Lesmes desoye al Ejecutivo y logra asignar seis cargos clave

En pleno desencuentro con el Ejecutivo por la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces, y con el Ejecutivo buscando fórmulas para desatascar la renovación del órgano de gobierno de la judicatura, el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó este miércoles seis nombramientos clave en el Tribunal Supremo: tres presidencias de sala y tres plazas en la Sala de lo Penal, la que juzga causas contra aforados. Las votaciones ahondan la brecha con el Ejecutivo, que reclamó que se pospusieran los nombramientos hasta la renovación del órgano.

Con los seis nombramientos votados este miércoles por el Consejo, el órgano que preside Carlos Lesmes culmina un proceso por el que, desde que en diciembre de 2018 caducó su mandato, ha renovado buena parte de la cúpula judicial. Los vocales han adjudicado en estos meses más de medio centenar de cargos discrecionales, desde presidencias de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia a la presidencia de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. También han designado hasta 13 magistrados del alto tribunal, que son plazas vitalicias cuya adjudicación, si se hubiera renovado el Consejo a tiempo, no habría correspondido al pleno actual.

El Gobierno intentó en los últimos días frenar los seis nombramientos clave de ayer como forma de presionar al PP para desbloquear el órgano. Pero la mayoría de los vocales, incluidos seis de los siete que fueron propuestos en su momento por el PSOE, desoyeron la petición del Ejecutivo y optaron por alcanzar un acuerdo global con la mayoría conservadora liderada por Carlos Lesmes, que ha conseguido así sacar adelante los nombramientos con votaciones holgadas. El resultado es una imagen de cohesión que, según varios miembros del Consejo consultados, no responde a la realidad de lo que se vive a diario en el órgano, pero que le permite al presidente legitimar su decisión de seguir adelante con los nombramientos pese a la presión de La Moncloa.

La elección de cargos discrecionales del Consejo requiere un mínimo de 13 votos, una suma que no alcanza ni el bloque conservador ni el progresista, lo que ha obligado a ambas facciones a negociar la selección de nombres. Los progresistas ganan cuatro plazas: dos presidencias de sala (la Social y la Militar) y dos puestos en la sala de lo Penal. Los conservadores se quedan con dos, pero logran conservar, tras el convulso mandato de Luis Díez-Picazo, la presidencia de la Sala de lo Contencioso, la que resuelve los litigios contra decisiones del Gobierno.

El órgano que dirige Lesmes ha renovado, estando en funciones, las cinco presidencias de sala del Supremo. El resultado es favorable para el bloque conservador, que se garantiza para los próximos años la presidencia de las dos salas clave: la de lo Contencioso (adjudicada ayer a César Tolosa) y la Penal, presidida por Manuel Marchena, que renovó el cargo en octubre pasado.

Los progresistas se han hecho con las presidencias de la Sala Cuarta (de lo Social) y la Quinta (de lo Militar). Al frente de la primera estará María Luisa Segoviano, que se convierte en la primera mujer en presidir una sala del Supremo en más de 200 años. Segoviano, de 70 años y tendencia progresista, recabó los votos de 19 de los 21 miembros del pleno del Consejo. Los otros dos, Concepción Sáez y Álvaro Cuesta, votaron en blanco por estar en contra de que el actual Consejo designara estas plazas clave.

A esa elección se une, frente a la Sala de lo Militar, la del progresista Jacobo Barja de Quiroga. Y se cubren también tres plazas de la Sala Penal del Supremo, la que tiene la última palabra en todas las causas penales y juzga las causas contra aforados. Serán ocupadas por dos magistrados progresistas (Javier Hernández y Leopoldo Puente) y uno conservador (Ángel Hurtado).

María Luisa Segoviano, primera presidenta

La designación de la presidencia de la Sala Cuarta no era sobre el papel el puesto más estratégico de los que estaban este miércoles en liza, pero la designación de María Luisa Segoviano sí se ha convertido en la más simbólica de todas porque supone acabar con una anomalía de 200 años: que ninguna mujer hubiera nunca presidido una sala del alto tribunal. Segoviano, que venía ejerciendo la presidencia en funciones de la sala desde el verano, tras la jubilación de su titular, ingresó en la carrera judicial en 1987 por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos entre 1997 y 2002 y presidenta de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Superior con sede en Valladolid entre ese año y 2006, cuando fue nombrada magistrada del Supremo.

Su elección supone también que, a partir de ahora, la Sala de Gobierno del alto tribunal contará con dos mujeres entre sus integrantes: la presidenta de la Sala Cuarta como miembro nato y la magistrada de la Sala Segunda Susana Polo García, que obtuvo un puesto en las últimas elecciones a este órgano, celebradas el 26 de noviembre de 2019.

César Tolosa, el reto de pacificar la Sala de lo Contencioso

César Tolosa ha recabado 18 de los 21 votos del pleno para ponerse al frente de la Sala Tercera del Supremo, una de las salas clave del alto tribunal pero que en los últimos años ha protagonizado episodios polémicos de la mano de su anterior presidente, Luis Díez-Picazo, que ha renunciado a renovar en el cargo. Algunos de esos capítulos, como la rectificación sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, dejaron una profunda división en la sala que todavía pervive. Intentar cohesionar a los magistrados será una de las tareas de Tolosa, de 63 años y miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Juez desde 1982, ha ejercido gran parte de su carrera en Cantabria, donde presidió la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior autonómico. Llegó al Supremo en 2014 y desde el año pasado forma parte de la Sala de Gobierno como miembro electo.

Jacobo Barja de Quiroga, un progresista al frente de la Sala de lo Militar

Jacobo Barja de Quiroga ha obtenido 19 de los 21 votos del pleno para sustituir a Ángel Calderón, que se jubiló recientemente tras tres mandatos al frente de la Sala Quinta. Barja de Quiroga, magistrado de esta sala desde 2014, es considerado un progresista con estrechos lazos en los dos sectores. Fue vocal del CGPJ (de 1996 a 2001), exjefe de gabinete del anterior presidente, Gonzalo Moliner y hombre de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ángel Hurtado, el juez que pidió absolver al PP en Gürtel

El magistrado Ángel Hurtado llega a la Sala de lo Penal cuando está tiene pendiente dictar la sentencia definitiva sobre la primera etapa de la trama Gürtel, que confirmó la existencia de una caja b en el PP y condenó al partido. Hurtado, no afiliado a ninguna asociación, fue el ponente de aquella resolución y el único magistrado que se opuso a la condena de la formación entonces presidida por Mariano Rajoy, a cuya comparecencia como testigo también se opuso, sin éxito, el nuevo magistrado del alto tribunal. Juez desde 1983, ha ejercido los últimos 14 años en la Audiencia Nacional, de cuya Sala de Apelaciones formaba parte hasta ahora.

Javier Hernández, de Cataluña al Supremo

El magistrado Javier Hernández, elegido para cubrir la vacante por jubilación de Francisco Monterde en la sala de lo Penal, ha desarrollado toda su carrera en Cataluña. Presidía hasta ahora la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia y ha sido magistrado de la Audiencia Provincial de Lleida y de la de Tarragona. De tendencia progresista, es considerado un penalista con un elevado perfil técnico e intelectual. Ha ejercido como profesor en la Escuela Judicial entre 1999 y 2003; en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona como profesor conferenciante en el área de Derecho Constitucional (2007-2009) y como profesor del área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universitat Rovira i Virgili (1994-1999).

Leopoldo Puente, un penalista moderado

El elegido para cubrir la vacante por jubilación de Alberto Jorge Barreiro estaba destinado hasta ahora en la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Considerado un progresista moderado, fue miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia y es especialista en Derecho Penal, materia que ha impartido como profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha.