El Gobierno da largas a las peticiones económicas de las comunidades

Todas las autonomías —gobernadas por PSOE, PP, nacionalistas o regionalistas— piden árnica al Gobierno frente al Armagedón económico que se avecina por el coronavirus. Los Gobiernos autónomos auguran tensiones de liquidez a medio plazo por la fuerte presión de la crisis sobre el gasto sanitario y el desplome de los ingresos. En medio del profundo malestar con La Moncloa por el plan de desescalada, las autonomías piden un fondo de transferencias multimillonario y más margen fiscal. Hacienda, de momento, les da largas y confía en que los anticipos a cuenta del sistema de financiación permitan capear el temporal y sean un arma de negociación con vistas a la reforma del modelo, una de las claves de esta atípica legislatura.

Con la economía en punto muerto, la alarma de los presidentes autonómicos está justificada. La actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas reconoce que el impacto de la covid-19 en las arcas públicas mermará la recaudación de impuestos de las comunidades. Lo mismo sucederá con las tasas o precios públicos, especialmente en el transporte. El incremento del gasto sanitario para hacer frente a la pandemia “será sustancial” y se concentra “fundamentalmente” en las comunidades, que tienen las competencias transferidas. El Ejecutivo destaca incluso cómo las autonomías han exonerado del pago a las rentas más bajas del alquiler en inmuebles de propiedad o promoción pública. Unos argumentos que los barones emplean desde el estallido de una crisis que se ha cobrado 25.000 muertes y una factura que no deja de crecer.

“No hemos ingresado un euro en el primer trimestre de los impuestos propios. La crisis que viene es un coronavirus económico. ¿Habrá un fondo para las comunidades? ¿Podemos endeudarnos?”, resumió el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el jueves en la comisión de comunidades del Senado.

Ante ese temor, el Gobierno lleva semanas intentando aplacar a las comunidades. Les garantiza que les pagará todos los recursos del sistema de financiación previstos para 2020: repartirá más de 115.000 millones, “la mayor cantidad de la historia”, según dijo este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esos fondos son mucho más generosos de los que tendrían que recibir las autonomías si se actualizara el cálculo de la financiación con la situación actual, en pleno colapso económico. La previsión se hizo con un crecimiento esperado de los ingresos del 1,6%, y esas cifras se han esfumado. La diferencia asciende a unos 14.000 millones, según estimaciones de La Moncloa: esa es la cifra que las comunidades cobrarán de más este año. Según Hacienda, es suficiente para capear el temporal.

Pero el problema llegará en 2021: el sistema obliga a las comunidades a devolver el extra de lo cobrado en ese plazo si, como parece, la economía se desploma y los ingresos crecen menos de lo previsto. Eso ya sucedió al inicio de la crisis pasada, y en aquel momento el Gobierno permitió a las autonomías devolver más de 24.000 millones en cómodos plazos. Ahora, el Ejecutivo pretende usar ese dinero como arma de negociación para reformar el sistema de financiación autonómico, tal como prometió Pedro Sánchez en campaña electoral.

Mientras se aproxima ese debate —una vez pase la fase más aguda de la crisis—, el coro de peticiones, reproches y reivindicaciones es general. “Estamos intentando dar liquidez y capacidad de gasto a las autonomías”, afirmó Montero, que esta semana ha prometido que habrá “transferencias o capacidad de endeudamiento” cuando los Gobiernos autónomos lo necesiten. De momento eso es lo que hay: promesas a futuro, junto con el dinero contante y sonante de las generosas entregas a cuenta, según fuentes de Hacienda, calculadas como si el coronavirus no estuviera ahí.

Exigencias de PP y PSOE

Ese argumentario no convence a las comunidades del PP. En la conferencia de presidentes del 19 de abril se indignaron cuando Sánchez les trasladó que en los próximos meses dispondrían de una aportación “extra” de liquidez que, según el gallego Alberto Núñez Feijóo y otros presidentes, ya les correspondía. Los barones del PP solicitan un fondo extraordinario no reembolsable, exactamente lo mismo que defiende Sánchez en las cumbres de la UE. Y manga ancha con el déficit: de nuevo lo mismo que ha reclamado —y en este caso obtenido— España en Bruselas. “Solicitamos una relajación de las reglas fiscales, pero no hay respuesta”, se queja el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

En una carta a la ministra Montero con fecha del 2 de abril, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que “corresponde” al Gobierno “aportar los recursos adicionales” contra el coronavirus; Madrid reclama también poder endeudarse en unos 2.000 millones. Hacienda aún no ha contestado. Pero no se trata solo de las comunidades del PP: la Generalitat ha exigido esta semana un fondo de transferencias para las autonomías, con 4.000 millones para Cataluña.

El frente de Hacienda con los territorios del PSOE —preside nueve comunidades y cogobierna en otras dos, por las cinco con presidentes del PP— es más discreto, pero también está ahí. Los barones socialistas piden el adelanto de la liquidación de 2018. Castilla-La Mancha o Aragón no renuncian al cobro del IVA de 2017. Asturias pide revisar el techo de gasto, incurrir en mayor déficit y aumentar la deuda. Extremadura reclama asimismo más oxígeno fiscal, y La Rioja insiste en que llegue dinero de Europa por transferencias y no vía préstamos. Las reclamaciones se extienden hasta los Ayuntamientos, que plantean destinar el 100% del superávit a gastos por la covid-19, según la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Gobierno se resiste a abrir la mano. Montero se reunirá el lunes con los consejeros de Hacienda. El Consejo de Política Fiscal y Financiera se convocará después, sin fecha fija. El as que la ministra guarda en la manga es potente: el Gobierno está dispuesto a hacer la vista gorda con las últimas entregas a cuenta si de esa forma logra aprobar un nuevo sistema de financiación; el vigente está obsoleto desde 2014. Esa negociación va más allá del dinero: entronca con el modelo territorial, y se adivina muy complicada con el actual malestar político y la paulatina transformación de la crisis sanitaria en una recesión de campeonato.

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