Aznarismo buitre

La política de vivienda del aznarismo se desplegó en tres pilares, a cual más nefasto. El primero fue la liberalización completa del suelo, consistente en que se pudiera edificar en cualquier rincón, parcela o descampado siempre que no estuviese específicamente prohibido.

Esa era la filosofía ultraliberal de la ley del suelo de Josemari Aznar, de 1998. Pretendía abaratar la vivienda mediante un silogismo oferta-demanda de fachada imbatible. A más suelo disponible, mejores precios para los productos de la construcción.

El resultado fue justo el contrario: el afán especulador, unido a la desmesura financiera y a la escasez de oferta pública de vivienda que actuase como moderadora del sector, derivó en una desaforada burbuja inmobiliaria de resultado cruel: la Gran Recesión desatada al cabo de años de desafueros fue aquí mucho más fuerte que en la mayor parte de países.

Paradójicamente, acarreó la mochila de esta pesada herencia, no quien la generó, sino el Gobierno siguiente, el de José Luis Rodríguez Zapatero, por su escasa habilidad y lentitud en paliar luego la crisis. Pero no había sido él su causante, sino el aznarismo, que le acusó, en falso, de ser su responsable.

El segundo pilar fue el boicoteo a la creación de vivienda de protección oficial (VPO). En 1997, año previo a la nefanda ley, se calificaron 85.028 VPO; en 2002 bajaron a 37.544; en 2011, con Zapatero, subieron a 58.308, y en 2017, con Mariano Rajoy, capotaron ¡a 4.938! (cifras del Ministerio de Fomento).

El tercer pilar fue la estrategia Robin Hood: quitarles a los pobres para malvender a los ricos, los fondos buitre. La Administración municipal madrileña de Ana Botella, alcaldesa por esposa, entregó 1.860 pisos habitados, de alquiler público, a Blackstone, en una irregular operación (2013) blanqueada —tras condenarla— por el Tribunal de Cuentas gracias al voto de la imparcial Margarita Mariscal de Gante, exministra de Josemari.

Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid del heredero de Esperanza Aguirre, Ignacio González, hizo lo propio con 2.935 viviendas del instituto autonómico Ivima, por 200 millones, al grupo Goldman Sachs. El Tribunal Supremo acaba de ratificar que la operación perjudicó a los arrendadores y fue nula, como había fijado el Tribunal Superior de Madrid. Entre los directivos de las empresas beneficiadas del grupo sobresale José María Aznar Botella. Gran experto sectorial como consejero de Gesnova, filial de Blackstone, tan bien tratada por mamá.