El difícil futuro judicial del presidente de la UD Las Palmas

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, conocido como el rey de la seguridad low cost por encadenar más de 200 millones en adjudicaciones públicas a través de su emporio de vigilantes privados, encara el banquillo judicial con un horizonte aciago. La Agencia Tributaria y la Seguridad Social solicitan para este empresario 73 años de prisión por un fraude a las arcas públicas de más de 20 millones de euros, según los escritos de acusación a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

A través de su antigua firma, Seguridad Integral Canaria, Ramírez cometió cinco delitos contra Hacienda y nueve contra la Seguridad Social, según la Abogacía del Estado. Su presunta treta radicaba en camuflar sobresueldos y horas extras de su plantilla, que llegó a sumar 7.000 empleados, como dietas y desplazamientos, conceptos exentos de tributar. Con este mecanismo, este empresario de 51 años defraudó supuestamente entre 2009 y 2013 un total de 6,5 millones a Hacienda y 13,7 a la Seguridad Social.

La Agencia Tributaria sostiene que el que fuera administrador único del emporio de seguridad, Héctor de Armas, reconoció en 2019 que la triquiñuela de las dietas servía para eludir el IRPF y las cotizaciones. Una tesis que también defendieron los vigilantes de Seguridad Integral Canaria que han desfilado desde 2014 como testigos ante el juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, instructor de la causa contra Ramírez.

Junto a la pena de prisión, Hacienda y la Seguridad Social solicitan para Ramírez —un empresario que llegó a desembolsar 30 millones anuales en nóminas― una multa del triple de la cuota defraudada, 60 millones. También, reclaman que se le cierre la puerta a recibir subvenciones y beneficios fiscales.

“Hay numerosos indicios que confirman que, bajo la apariencia de dietas, [Seguridad Integral Canaria] estaba pagando horas extraordinarias”, indica en un escrito fechado el 21 de julio el abogado del Estado Alejandro Royo-Villanova.

El socio del presidente de la UD Las Palmas, Héctor de Armas, se enfrenta a otros 73 años de prisión por los mismos delitos. Y, junto a Ramírez, está procesado desde el pasado junio por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social por el juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Ramírez rechaza las acusaciones. “Desde 2011 no estoy en Seguridad Integral Canaria”, indica por teléfono el patrón, que abandonó ese año el cargo de administración único de la compañía y hoy figura vinculado a 38 cargos en 32 sociedades, según el registro mercantil. La Agencia Tributaria cuestiona un documento donde Ramírez, que reduce el fraude a un millón de euros, se desvincula de su compañía y tilda a este empresario, que ha contratado para su defensa al exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, de “verdadero gestor”.

Además, el presidente de la UD Las Palmas confía en aprovechar en su estrategia de defensa la condena impuesta al juez Salvador Alba, uno de los nueve instructores de su causa. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias sentenció el pasado año a este magistrado a una pena de a seis años de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad por perjudicar a quien era entonces su colega, la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

El cerco judicial contra Ramírez arrancó en 2013. Fue entonces cuando el sindicato FTSP-USO presentó una denuncia contra el directivo de la UD Las Palmas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional elaborada por el letrado Ismael Franco, de ADR Abogados.

FTSP-USO, que hoy ejerce la acusación popular y solicita para el empresario 37 años de cárcel y 236 millones de multa, siempre ha mantenido que la fortuna en las adjudicaciones públicas de Ramírez radicaba en el fraude. Unas supuestas tretas que le permitieron al empresario hacerse con suculentas licitaciones de organismos como Defensa –que le otorgó 36,3 millones-, Correos (31), Patrimonio Nacional (9), la Seguridad Social (4) o la propia Hacienda, las entidades que ahora le señalan por provocar un millonario agujero a las arcas públicas.

“Estamos muy contentos con la investigación judicial sobre Ramírez. Trabajamos desde hace años para señalar a empresas de seguridad piratas que incumplen la legislación y no tributan a las arcas públicas”, zanja Basilio A. Febles, de FTSP-USO, en alusión a otras causas que ha empujado judicialmente el sindicato, como la que salpica también por fraude a la compañía de seguridad ESABE.