Un tribunal de París acuerda que se excarcele a Josu Ternera bajo control telemático el próximo 29 de julio

La Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París ha acordado este miércoles solicitar un estudio técnico para excarcelar bajo control telemático el próximo 29 de julio al histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, según confirman a EL PAÍS fuentes de su defensa. Los magistrados quieren con este informe ultimar los detalles para que el etarra, en prisión desde su detención en una pequeña localidad de los Alpes franceses el 16 de mayo del año pasado, pase a arresto domicilio en un domicilio de la capital francesa bajo el control de una pulsera electrónica.

Siempre según estas fuentes, el estudio encargado por los magistrados debe determinar los pormenores para la instalación del equipo de control, los horarios a los que estará sometido el etarra y las salidas que podrá realizar, incluidas las necesarias para recibir asistencia médica. “Su situación sería similar a la de un tercer grado o semilibertad en España”, detallan fuentes de su defensa. Este jueves, la Asociación de Vítimas del Terrorismo (AVT) emitía un comunicado en el que mostraba “el profundo dolor y la decepción que ha supuesto para las víctimas del terrorismo la decisión de la Justicia francesa”.

El acuerdo del tribunal se produce después de que, en una vista celebrada este miércoles, la defensa de Josu Ternera solicitara su puesta en libertad por motivos de salud, al sufrir varias patologías que, en su opinión, le convierten en una persona de riesgo ante la propagación del coronavirus en la cárcel parisina de La Santé, donde está recluido. “Cuando lo miro, veo a un viejecito de 69 años que está en riesgo”, dijo la letrada Laure Heinich. Esta es la cuarta vez que la defensa solicita su puesta en libertad desde su arresto, siempre por motivos médicos. En esta ocasión, la Fiscalía no se opuso a su excarcelación, siempre que fuera bajo el control de una pulsera telemática.

Marlaska asegura que respeta la decisión de la justicia francesa

La vista de este miércoles ha servido también para que el Tribunal de Apelación rechace la entrega a España por crímenes de lesa humanidad del histórico dirigente etarra. La corte ha estimado que en la información remitida por la justicia española hay “imprecisiones” en la calificación de los hechos de los que le acusa. Los magistrados franceses consideran que la petición de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que es la que instruye esta causa, no se corresponde con la figura jurídica y que, además, ese delito no existe en el código penal galo. En esta causa están encausados los también exjefes de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki; Mikel Carrera Sarobe, Ata, y Ángel Iriondo Yarza, Gurbitz.

La vista, a la que Josu Ternera compareció en camiseta y con mascarilla, incluía, además de esa euroorden, una demanda española de extradición —el instrumento de entrega aplicado antes de la creación de las euroórdenes— por el asesinato en 1980 en Vitoria de Luis María Hergueta, directivo de la empresa Michelin. El tribunal indicó que ha pedido información adicional a España sobre la posible prescripción de este crimen y aplazó su decisión hasta el próximo 30 de septiembre.

Además, la sala comenzó a examinar igualmente una segunda euroorden por la presunta implicación del Urrutikoetxea en la financiación de ETA a través de las herriko tabernas. La decisión sobre la misma también ha quedado pendiente para finales de septiembre. Josu Ternera solo habló para mostrar su oposición a ser entregado a España. La Justicia francesa ya decidió la entrega de Ternera a España para ser enjuiciado por el atentado perpetrado en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que causó la muerte a 11 personas, entre ellas seis niños.

El etarra fue detenido el 16 de mayo de 2019 a las siete de la mañana en el aparcamiento de un hospital de la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses, cuando acudía a una consulta médica para tratar la patología que sufría. El arresto fue fruto de una operación conjunta de la Guardia Civil y la DGSI (el servicio de inteligencia francés). El que fue jefe político de ETA llevaba fugado 17 años. Francia tenía dictada una orden de detención contra él para que cumpla una condena de ocho años que le impuso en rebeldía en junio de 2017. En España lo reclaman cuatro juzgados de la Audiencia Nacional. El seguimiento a un antiguo colaborador del dirigente etarra dio la pista que llevó a su detención.