La Audiencia da 10 días a la esposa de Bárcenas y a otros cinco condenados de la trama Gürtel para que ingresen en prisión

Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, y otros cinco condenados en firme a penas superiores a cinco años de cárcel por la primera etapa de la trama Gürtel tendrán que ingresar en prisión en los próximos 10 días. La Audiencia Nacional les ha dado este plazo atendiendo al informe de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió la entrada inmediata en la cárcel de acuerdo a “la naturaleza y entidad de los delitos y la gravedad de las penas confirmadas por el Tribunal Supremo”.

La esposa de Bárcenas había pedido aplazar su encarcelamiento alegando que seguía tratamiento de rehabilitación para una dolencia en la muñeca, pero la Audiencia se lo ha denegado este jueves porque, según el tribunal, puede tratarse en el centro penitenciario. Los jueces tampoco han accedido a los aplazamientos solicitados por María del Carmen Rodríguez Quijano (exesposa del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y condenada a 17 años y 8 meses) y por José Luis Izquierdo (considerado el contable de Gürtel, condenado a 13 años y 10 meses). Este último alegó que pretendía interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al que prevé pedir la suspensión de la condena de forma cautelar, pero la Audiencia ha rechazado la petición. La última palabra la tendrá el Constitucional, pero este tribunal no suele suspender cautelarmente las entradas en prisión con penas superiores a los seis años de cárcel.

Los condenados por la primera etapa de Gürtel que ahora entrarán en prisión se sumarán a los que ya estaban encarcelados de forma preventiva o cumpliendo otras condenas antes de que el Supremo se pronunciara en firme hace dos semanas sobre los primeros años de actividad de la trama vinculada al Partido Popular, condenado como responsable civil por beneficiarse de los negocios corruptos de la red. El alto tribunal condenó a 29 personas con penas desde los 51 años de cárcel de Correa hasta los 11 meses que impuso al concejal de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández. La ley deja en manos del tribunal sentenciador la posibilidad de suspender la ejecución de las penas —y, por tanto, de no ingresar en prisión— a aquellos cuyas condenas no superen los dos años de cárcel, situación en la que se encuentran nueve de los condenados.

Además, también pueden beneficiarse de esta medida aquellos que, aunque superan ese límite, lo hacen porque suman condenas por varios delitos que, en ningún caso, superan esa cifra de manera individual. Esa es la situación, por ejemplo, del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por siete delitos. Las grabaciones que hizo Peñas a los dirigentes de la trama permitieron destapar la red. En 2018 la Fiscalía ya anunció que apoyaría una petición de indulto para él. Una plataforma recoge firmas en Internet a favor de la medida de gracia, que depende del Gobierno.