El limbo legal de los menores inmigrantes que se hacen adultos

Al tiempo que facilita el acceso al mercado laboral de los menores inmigrantes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha complicado la situación legal de miles de jóvenes migrantes que fueron tutelados por las Administraciones cuando eran menores y que, al dejar de serlo, quedan desamparados. Con una instrucción dictada hace tres semanas, el Ejecutivo ha endurecido los requisitos para que esos jóvenes renueven sus permisos de residencia. A partir de ahora deberán acreditar que ganan 537 euros al mes —si tienen 18 años y solicitan por primera vez como adultos permanecer en España— o 2.151 euros al mes —si después de un año quieren renovar su residencia—. El Gobierno alega que esta nueva exigencia responde a la necesidad de adaptarse a dos sentencias del Tribunal Supremo, y busca ahora la fórmula para evitar que miles de jóvenes queden en una situación de estancia irregular.

“¿Dónde voy a encontrar yo 2.000 euros al mes si estoy haciendo unas prácticas? Hace un año estaba durmiendo en la calle y en el albergue de Jerez, y hoy aprendo sobre mantenimiento en un camping”, dice Rachid El Massuodi, de 21 años, que vive en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Su solicitud está pendiente de aprobación en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que le reclama que acredite un sueldo mensual de 2.151 euros pese a que tiene 150 euros en el banco como todo capital.

Las comunidades autónomas acogen hoy a 12.417 niños y adolescentes; cuando se hacen adultos, estas Administraciones o las ONG se hacen cargo de su manutención mientras se siguen formando o hacen prácticas en empresas. Hasta ahora las ONG podían amparar y responsabilizarse de sus gastos corrientes ante las autoridades, que renovaban sus permisos de residencia. Hace tres semanas el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cambió de criterio y remitió una instrucción para exigir a estos jóvenes —en su mayoría marroquíes— que acrediten “recursos económicos o los medios de vida propios suficientes”, según expone el Gobierno en las peticiones tramitadas.

Sentencias “ineludibles”

El cambio administrativo llega tras dos sentencias del Tribunal Supremo de 2018 y 2019 que establecieron que, según el Real Decreto 557/2011, vigente desde hace ocho años, y la Ley de Extranjería, los jóvenes migrantes deben contar con recursos propios y no procedentes de terceros. Desde 2011, los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP han hecho la vista gorda y asumido la posibilidad de que las ONG avalaran a los jóvenes migrantes, sin exigirles directamente a ellos el dinero; pero el Supremo dice ahora que esa interpretación de la norma es incorrecta.

“Debido a las numerosas consultas recibidas desde las Oficinas de Extranjería, aunque el criterio mantenido por esta Secretaría de Estado era de flexibilidad para evitar la irregularidad sobrevenida, el cumplimiento de las sentencias es ineludible porque crea jurisprudencia”, alega la instrucción de la Secretaría de Estado de Migraciones. Fuentes de dicho Departamento avanzan: “Estamos estudiando cómo aclarar el concepto de asistencia social [incluido en la sentencia], vamos a intentar resolverlo con la mayor celeridad, es una prioridad cómo flexibilizar los requisitos”. Mientras, las peticiones de residencia pendientes de resolver se acumulan en las 68 Oficinas de Extranjería.

Ante el giro, una plataforma formada por 250 ONG ha reclamado al Gobierno cambios legales de fondo que corrijan la exigencia de tener ingresos propios a los jóvenes. Juan Molina dirige la ONG gaditana Familias Solidarias para el Desarrollo y es portavoz de la plataforma: “Es un paso atrás, una regresión. Es incomprensible que este Gobierno haya dejado que esta situación se traslade porque la sentencia es clara, son los fundamentos de Derecho y está en manos de los legisladores cambiarlos. No pedimos la flexibilización de condiciones, sino cambios legales de fondo para no estar en manos de la buena voluntad del Gobierno de turno”, afirma. Esta ONG acoge en Chiclana de la Frontera a 18 chicos y cuatro chicas, nueve de ellos con contratos temporales en hostelería, peluquería, mecánica y carpintería.

La sentencia del Supremo de 2019 abordaba el caso de un joven marroquí en Barakaldo que en 2015 pidió renovar su permiso de residencia temporal “de carácter no lucrativo”, avalado por la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi y con ingresos de 559 euros mensuales. El subdelegado del Gobierno en Vizcaya denegó la solicitud en virtud del Real Decreto 557/2011”. Tras dos fallos judiciales favorables, el Supremo también le dio la razón al Gobierno. Ahora, el Gobierno ha endurecido los requisitos.