reforma ambiciosa garantizará que podamos votar un acuerdo satisfactorio para los próximos años. Una vez hayamos resuelto la estructura jurídica que determine nuestro marco de convivencia, tendrá sentido abrir el debate del autogobierno al que aspira Cataluña y que refrendarán, en su caso, los catalanes.

Las circunstancias políticas actuales no facilitan el desarrollo de una reforma como la apuntada, que demanda unas mayorías y un clima político del que hoy carecemos. Más allá de los impedimentos que proyecte una forma de hacer política de corto recorrido, la realidad es que los problemas de dimensión constitucional que tiene España no van a desaparecer de forma espontánea. Si hace cuarenta años se logró definir un proyecto de convivencia viable, nada hace pensar que no podamos hacerlo también ahora para otros cuarenta años. Solo queda encontrar el momento… entre cita y cita electoral.