Torra aboca a Cataluña a meses de interinidad y parálisis política si el Supremo le inhabilita

Quim Torra está dispuesto a exprimir su mandato hasta el último suspiro. El presidente catalán anunció este jueves que no convocará elecciones; no, al menos, hasta que se formalice su inhabilitación. La última palabra la tiene el Tribunal Supremo, que este jueves revisó el recurso de Torra contra la condena por negarse a retirar del Palau de la Generalitat, en campaña electoral, una pancarta a favor de los líderes del procés encarcelados. En la vista, su abogado criticó la falta de “imparcialidad” de los jueces del Supremo y denunció que se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión de Torra porque la pancarta constituía “un acto político”.

Torra visitó de nuevo el salón de plenos del Tribunal Supremo, que hace unos meses acogió el juicio a los líderes del procés. El president quiso entonces arropar a los organizadores del referéndum ilegal del 1-O. Este jueves regresó al escenario, también como público, aunque para ser testigo de su propia trayectoria: el Supremo decidirá si, por primera vez en la historia, un presidente de la Generalitat en el ejercicio de su cargo es apartado por un delito de desobediencia.

Flanqueado por la consejera Meritxell Budó y por el vicepresidente Pere Aragonès —Junts per Catalunya y Esquerra Republicana aparcaron, por un día, sus luchas de poder frente al enemigo común—, Torra entró al Supremo arropado por el independentismo. Quiso asistir para “mirar a los ojos del tribunal que quiere hacer caer a otro presidente de la Generalitat”, en alusión a Artur Mas, inhabilitado por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, cuando ya estaba fuera del cargo. Torra no lo dijo en la sala de vistas del Supremo porque no pudo hablar (la ley no prevé esa posibilidad), sino poco después en el Centro Cultural Blanquerna, en un mensaje institucional que grabó en catalán, castellano e inglés y que incluyó duras críticas al Estado.

Tras pedir al Supremo su absolución —la única vía que le permitiría seguir en el cargo—, Torra arremetió públicamente contra los jueces por su actuación “absolutamente desproporcionada” al condenarle a un año y medio de inhabilitación. Con la vista puesta en unos comicios que se resiste a convocar, trató de mostrar perfil de gestor: “Estoy completamente entregado a la batalla contra la pandemia”, dijo, a pesar de que los datos no terminan de acompañarle. Y anunció lo que hasta este jueves también se negaba a decir abiertamente: “No seré yo quien en este momento tan crítico aboque al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana”. Torra, en fin, se agarra al cargo. El president es consciente, sin embargo, de las consecuencias de una confirmación por parte del Supremo por más que haya anunciado su intención de acudir a la justicia europea. “[El Supremo] tiene en sus manos la caída de un Gobierno y el fin de una legislatura (...) Es un castigo a un país entero en medio de una pandemia”, zanjó.

Pese al paréntesis de unidad vivido en Madrid, el anuncio de Torra puede incrementar de nuevo la tensión con los socios de ERC, partidarios de la convocatoria electoral para evitar que la administración catalana entre en una nueva fase de letargo. La convocatoria automática de elecciones prevista en la ley no llevaría a las urnas hasta, como mínimo, el mes de febrero. Pero la última palabra, cuando se trata de Torra, la tiene el expresidente Carles Puigdemont, huido en Waterloo de la justicia española.

Puigdemont y Torra comparten estrategia y abogado: Gonzalo Boye, que sacó la artillería para ganar la absolución sin mostrar demasiada fe en ella. Pidió la recusación de los magistrados de la sala segunda del Supremo, la que revisa el caso y la que juzgó y condenó a los líderes del procés. Boye argumentó que la pancarta colgada en la fachada del Palau de la Generalitat en el verano de 2018 —que Torra se negó a retirar a pesar de las órdenes de la Junta Electoral Central— era “una queja cuyos destinatarios eran los magistrados de esta sala”.

Boye, que trató de resumir en poco más de 20 minutos más de 300 folios de alegaciones, subrayó que esa pancarta a favor de la libertad de los presos del procés constituía “un acto político” y no administrativo y estaba amparado por la libertad de expresión. Le contestó la fiscal Pilar Fernández Valcarce, que pidió al Supremo la ratificación de la pena. “Fue una actividad administrativa, no política, que se hizo en un contexto electoral”, dijo la fiscal. Fernández recordó que la Junta Electoral Central (JEC) ordenó la retirada de la pancarta porque vulneraba la neutralidad de las instituciones en pleno periodo electoral. La actuación de la JEC también fue señalada por la defensa de Torra: uno de sus miembros, recordó Boye, era a la vez colaborador de Ciudadanos. El órgano de control electoral no era “superior ni competente” para ordenar la retirada de la pancarta. Torra se negó a obedecer —extremo que admitió él mismo en el juicio—, pero lo hizo con el convencimiento de que sus órdenes no eran válidas.

Libertad de expresión

El Supremo decidirá, previsiblemente en cuestión de días o semanas, si da la razón a Torra o, por el contrario, ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. “Están en juego el derecho de participación política y derechos fundamentales como la libertad de expresión”, insistió Boye, que trazó un paralelismo con Cayetana Álvarez de Toledo. La exportavoz del PP se refirió al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias como “hijo de un terrorista”. “A ella no le ha pasado nada, la inviolabilidad le acompaña en la Cámara y también fuera de ella. Nos alegramos de que Álvarez de Toledo tenga esa capacidad para expresarse; Torra debería tener el mismo trato”.

Boye advirtió de que una condena sería “la generación del siguiente conflicto jurídico”. “Más temprano que tarde se nos reconocerá la razón”, advirtió el letrado con la mirada puesta ya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, adonde tiene previsto acudir si el Supremo no le da la razón.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Torra a un año y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y al pago de 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia. Si el Supremo ratifica la condena, será firme y, una vez ejecutada la sentencia y publicada en el BOE su inhabilitación, Torra perdería automáticamente el cargo. Su única posibilidad de mantenerlo pasaría por recurrir en amparo al Tribunal Constitucional y solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. No hay precedentes, sin embargo, de que el Constitucional haya suspendido una pena de inhabilitación.