El decreto de simplificación administrativa de Andalucía acumula su tercer recurso en el Constitucional

El decreto-ley de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos acumulará un tercer recurso al Tribunal Constitucional. El PSOE ha presentado este lunes el contenido de la demanda que firmarán 50 senadores cuando se active el calendario de la Cámara alta, aunque su presentación no tiene efectos suspensivos. Los socialistas argumentan que no está justificada la urgencia que exige cualquier decreto-ley. También aseguran que al haber sido convalidado por la Diputación Permanente del Parlamento autónomo y no por el pleno se “vulnera” el derecho de participación de los diputados. El PSOE votó a favor a la convocatoria de la Diputación Permanente durante el estado de alarma, una decisión de la que se arrepintió posteriormente.

El polémico decreto-ley entró en vigor el 13 de marzo, un día antes del estado de alarma, y fue convalidado el pasado 2 de abril, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. La iniciativa modifica de una tacada 21 leyes y decretos autonómicos que regulan la actividad económica. El portavoz adjunto del grupo socialista andaluz, Manuel Jiménez Barrios, la ha comparado este lunes “a la contrarreforma legislativa de Lerroux y la CEDA en el bienio negro”.

El decreto-ley de simplificación administrativa es por el momento la mayor apuesta legislativa del Gobierno de coalición que lo justifica por la necesidad de eliminar trámites burocráticos para activar la economía, mientras que para la oposición y organizaciones sociales y sindicales lo que se hace es eliminar controles administrativos sobre el medio ambiente o el patrimonio histórico.

Hay dos ámbitos del decreto ya suspendidos por el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez presentara un recurso por invasión de competencias en materia de telecomunicaciones y de patrimonio histórico. Las administraciones central y andaluza se emplazaron a llegar a un acuerdo en la comisión bilateral Junta-Estado, pero aún no se ha celebrado ninguna reunión.

Además, el grupo de Adelante Andalucía (la coalición de Podemos e Izquierda Unida) anunció el pasado 29 de abril un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por “vulneración” de los derechos políticos de los parlamentarios que “no pueden controlar la acción del Gobierno” cuando funciona la Diputación Permanente.

Los socialistas, que reunieron en su sede regional a los 26 senadores andaluces, aseguran entre los argumentos del recurso que “bajo la máscara del decreto- ley anida un uso torticero de una potestad excepcional para barrer del ordenamiento aquello que moleste a los objetivos ideológicos del gobierno”. Otras comunidades presididas por el PP como Madrid, Murcia y Galicia también han puesto en marcha normativas para aligerar las autorizaciones administrativas. Para el senador socialista Javier Aragón, el PP “a lomos de la pandemia están intentando cargarse el patrimonio histórico y medioambiental, quitar la seguridad jurídica y volver a la cultura del pelotazo”.

De otro lado, la Fiscalía de Sevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla que archive las diligencias seguidas contra el expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, por su negativa a contestar preguntas durante su comparecencia en el seno de la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía en torno a las irregularidades detectadas en la gestión de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe. La Fiscalía asegura que Chaves “sí compareció haciendo las manifestaciones que tuvo por convenientes en su turno de palabra”, informa Europa Press.