Madrid no alertó al ministro sobre la expansión del virus hasta la noche del 8-M

El informe de la Guardia Civil que ha desencadenado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, donde se acusa al Gobierno de autorizar la manifestación del 8-M en Madrid a sabiendas del riesgo que entrañaba, omite informaciones relevantes, incluye citas textuales inexistentes, confunde fechas en relación a decisiones clave, ofrece datos equivocados de contagios y se hace eco de numerosas noticias falsas. La decisión de destituir fulminantemente a Pérez de los Cobos convierte ese informe en un artefacto político y provocó este martes duras críticas de la oposición al ministro Fernando Grande-Marlaska.

El informe, fruto de dos meses de investigación y el manejo de una documentación ingente, fabrica una acusación general contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo a sabiendas de que se ponía en riesgo la salud de los 120.000 participantes. La juez que instruye esta causa ha citado como imputado el 5 de junio a Franco por un supuesto delito de prevaricación por omisión.

Los autores del documento no contrastaron con las autoridades del ministerio de Sanidad, a quienes la juez Carmen Rodríguez-Medel pide también documentación, muchas de las informaciones que destacan para apoyar su tesis sobre la culpabilidad de las autoridades gubernamentales al haber autorizado una concentración muy peligrosa para la salud de los españoles. El documento, enviado por la Comandancia de Madrid al juzgado de Rodríguez-Medel en el marco de la investigación por las manifestaciones celebradas durante la expansión del coronavirus, consta de 83 páginas donde los agentes analizan 177 concentraciones convocadas en la región entre el 5 y 14 de marzo. Los investigadores concluyen que “a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación” debido a la crisis sanitaria.

Los argumentos principales del informe son los que siguen:

La alarma saltó esa noche. La Comunidad de Madrid era hasta el 25 de febrero territorio libre de coronavirus. Al menos eso creían las autoridades madrileñas. Pero desde la segunda semana de febrero había enfermos hospitalizados a los que no se les hizo la prueba hasta el 25 de febrero, cuando se detectó el primer caso en Torrejón de Ardoz. Las alarmas no saltaron hasta la noche del 8-M, tras la manifestación. En ese momento, responsables de Salud hablaron con el ministerio para comunicarles el enorme aumento de los casos. En un solo día pasaron de 28 a 234 diagnosticados. A partir de ese momento se dispara la emergencia, y el ministerio y la Comunidad optan por medidas de contención reforzada, con suspensión de clases o prohibición de visitas a residencias.

Trato diferente a 130 manifestaciones. Para argumentar que la Delegación del Gobierno en Madrid conocía los riesgos para la salud de la epidemia de coronavirus desde el 5 de marzo, el informe de la Guardia Civil señala que de las 130 manifestaciones autorizadas en esas fechas —del 5 al 14 de marzo—, 35 se desconvocaron, de las que 12 lo fueron a instancia de la Delegación del Gobierno por motivos sanitarios, según la Guardia Civil. Los convocantes en nueve de esos 12 casos, contactados por este periódico, desmienten esa versión. Diana Chnaiker, una de las convocantes de un acto de protesta frente a la Asamblea de Madrid el 12 de marzo, relata a EL PAÍS: “A mí no me presionó nadie. Cancelamos el acto por nuestra cuenta porque creíamos que era ridículo manifestarse delante de un edificio vacío”. El informe de la Guardia Civil intenta señalar que la Delegación de Gobierno conocía el riesgo para la salud y por eso canceló por teléfono 12 manifestaciones sin dejar constancia por escrito de esas llamadas. El informe no destaca que esas concentraciones fueron canceladas después del 9 de marzo, cuando el Ministerio de Sanidad ya había tomado medidas de aislamiento en tres autonomías —Madrid, La Rioja y País Vasco—, desaconsejando los eventos con un alto número de personas.

El congreso de evangelistas suspendido. En las conclusiones, el informe cita un documento firmado por Pilar Aparicio, directora de Salud, del 6 de marzo. En él se subrayaba “el riesgo en eventos multitudinarios de cualquier tipo”, según recoge la Guardia Civil. Pero la cita omite lo fundamental: habla de los riesgos en eventos multitudinarios de cualquier tipo “con alto porcentaje de presencia de personas procedentes” de países en riesgo. Algo que el autor del texto de la Guardia Civil hace desaparecer. El informe resalta que Sanidad suspendió el 6 de marzo un congreso de evangelistas previsto en la Caja Mágica para dos semanas después porque el ministerio sabía que existía riesgo en cualquier acto que reuniera a una multitud, como la manifestación del 8-M, que sin embargo se autorizó.

Los responsables de Sanidad, a quienes la Guardia Civil no consultó, explican que era un evento de carácter mundial en un recinto cerrado para el que se esperaba una gran afluencia de personas de otros países y, por tanto, incorporaba el elemento de riesgo que no tenían otros eventos convocados en Madrid, como el de la manifestación del 8-M. Eso se omite con la cita mutilada. Además, para esa fecha ya se había detectado un foco infeccioso en un centro de evangelistas, lo que suponía un riesgo extra para desaconsejar la celebración del congreso. El doctor Fernando Simón justificó la celebración de la manifestación del 8-M porque se trataba de una “convocatoria nacional” a la que no acudirían ciudadanos de países de riesgo.

El informe europeo que alertaba del riesgo. El Centro Europeo de Control de Enfermedades elaboró un protocolo de actuación el 3 de marzo para distintos escenarios de riesgo. El informe de la Guardia Civil cita este documento para recalcar que las autoridades españolas sabían que el organismo europeo recomendaba no celebrar concentraciones multitudinarias por el alto riesgo de contagio existente. Sin embargo, el informe omite una parte importante del protocolo europeo, la que recomendaba “la cancelación de concentraciones masivas en países que estuvieran en los escenarios 3 y 4”. España, el 8 de marzo, estaba todavía en el escenario 1, con muy pocos contagios y sin información sobre la existencia de transmisión comunitaria en su territorio, algo que no cita el informe de la Guardia Civil.

Las omisiones de la OMS y la Comunidad de Madrid. El informe tampoco hace referencia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con los países que detecten “transmisión comunitaria” (cuando los contagios se producen entre personas sin vínculos con viajes a zonas de riesgo). El 9 de marzo la OMS señaló por primera vez que los países donde hubiera transmisión comunitaria “podrían considerar el cierre de escuelas, la cancelación de las concentraciones y otras medidas para reducir la exposición”. Ese mismo día, la dirección general de Salud de Madrid emitía un informe en el que señalaba que se había confirmado la existencia de transmisión comunitaria y era aconsejable tomar medidas de aislamiento social. Y el mismo día Sanidad reunió también al Consejo Interterritorial de Salud para adoptar medidas de contención en Madrid, La Rioja y País Vasco.

Nada de esto se relata en el documento que, sin embargo, concluye que la Delegación del Gobierno tenía conocimiento de la grave situación sanitaria por “informes, documentación e informaciones públicas u oficiales de organismos y autoridades”. Pero antes del 8 de marzo no había informes oficiales que recomendasen la adopción de medidas preventivas, salvo en lugares donde se habían detectado focos infecciosos o en eventos a los que pudieran acudir ciudadanos de otros países donde había transmisión comunitaria del virus.

La cita textual del doctor Simón que nunca fue. Citando a una publicación médica, el informe sostiene que el 28 de febrero, el doctor Simón declaró en su comparecencia diaria que en España existía transmisión comunitaria del virus y que, en ese escenario, no se podía contener el virus controlando a las personas infectadas porque no se conocía quiénes eran. Con esa declaración, la temeridad del doctor Simón al no ver impedimento a la celebración del 8-M hubiera sido insuperable. La realidad es que ese día el alto cargo de Sanidad dijo justamente lo contrario: que aún no había transmisión comunitaria y por tanto no era aconsejable tomar medidas restrictivas.

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