Minas en Ucrania

Volodímir Zelenski llega por un campo minado a la presidencia de Ucrania. Las dos últimas cargas explosivas vienen del presidente ruso, Vladímir Putin, y de su colega ucranio, Petro Poroshenko. El primero ha firmado un decreto facilitando la obtención de la ciudadanía rusa en tres meses a los habitantes de las zonas separatistas de Donetsk y Lugansk, y el segundo ha dicho que firmará la ley de lenguas aprobada esta semana por la Rada Suprema (el Parlamento).

Ambos gestos presagian tormenta. Putin alega razones “humanitarias” para el reparto de pasaportes. Es un argumento hipócrita porque hubiera podido repartirlos mucho antes, cuando la situación material y económica en aquellos territorios era peor y más sangrienta. La decisión viola la letra y el espíritu de los acuerdos de Minsk (la reintegración en Ucrania) y afianza los instrumentos del Kremlin para utilizar a los ucranios frente a sus dirigentes en Kiev, ya que los receptores de pasaportes no deben renunciar a su ciudadanía ucrania y podrán combinar las ventajas de los dos países (viajar sin visado por Europa y acogerse a prestaciones sociales rusas). Los solicitantes pueden llegar a varios millones —en la zona residen más de tres millones y medio de personas (casi un millón, jubilados)—. La provocación de Putin indica que no parará hasta someter a Ucrania o, de lo contrario, propiciar el caos y la fragmentación. La decisión es arriesgada en el terreno interno ruso. Los “nuevos” ciudadanos gravarán el presupuesto (la pensión media rusa es de 14.100 rublos, es decir, 195 euros) y ya hay señales de irritación: los precedentes (en Osetia del Sur y Abjazia, las exautonomías de Georgia donde Rusia repartió pasaportes y paga prestaciones) muestran que los beneficiados intentarán cobrar de todos, de Ucrania, de los secesionistas y de Rusia.

En cuanto a la ley de lenguas, esta consagra al ucranio como única lengua oficial y condena a la marginalidad a otras lenguas “minoritarias”, entre ellas ruso, húngaro y rumano, ya que los medios de comunicación en estos idiomas estarán obligados a traducir sus contenidos al idioma oficial. La consecuencia más significativa es que el ruso prácticamente se elimina de la esfera pública, incluso en la anexionada Crimea, donde, al rebajar el rango que poseía este idioma antes de la anexión, reduce los atractivos que Kiev podría ofrecer a los rusohablantes (mayoritarios) en la península para repensar sus decisiones. Criticada desde el Consejo de Europa, la nueva ley contempla también un órgano administrativo que impondrá multas por las infracciones. Zelenski ha prometido estudiar el documento. La oportunista firma de la ley puede servir a Poroshenko en la oposición, pero también puede socavar la frágil consolidación de los ucranios en torno al futuro del Estado. Putin sin duda lo aprovechará.