La Abogacía acusa a la juez del ‘caso 8-M’ de lanzarse a una “búsqueda voraz de indicios” contra el Gobierno

La Abogacía del Estado ha presentado este lunes un nuevo recurso ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que dirige la investigación del caso 8-M, en el que carga con dureza contra la propia magistrada y la Guardia Civil, a los que acusa de haberse lanzado a una “búsqueda voraz de indicios de delito”. En el escrito, el órgano jurídico dependiente del Ejecutivo —que representa al único imputado, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco— reprocha a ambos el iniciar una “causa general” contra las autoridades y “contra la gestión de la crisis sanitaria”. También señala a los agentes que elaboraron los dos polémicos informes incorporados a la causa por querer involucrar, a toda costa, al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El documento de la Abogacía, al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye solicitando el archivo del proceso. La Fiscalía Provincial de Madrid también lo ha pedido este lunes.

“Los más de 2.000 folios de investigación que han sido necesarios para poder llamar al delegado del Gobierno como investigado evidencian que al iniciar las diligencias previas no había ningún indicio, y sigue sin haber, como se desprende de los informes encargados para hacer acopio probatorio, sino meras sospechas huérfanas de apoyo”, afirma la Abogacía. “La instrucción tenía por objeto, no investigar indicios de delito, sino encontrarlos”, prosigue el recurso, que arremete contra Rodríguez-Medel, a la que recrimina que no haya practicado ninguna diligencia de investigación hasta ahora y haya dejado en manos de la Guardia Civil toda la investigación. De hecho, en este punto, la Abogacía se detiene en los dos informes enviados por el instituto armado a la magistrada, a los que atribuye hasta 14 “errores” e “imprecisiones”, además de ocultar datos obtenidos durante las pesquisas que serían, en su opinión, suficientes para archivar la causa.

La Abogacía, que ya arremetió en un escrito anterior contra el instituto armado por su primer informe, destaca que los agentes han interpretado de forma incorrecta las meras recomendaciones de los organismos internacionales y han introducido datos erróneos. El más evidente, el que señalaba que la OMS declaró la pandemia mundial el 30 de enero, cuando lo hizo realmente el 11 de marzo. Un equívoco que la Guardia Civil rectificó en su último informe, pero que el órgano jurídico del Gobierno considera muy revelador: “El error ha sido corregido después de que en numerosos medios de comunicación se señalara lo grosero del mismo. Nada que objetar a la rectificación, pero sí debemos hacer la reflexión de que, de no haberse puesto de manifiesto ese error por medios de comunicación, quizá la mención errónea seguiría allí y con ello el énfasis que se quería dar a esa fecha temprana”.

El escrito del órgano jurídico es de tal dureza que acusa al instituto armado de intentar atribuir “oscuras maniobras” a la delegación. Es más, la Abogacía afirma que los agentes han “tergiversado” las declaraciones de varios testigos —como estos han denunciado públicamente en EL PAÍS— para insinuar que se les presionó con el objetivo de que desconvocaran algunas movilizaciones. “No hubo ninguna mano negra por más esfuerzo que se haga en encontrarla”, añade el escrito, de 73 páginas y fechado este 8 de junio.

Extralimitación de funciones

La defensa de Franco también denuncia las gestiones que los agentes hicieron ante el Centro de Alertas Sanitarias y su director, Fernando Simón, en lo que considera que fue una extralimitación de las atribuciones que tenían encomendadas judicialmente: “¿Por qué se dirigió la Policía Judicial al CCAES cuando nadie les había autorizado a hacerlo ni se le había pedido?”. La Abogacía concluye que con ello se pretendía ir más allá del verdadero objetivo de la investigación —la gestión de la Delegación del Gobierno aquellos primeros días de marzo— y “analizar la gestión sanitaria realizada desde el CCAES, desde el Ministerio [de Sanidad] y desde el Gobierno”.

En este sentido, el documento critica que en su último informe la Guardia Civil ya vertiera sospechas sobre la colaboración de Simón con la investigación e, incluso, sugiriera que ocultaba documentación. Según la Abogacía, los agentes omitieron en su informe que el propio director del CCAES habló en persona dos veces con ellos y que facilitó más documentación que, por ejemplo, las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. “Es evidente que se ha querido investigar y se ha investigado a quien no ha tenido nunca la condición de investigado por hechos que no constituyen el objeto de las presentes actuaciones”, recalca el documento, que añade: “A la vista del informe aportado por la Policía Judicial el 1 de junio de 2020, queda patente que la investigación ha desbordado los límites de la prevaricación administrativa imputada al delegado del Gobierno para extenderse a la gestión de la crisis sanitaria por el Gobierno”.

El caso 8-M ha supuesto un auténtico seísmo en la política nacional. El jefe de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, fue destituido el 24 de mayo después de que dos de los agentes bajo su mando enviaran el primer informe a la juez. La directora general del instituto armado, María Gámez, propuso en un documento reservado el cese por “pérdida de confianza” al “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil”. La oposición ha cargado desde entonces contra el Gobierno, al que acusa de injerencias en las pesquisas. Pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha ofrecido varias versiones sobre lo ocurrido, vinculó la salida del coronel a una filtración a la prensa y dijo que, en un primer momento, no quiso “decir más por respeto profesional por la carrera de Pérez de los Cobos”.

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