El Congreso y el Senado aprueban el nuevo Código de Conducta de las Cortes Generales

El Congreso y el Senado han aprobado este jueves, en una reunión conjunta de las Mesas de ambas Cámaras, el nuevo Código de Conducta de las Cortes Generales. El documento ―que cuenta con el apoyo de todos los partidos con presencia en estos órganos, salvo Vox, que ha votado en contra― obliga a los diputados y senadores a acatar una serie de normas para que sus actividades sean más transparentes y puedan ser controladas. El reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Las Mesas han acordado, según se recoge en un comunicado de prensa, que el plazo para que los parlamentarios presenten sus declaraciones de intereses económicos finalizará el próximo febrero, al inicio del próximo periodo de sesiones.

La Cámara baja, bajo el mandato de Ana Pastor (PP), ya aprobó en febrero de 2019 el código ético para los parlamentarios, aunque éste nunca llegó a aplicarse. Lo hizo siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Precisamente, esta institución fue quien instó a las autoridades españolas a extenderlo al Senado. La Cámara alta no contaba hasta ahora con un Código de Conducta y, para que fuera el mismo en ambas Cámaras, las presidentas Meritxell Batet del Congreso, y Pilar Llop, del Senado, rehicieron el texto elaborado por Pastor.

El nuevo código ético recoge la enmienda del PP que pedía que se incluyera la previsión del “acatamiento de la Constitución” de los parlamentarios. Los populares mostraron su malestar el pasado martes, cuando Batet eliminó del escrito la referencia al “pleno acatamiento y respeto a la Constitución y el ordenamiento jurídico”, una obligación que sí aparecía en el documento impulsado en el mandato de Ana Pastor. Finalmente, en el texto se incluye con la fórmula “acatamiento a la Constitución”.

El documento aprobado reproduce el grueso del que regía para el Congreso hace dos legislaturas, aunque añade cambios, como la creación de una única Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, en lugar de que cada Cámara tenga la suya. Esta oficina ―cuya labor será resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del código y que podrán ser planteadas por los parlamentarios o por las Mesas― tendrá su sede en el Congreso y estará encabezada por un letrado nombrado por las Mesas de ambas Cámaras. Tendrá que mantener la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas y deberá elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del código, pudiendo hacer recomendaciones para mejorar su eficacia.

El texto también establece que los miembros de las Cortes Generales deberán tomar medidas para evitar la existencia de un conflicto de intereses, entendiendo por ello los actos que pongan en duda su objetividad e independencia como parlamentarios. En los casos de duda sobre la existencia de un posible conflicto de interés, el diputado o senador podrá dirigirse, con carácter confidencial, a la Mesa de la Cámara correspondiente. Si el conflicto no se puede resolver, el afectado lo pondrá en conocimiento de la presidencia del órgano correspondiente, antes de que se inicie el debate del punto que se trate, en la sesión del Pleno o de la Comisión.

El nuevo Código de las Cortes prohíbe a los parlamentarios aceptar regalos, favores o servicios que les ofrezcan por su cargo o que busquen influir en su labor parlamentaria. Eso ya regía para el Congreso, pero ahora se especifica que tampoco podrá aceptarlos “su entorno familiar”. Además, la norma añade que los obsequios nunca podrán superar los 150 euros. En el código del Congreso no se fijaba cantidad alguna. Serán admisibles los obsequios, descuentos y beneficios cuyo ofrecimiento esté desvinculado de su actividad política. Los regalos recibidos por un miembro de las Cortes en los viajes oficiales de las Cámaras o cuando actúen en representación de éstas deberán ser entregados a la Secretaría General de la Cámara, para que sean inventariados y publicados posteriormente en la página web del Congreso de los Diputados o del Senado.

Otra de las novedades es que los parlamentarios deberán informar de las actividades que hayan desarrollado en los cinco años anteriores a su llegada a las Cámaras, detallando, en el caso de que se trate de actividades por cuenta ajena, el nombre de sus empleadores y el sector de la actividad. El nuevo código obliga a los diputados y senadores a que rellenen sus declaraciones de intereses económicos que quedarán publicadas, como ya lo están las de patrimonio y actividades, en la web de cada Cámara. También deberán comunicar las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados que hayan obtenido durante los cinco años anteriores a la obtención de su condición de parlamentarios, incluyendo viajes e invitaciones a eventos que pudieran ocasionar un eventual conflicto de interés. Además, deberán informar de las ONG y otras fundaciones a las que contribuya actualmente o haya contribuido, ya sea económica o altruistamente. Las Mesas han acordado que el plazo para que los parlamentarios presenten sus declaraciones de intereses económicos finalizará al inicio del próximo periodo de sesiones.

El código también remarca que los miembros de las Cortes Generales solo podrán viajar al extranjero haciendo uso de su condición de parlamentarios, y con previa autorización de la Mesa del Congreso o del Senado. La normativa establece que, cuando los parlamentarios viajen atendiendo invitaciones “personales o particulares”, o que provengan de entidades privadas, se abstendrán de hacer uso de su condición para asumir una representación oficial de las Cámaras.