Del barrio al mundo: la solidaridad en tiempos de pandemia

En muchos de nuestros pueblos estos días se encogen los estómagos pensando en las familias saharauis, en los niños y niñas que en verano nos visitan y que ahora sufren la guerra. Desde hace décadas, la solidaridad de la ciudadanía española ha tenido en esta acogida una de sus expresiones; una de tantas. Estos días, todavía con la resaca de un 8M extraño, las calles guardan los ecos de voces que exigen un mundo en el que ser mujer no signifique tener menos derechos. Y de aquí a poco el morado dará paso al verde y la gente joven volverá a repetirnos que así vamos mal, que el mundo no aguanta y que debemos poner freno.

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¿Qué tiene que ver el apoyo al Sáhara con el 8M y con la defensa con el medioambiente? Tienen que ver que los tres son manifestaciones de solidaridad, de compromiso y trabajo colectivo en defensa de un mundo en el que vivir valga la pena. Todos los años la población española encabeza la lista de solidaridad en Europa. Según datos del Eurobarómetro, somos la ciudadanía que más apoya la cooperación internacional y la solidaridad. Una realidad que contrasta con un tibio compromiso político que se arrastra desde hace años.

Datos que muestran un escaso compromiso político

La Red de Coordinadoras Autonómicas ha realizado un estudio en el que se pone la lupa sobre los fondos que las comunidades autónomas destinan a cooperación. La fotografía presenta más sombras que luces: con una media de 0,11 % destinado a cooperación en 2019, el informe muestra que los fondos se encuentran muy lejos del compromiso del 0,7 %. Al echar la vista atrás, se observa una pequeña recuperación desde 2015, aunque ni siquiera llega al mejor porcentaje histórico que se alcanzó en 2008, con un promedio de 0,28 %. Sin embargo, esa tímida mejora no responde ni al crecimiento económico ni a las enormes necesidades del momento.

Otra de las cuestiones sobre las que el informe arroja luz es la debilidad de las capacidades de las administraciones públicas. Una cuestión que, sumada a la falta de un criterio homogéneo para contabilizar los fondos, hace que la rendición de cuentas sea complicada. Todo ello hace que la fiscalización ciudadana sea sumamente difícil. Por otra parte, las ONG de Desarrollo se ven obligadas a lidiar con cargas burocráticas excesivas que las sobrecargan a ellas y a la administración.

Mientras tanto, las necesidades van en aumento y la ciudadanía continúa demandando un mayor compromiso político. Una demanda que tal vez no viene de la mano de las acampadas de antaño, pero que es muy evidente en las reivindicaciones que llenan nuestra pueblos y ciudades, y que exigen respuestas a problemas que son globales.

Una alerta y una oportunidad

Responder con rigor y responsabilidad a los retos que enfrentamos como humanidad exige entender que los problemas que condicionan nuestra vida están enlazados en una suerte de red que conecta los rincones más recónditos del planeta con nuestros barrios. El panorama que nos ofrece el informe demuestra que no se está apostando con firmeza por ese enfoque. Damos la voz de alerta: corremos el riesgo de que la política de cooperación pueda ser utilizada de nuevo como moneda de cambio y que, con la torticera excusa de “primero los de aquí” se reduzca significativamente. Sería un gravísimo error porque, si algo ha demostrado la pandemia, es que saldremos de esto si sale todo el mundo.

Según datos del Eurobarómetro, somos la ciudadanía que más apoya la cooperación internacional y la solidaridad. Una realidad que contrasta con un tibio compromiso político que se arrastra desde hace años

Nos encontramos en un momento crucial por dos razones. Una global porque la crisis desatada por la pandemia afecta a todo el planeta lo hace de forma más descarnada sobre quienes ya venían sufriendo graves crisis. Y también por una razón nacional: este año afrontamos la reforma del sistema de cooperación, una buena oportunidad para construir una cooperación que esté a la altura de los complejos retos que enfrentamos.

Entre otras cuestiones, es urgente recuperar los fondos y aprobar calendarios que obliguen al cumplimiento del compromiso del 0,7 %. Deben reforzarse las capacidades; no es posible continuar con las mismas que teníamos hace años. Otra cuestión que debe ser garantizada es la transparencia para conocer qué fondos van destinados a esta política pública. También es necesario homogeneizar criterios para contabilizar la Ayuda Oficial al Desarrollo autonómica; no podemos analizar con rigor y perspectiva los datos si no contabilizamos de manera adecuada. Otra pieza clave que ha de garantizarse es la flexibilización de la burocracia.

La cooperación descentraliza es una de las señas de identidad del sistema de cooperación español. Un reflejo de esas familias que acogen a niñas y niños saharauis; de esas mujeres que defienden sus derechos y los de sus hermanas en América Latina o África; de jóvenes que cuidan de nuestra casa común. Hoy, como hace décadas, las personas exigen medidas políticas que hagan de este mundo un lugar más justo y humano. Hoy, como siempre, la solidaridad es una puerta que se abre para tejer una red global de cuidados que sostenga la vida. Ojalá que los y las políticas de nuestros pueblos y ciudades sean capaces de verlo y actuar en consecuencia.

Irene Bello Quintana y Carles Xavier López, segunda vicepresidenta y vocal de cooperación descentralizada de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.