La juez del ‘caso 8-M’ envía un escrito a Interior para advertir de que la Guardia Civil solo debe informarle a ella
En el documento, la magistrada señala que puede abrir una investigación penal si se incumple esta orden
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus —entre ellas, la marcha del 8-M—, envió el lunes un escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, donde le advierte de que ha dado “orden expresa” a la Policía Judicial de la Guardia Civil de guardar “rigurosa reserva” sobre la evolución de estas pesquisas, de modo que los agentes solo le informen a ella del resultado de sus averiguaciones. En este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la juez también destaca que la ley prevé que la “infracción de dicho deber” se castigue disciplinariamente, “sin perjuicio de otras responsabilidades”. “Que pudieran ser penales”, apostilla el escrito, donde Rodríguez-Medel subraya que, de incumplirse, el juzgado que encabeza podría abrir la “correspondiente investigación”.
Este aviso se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidiese cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Aunque oficialmente se ha justificado esta decisión por una supuesta “pérdida de confianza”, fuentes del instituto armado y de Interior han detallado que se ha producido a raíz de que esa comandancia enviase a Rodríguez-Medel un informe en el marco de esta causa con graves acusaciones contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, al que incluso atribuye actitudes que suponen presuntos delitos.
“El informe es la gota que colma el vaso de una sucesión de actuaciones que revelan la falta de neutralidad política exigible a un funcionario público”, destacan responsables del departamento sobre un relato de hechos que presenta muchas aristas. Varias fuentes de la Guardia Civil coinciden al explicar que un alto cargo de Interior telefoneó el domingo a Pérez de los Cobos, superior de los agentes que confeccionaron el documento remitido a la magistrada. En esa conversación se reclamó supuestamente al coronel datos sobre las diligencias practicadas, pero este aseguró que desconocía los datos y que, en todo caso, no podía informarles al estar judicializada la causa. Un portavoz de Interior negó “tajantemente” este relato de los hechos y aseguró que nadie del ministerio reclamó información sobre esa investigación.
La juez, en el escrito enviado al secretario de Estado, indica que de momento “no consta que se hayan producido” infracciones a la hora de informarle exclusivamente a ella de las pesquisas. Pero le advierte de que, de producirse, está dispuesta a investigarlas. Es más, recuerda en el documento que los agentes están trabajando en esta investigación como Policía Judicial y que, tal y como prevé la Constitución, dependen “exclusivamente” de los jueces, los tribunales y la Fiscalía.
Rodríguez-Medel también decidió ayer lunes citar a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La cita la ha fijado para el próximo 5 de junio a las nueve de la mañana y le atribuye un delito de prevaricación. La magistrada trata de averiguar si contaba con “suficientes datos para prohibir las manifestaciones [entre ellas las del 8-M] por razones sanitarias”.
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