Abuso de precariedad

Las políticas para combatir la precariedad del empleo forman parte de la política general del Ejecutivo, ahora en funciones, para corregir los efectos perniciosos de las leyes laborales del Gobierno del PP. El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha acciones contra el abuso de la contratación temporal, una de las causas más graves de la precariedad, y contra el exceso de jornada entre los contratados a tiempo parcial. El departamento enviará cartas de advertencia a las empresas en las que previamente se hayan detectado contratos temporales inadecuados con el aviso de que si no se regulariza en plazo actuará la Inspección de Trabajo. El Gobierno reconoce la gravedad social del empleo precario. Recuérdese que la tasa de temporalidad (26,4%) duplica la media de la Unión Europea.

Las actuaciones de Trabajo son una respuesta a dos hechos incontrovertibles. El primero es que la temporalidad no desciende, a pesar de las apelaciones del Ejecutivo y de otras campañas anteriores para reducir la contratación temporal. El meollo de la cuestión es la llamada causalidad: las empresas vulneran el principio de que hay trabajos que deben ser cubiertos con contratos fijos y los cubren con empleos temporales. Esta es una de las consecuencias de la mal llamada reforma laboral de Rajoy —una reforma debe mejorar las condiciones de las personas a las que va destinada—. Cualquier intento de mejorar la situación del mercado laboral debe empezar por corregir esta práctica fraudulenta.

Trabajo ha caído en la cuenta, además, de que no es necesario recurrir a grandes modificaciones legales para sancionar los modos precarios de contratación. Un paso que no requiere trámites legislativos es activar a la Inspección de Trabajo para que investigue y actúe en función de la información que puede obtener de la Tesorería de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria. La información en poder de la Administración permite detectar los fraudes y orientar las investigaciones. Así se han cuantificado los falsos autónomos en las plataformas de transporte y distribución, así se ha podido actuar legalmente contra Glovo y así es posible presionar a un gran número de empresas para que cumplan la ley. Todas las baterías administrativas disponibles están orientadas a limitar la temporalidad y el abuso de jornada.

La actividad de la Inspección de Trabajo no evita, por supuesto, la conveniencia de modificar amplios articulados de la normativa laboral vigente. Porque la susodicha reforma quizá estuviera justificada, según un modelo de política económica neoliberal, en tiempos de recesión profunda, pero esa justificación, si la hubo, ya no existe. Para modificar las leyes laborales, siquiera parcialmente, es necesario un Gobierno con respaldo político, y, por el momento, hay que esperar.