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No hay forma de llegar por carretera a la mayoría de las poblaciones de esta tierra donde nueve de cada 10 personas son afrodescendientes. En coche, para recorrer los 600 kilómetros que separan a Quibdó, su capital, de Bogotá, son necesarias unas 15 horas de trayecto. Buena parte de ellas transcurren entre una densa jungla tropical que, desde el cielo, se ve como un enorme mar de un verde tupido atravesado por multitud de ríos y afluentes que conectan las pequeñas poblaciones entre sí.

Pero la mayor distancia no es la física. Es la que hay entre el Estado y los habitantes de un departamento (el equivalente en España a una comunidad autónoma) que ha sido casi siempre olvidado. Una zona que sufrió los rigores de la guerra de medio siglo con las FARC y otras guerrillas, las cuales aprovecharon la ausencia de autoridad para imponer la suya.

De las 126.000 personas que viven en Quibdó, menos de la mitad cuenta con un grifo en casa del que brote agua potable. Y solo los residuos de un 15% van a parar a una alcantarilla. La mayoría llegan directos a las quebradas (arroyos), cuyos cauces son insuficientes para diluir los desechos humanos. La insalubridad y el mal olor se perciben con solo acercarse a algunos de ellos, especialmente en los barrios más humildes, donde los vecinos se agolpan en lugares que quedan inundados cuando crece el caudal.

Para paliar estas desigualdades de acceso a servicios básicos, el Gobierno colombiano puso en marcha en 2014 el plan Todos somos Pazcífico, que persigue articular proyectos de desarrollo en Chocó y los otros tres departamentos (Valle del Cauca, Cauca y Nariño) de la costa oeste del país, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, que aportan 231,4 y 188,6 millones de dólares respectivamente.

El análisis que realizó el Gobierno indicó que las mayores brechas están en los servicios públicos domiciliarios: solo el 44% de la población en esta región tiene acceso a agua potable, 49% a alcantarillado y 27% a energía eléctrica. “Los problemas económicos y sociales están acentuados por la condición de dispersión de la población y la ruralidad de sus municipios. En Chocó, Cauca y Nariño, entre el 40% y 80% de los habitantes tiene necesidades básicas insatisfechas, inseguridad en zonas urbanas y rurales y desarticulación con el resto del territorio nacional. La zona del litoral requiere de una transformación social y económica que permita mejorar sus condiciones de vida, desarrollar competitivamente su potencial para actividades productivas sostenibles, e integrarla con el resto del país y la cuenca del Pacífico”, explica Edgar Orellana, que asesora la implementación del plan desde el BID.

Uno de los proyectos que financia su institución acaba de echar a andar. Es el saneamiento de Quibdó, que va a pasar de una cobertura del 15% al 51%. Las obras comenzaron hace unos meses y estarán previsiblemente terminadas en cuatro años. Mucho antes se ampliará la cobertura de agua potable, que llegará al 95% de los habitantes el año que viene, según cuenta su alcalde, Isaías Chalá. Cuando se le pregunta cuándo podría alcanzar esta misma cobertura la red cloacal pausa por un segundo su acelerado discurso: “Eso es algo muy lejano”.

Cubrir a la mitad de la población ya es todo un desafío en una ciudad donde la mayor parte de las calles son de tierra y en la que en cualquier momento el cielo se viene abajo en forma de una tormenta tropical que hace imposible continuar los trabajos. “Es una tarea lenta y compleja, de rendimientos bajos. Además de la lluvia, que es casi diaria, Quibdó es una ciudad muy comercial con mucha congestión de tráfico y pocas vías alternativas, por lo que abrir ciertas calles supone un verdadero desafío. Hay una importante labor de comunicación con vecinos y comerciantes”, relata Jackeline Meneses, ingeniera de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno de Colombia, que articula el plan Todos somos Pazcífico.

Antes de llegar a las calles más céntricas, las obras han comenzado por los barrios más humildes de la ciudad. En Kennedy, donde se están instalando las tuberías, el problema no son los comerciantes, sino las bandas y la delincuencia. Yansi Andrade, que lidera el componente social sobre el terreno, explica que para sortear estas dificultades es imprescindible la comunicación constante con los vecinos. “Una de las premisas es contratar a personas del barrio para que estén implicadas. También implicamos a los niños para que se familiarizasen con las obras y no supusieran un peligro para ellos”, asegura.

Cuando comenzaron, los robos de material y gasolina eran constantes. “Logramos que algunos líderes se vincularan y ellos mismos nos ayudan a recuperar lo sustraído y a evitar que se repitan estos incidentes”, apostilla el ingeniero Remy Castillo.

Solo un 44% de la población de la región Pacífico tiene acceso a agua potable, un 49% a alcantarillado y un 27% a energía eléctrica

Uno de los retos es que la ciudadanía comprenda las molestias de unos trabajos cuyos resultados no parecen tan palpables como podría ser el asfaltado de las calles o la iluminación, que también es una demanda vecinal antigua para mejorar la seguridad. Javier Vadoyes, portavoz del barrio Kennedy, cuenta que su misión en este proyecto es hablar con los habitantes para concienciarnos de que se trata de “un bien para la ciudad”.

“Mucha gente no se da cuenta, pero no es lo mismo que los excrementos vayan a las quebradas que fuera”, dice Víctor Sánchez, del barrio Rosales. Algunos de sus vecinos se han negado a que los operarios entren en su casa para hacer las labores necesarias para la obra, precisamente porque no ven necesidad. Mientras, el arroyo que tienen al otro lado de la casa, donde muchos incluso pescan para subsistir, continúa acumulado podredumbre.

Cuando esté listo el sistema de alcantarillado, estos desechos irán a parar al río Atrato. No pasarán por una planta de tratamiento, algo que no está previsto hasta dentro de una década, pero su enorme caudal hace que el impacto de los residuos sea “mínimo”, en palabras de la ingeniera Meneses.

El agua potable y el saneamiento son un mínimo imprescindible para el desarrollo, pero con ello no basta. El alcalde de Quibdó, la ciudad con más desempleo del país (casi un 18%), mira al Gobierno central para pedir planes de desarrollo productivo: “Aquí la inversión privada no viene, nos hace falta un impulso público para ofrecer trabajo a nuestros vecinos”.

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