Sánchez llamará a Casado para informarle de la prórroga del estado de alarma
El Congreso tiene que autorizar la prórroga en un pleno a mediados de semana
La decisión de prorrogar el estado de alarma está prácticamente tomada desde hace días, pero se rematará este sábado, tras las reuniones del comité técnico y sobre todo del científico, que analiza los modelos de propagación de la pandemia. En cuanto la tome definitivamente, Pedro Sánchez llamará a los portavoces de los principales partidos, en especial a Pablo Casado, líder de la oposición, para comunicarle esa más que probable prórroga al menos hasta el 26 de abril —15 días más— y pedirles su apoyo. El Congreso tiene que autorizar la prórroga en un pleno a mediados de semana. Después de 12 días sin hablar con Casado, y cuando el líder del PP ha endurecido el tono, Sánchez tiene especial interés ahora en tratar de rebajar la tensión. Casado y algunos aliados como el PNV le echan en cara que el sábado pasado, cuando decidió paralizar toda producción no esencial, no les llamó. Esta vez sí lo hará. Y aun así todo indica que las críticas de la oposición no cesarán.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, apuntó este viernes hacia esa prórroga, que diversos miembros del Gobierno dan por hecha, pero no la quiso dar por cerrada porque es el presidente quien tiene que hacer ese anuncio. Illa señaló que, como se había anticipado, esta semana ha sido muy mala. La siguiente también lo será, por lo que parece impensable que se levante el estado de alarma el 13 de abril. Aún así, el Gobierno ya trabaja en el escenario de una salida progresiva de la crisis y en algunas medidas para suavizar el confinamiento, y entre ellas está la de generalizar el uso de las mascarillas para toda la población para que pueda salir más a la calle y volver a algunas actividades. El problema es que no hay mascarillas para todos los españoles —es prácticamente imposible conseguirlas ahora en farmacias o comercios— y por tanto eso solo se podrá hacer cuando esté normalizada su distribución.
En cualquier caso, y mientras llegan los datos que permitan empezar a pensar en relajar el confinamiento, el Ejecutivo busca apoyos para evitar que el pleno del Congreso se convierta en un lío. Sánchez cree que el PP tendrá que apoyar la prórroga. Más complicada será la votación de las convalidaciones de los últimos decretos, que el PP amenaza con rechazar si no se modifican. Pero no está claro que se voten estos decretos el mismo día que la prórroga. El Ejecutivo podría retrasarlos: tiene hasta un mes de plazo. El domingo, Sánchez volverá a reunir a los presidentes autonómicos para intentar buscar apoyos.
Los datos de este viernes, de nuevo cerca del millar de muertos, consolidaron la idea ya instalada en el Ejecutivo de que la alarma se ampliará, aunque se debate qué pasará con la gran industria y otros sectores no considerados fundamentales y que no pueden teletrabajar. El Ejecutivo ha dispuesto para ellos una fórmula de permiso retribuido que estaba previsto concluir tras la Semana Santa. Pero los modelos que maneja el Gobierno apuntan una vez más a que es imprescindible endurecer el confinamiento.
Sánchez quiere tender puentes, pero se encontrará con un PP que mantiene la línea dura. Casado ha presentado a Sánchez como un “cóctel explosivo de arrogancia y mentiras”. “Cada minuto y medio muere un español por coronavirus (...) España acumula la cuarta parte de las víctimas mundiales. Se niegan a decretar luto oficial por ellas, pero todos los días las homenajeamos a las 12.00”, escribió este viernes en Twitter.
Y no es solo Génova: el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hasta ahora más moderado, se unió a la línea dura. A juicio de Feijóo, Casado “está mandando un mensaje de una enorme lealtad”. El líder gallego subraya que el PP ha convalidado el decreto que prorroga la situación excepcional en España a pesar de que “el criterio sobre la actividad económica fue cambiado radicalmente en la noche de domingo sin haber informado previamente al grupo mayoritario de la oposición”. Feijóo acusa al Gobierno central de desdeñar a los presidentes autonómicos al tratarlos en esta crisis “como personas a las que informar y no como responsables con los que hay que deliberar”. Y arremetió especialmente contra la “confiscación” a las autonomías por parte del Ministerio de Trabajo —que dirige la gallega Yolanda Díaz— de los fondos asignados para destinar a políticas activas de empleo.
“Esos 100 millones son de Galicia”, protestó Feijóo, para quien la medida es “peligrosa” porque el Gobierno central “invade” competencias autonómicas con el objetivo de “financiar” decisiones que “no consulta” con las autonomías.
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