El delegado del Gobierno, tras declarar ante la juez del ‘caso 8-M’: “Mi actuación fue conforme a la ley”

Con gran puntualidad y expectación, a las 15.30 de este miércoles, ha arrancado la declaración como imputado del delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, al que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel atribuye un presunto delito de prevaricación por permitir la celebración de manifestaciones en la región durante la fase de expansión del coronavirus. Entre otras, la marcha feminista del 8 de marzo. “He dejado claro que mi actuación fue conforme a la ley”, ha insistido el político a la salida del juzgado.

Con esta cita, el caso 8-M se adentra en un nuevo escenario. Tras tres meses de intrucción y un terremoto político a escala nacional, el único imputado en la causa se ha sentado finalmente este miércoles ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de capital para responder a sus preguntas. Lo ha hecho durante más de una hora. Franco, líder también del Partido Socialista de Madrid (PSOE-M), ha defendido ante Rodríguez-Medel que la Delegación del Gobierno en la Comunidad actuó siempre respetando la legislación y de acuerdo a las noticias sobre el coronavirus que tenían entonces.

“No había en aquel momento ningún elemento que me llevase a prohibir un derecho fundamental como es el derecho a manifestación”, ha recalcado Franco a la salida del juzgado. “No me puedo considerar responsable del 8-M”, ha apostillado a preguntas de los periodistas, antes de aprovechar la comparecencia pública para defender la labor de la Guardia Civil “como institución”. Eso sí, ha introducido un importante matiz al referirse a los dos informes enviados por el instituto armado a la juez y que lo señalan directamente, además de contener especulaciones y algunos errores: “Lógicamente, no puedo estar de acuerdo con los informes que han hecho”.

Franco ha centrado, en definitiva, su defensa en unos argumentos que ya avanzó la Abogacía del Estado en sus primeros escritos, cuando acusó a la juez de haber abierto una “causa general” contra el Gobierno. Con los datos que entonces manejaban en el organismo, no se podía prohibir un derecho fundamental. “Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que nos decían los expertos sanitarios”, ha repetido este miércoles el dirigente socialista. Rodríguez-Medel, que suma ya más de 3.000 folios de investigación judicial, trata de dilucidar si el representante del Ejecutivo en la Comunidad permitió, por activa o por pasiva, toda una batería de concentraciones cuando ya se contaba con información suficiente para prohibirlas por razones de fuerza mayor. Franco es el único imputado en la causa, aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden el archivo.

La juez ha centrado sus preguntas en los procedimientos que regulan la prohibición o celebración de manifestaciones. Franco ha defendido el ejercicio de los derechos fundamentales. "El derecho de reunión es uno de ellos y solo se puede prohibir una manifestación por motivos muy concretos, muy tasados y muy graves. El 7 de marzo [víspera del Día de la Mujer] no se daba ninguna de esas circunstancias”, ha afirmado el delegado del Gobierno según fuentes presentes en la sala. El informe en el que el forense afirmaba que “la hecatombe se veía venir” no ha salido a colación durante la vista.

La magistrada también ha preguntado al delegado si había recibido indicaciones de autoridades sanitarias o políticas favorables o contrarias a que se permitieran las manifestaciones del 8-M. Franco le ha contestado que no recibió “ninguna notificación, recomendación ni en un sentido ni en el otro. Ni favorable a la celebración ni pidiendo su prohibición”.

En su declaración ante la juez, Franco ha sido requerido por dos correos que la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid remitió el 7 de marzo a la Delegación casi a las nueve de la noche. En ellos se hablaba de lo que iba a hacer la consejería de sanidad respecto a la suspensión de unos cursos de formación en centros sanitarios y también de unas medidas de aislamiento en centros de mayores. Franco ha esgrimido que se trató de una comunicación “a efectos de su posible incumplimiento” para que, en ese caso, la Delegación actuara. “Eso no es ni una recomendación ni una notificación. Es nada de nada. A la Delegación no llegó ningún documento, ninguna llamada, ninguna sugerencia de ninguna autoridad ni por escrito ni verbalmente que nos diese pie a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”. El delegado ha subrayado además que no tenía competencias en materia sanitaria. Correspondían al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El delegado también ha respondido a las partes personadas. Ante la afirmación de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena de que la declaración de pandemia fue el 30 de enero, Franco ha corregido que fue el 11 de marzo y que no se vio la gravedad de la crisis sanitaria hasta el día 9. El dirigente del PSOE ha señalado que el aumento de contagios que se conoció ese día era “imposible” que se debiera a las concentraciones del 8-M y otros acontecimientos multitudinarios —partido de fútbol, acto de Vox, conciertos…— de ese día. Del 4 al 8 de marzo se celebró el Aula 2020 en Ifema, que visitaron miles de personas. Franco ha insistido que “no había motivos objetivos” para prohibir las manifestaciones.

“Nadie en su sano juicio dejaría que se celebrase cualquier tipo de evento multitudinario si supiera que estaba en riesgo la vida de las personas”, le ha contestado a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional. Según Franco, la prueba “más evidente” de que la Delegación no tenía “ninguna constancia del peligro para la vida” es que él mismo acudió a la manifestación del 8-M en Madrid.

Según han explicado también fuentes de la delegación, se le ha ofrecido a Franco la posibilidad de acceder en coche al edificio de los juzgados, pero él lo ha rechazado argumentando que “no tiene nada que ocultar”. A las puertas aguardaban su llegada decenas de periodistas y cámaras de televisión. Y tres hombres con carteles y camisetas donde podía leerse: “Stop feminazis”.

El caso 8-M ha irrumpido en la política nacional con una fuerza atronadora. La derecha se ha lanzado contra el Gobierno después de conocerse los informes de la Guardia Civil y el forense incorporados al sumario. El PP no solo acusa al Ejecutivo de inacción durante la expansión del coronavirus, sino también de haber permitido la movilización feminista del 8 de marzo pese a tener los datos suficientes para impedirla por motivos sanitarios. A ello se suma el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, al mando de los agentes que enviaron a la magistrada los informes contra la actuación del Ejecutivo.

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