Moreno amarra su tercer presupuesto con Vox y negociará con la izquierda

El Gobierno andaluz del popular Juan Manuel Moreno tiene ya el visto bueno de su socio más incómodo, Vox, para sacar adelante los terceros presupuestos de la legislatura, los más difíciles ante la caída en picado de los ingresos y la actividad económica (se calcula en un 10,4%) y la subida del paro (estimada en un 30%) por la pandemia. La ultraderecha asegura que dejará de lado sus peticiones de máximos e incluso ha autorizado a Moreno a negociar con la izquierda.

El primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía se encamina al ecuador de su mandato sin que la estabilidad política de su Gobierno (una coalición con Ciudadanos sostenida por Vox en el Parlamento) se resienta. Las cuentas autonómicas de 2021 van a desbaratar algunas de las previsiones y promesas con las que concurrieron a las elecciones autonómicas de diciembre de 2018: la bajada masiva de impuestos se arrumba (ya en el primer año suprimieron al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones a las de más de un millón de euros); y el compromiso de crear 600.000 puestos de trabajo hace ya muchos meses que ni se nombra.

Antes de que reloj del trámite presupuestario avance, Vox no sólo ha despejado su apoyo, sino que además no va a impedir que Moreno negocie con el PSOE y Adelante Andalucía. “Es el momento de negociar y olvidarnos de determinados postulados maximalistas por mucho que creamos en ellos de manera indubitada. Ofrecemos una leal colaboración para salir de la crisis. No es mera retórica. No vamos a poner cordones sanitarios. Tienen el apoyo de mi grupo y pueden hablar con otros”, aseguró el jueves pasado en la sesión de control al Gobierno el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, al presidente andaluz.

Fuentes del PP aseguran que esta declaración de intenciones hecha en la tribuna del Parlamento no oculta contrapartidas opacas. ¿Por qué Vox ha pasado en seis meses de advertir que “no se puede ser amigos de todos” a eliminar las líneas rojas? “No hay nada que no esté en el documento público” del acuerdo de investidura, responde un miembro del Gobierno andaluz. “No es un tema puntual. Cumplimos nuestros acuerdos con Vox igual que con Ciudadanos y el resultado es esta estabilidad”, añade. A Vox, según fuentes de este partido, una hipotética foto conjunta con el PSOE de Susana Díaz no le incomoda, pese a calificar de “Gobierno criminal” al que preside el socialista Pedro Sánchez.

Paralelamente, el Gobierno de coalición se abre a negociar las cuentas del próximo ejercicio con el PSOE. Fue la secretaria general socialista, Susana Díaz, la que se ofreció primero a “arrimar el hombro”, pero con una serie de condiciones que ha ido modulando. Tendría el sí de los 33 diputados socialistas si Moreno rompía amarras con Vox, luego si “convencía” a Pablo Casado para apoyar en el Congreso los Presupuestos del Estado de Pedro Sánchez y, finalmente, si blinda las partidas de educación y sanidad, que subieron en los dos ejercicios últimos y volverán a hacerlo de nuevo, según dice el Gobierno autónomo.

Una vez que el Ministerio de Hacienda aclare el tamaño de la loseta en la que se deberán mover las comunidades autónomas (límite de gasto no financiero, previsión de entregas a cuentas y déficit autorizado), el consejero de Hacienda, Juan Bravo, abrirá la ronda de negociaciones con los grupos políticos. El Gobierno de Moreno ya alcanzó en julio pasado un acuerdo con los sindicatos CC OO y UGT y la patronal andaluza para la recuperación económica en Andalucía, en el que se incluye el “diseño presupuestario”. En la comisión parlamentaria creada al efecto, y de la que se autoexcluyó la oposición porque la presidía Vox, hay medio millar de propuestas que ahora se deberán votar en pleno, algunas de ellas aprobadas por todos los grupos en otro tipo de iniciativa parlamentaria. Si no hay enmiendas a la totalidad sería la primera vez en la historia de la autonomía que se logra la unanimidad, pero aún queda mucho trecho para averiguarlo.

Cambios en el Gobierno

El inicio de la tramitación parlamentaria coincide con los rebrotes del coronavirus y una pequeña remodelación del Ejecutivo regional que no ha derivado en una ampliación. Moreno ha accedido a la petición de su socio de reasignar competencias entre los consejeros, pero se ha negado a aumentar el número de consejerías como reclamaba el vicepresidente y portavoz regional de Ciudadanos, Juan Marín.

El resultado de este trasiego de materias ha sido desconcertante: cuatro de las cinco consejerías de Ciudadanos tienen ahora menos asuntos que gestionar y las seis del PP son más fuertes. En el fondo, Marín pretendía el cese de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, a la que ve como una rival interna. Nada tenía que objetar el PP al respecto ya que cada partido nombra a los consejeros que creen convenientes, pero la dirección nacional frenó la operación.