La Cruz Roja pide a 6.000 inmigrantes acogidos en hoteles que no salgan a la calle ante las protestas xenófobas en Gran Canaria

La mecha lleva encendida semanas y este sábado la bomba explotó. Una protesta de un grupo de vecinos de Arguineguín, el pueblo gran canario donde se encuentra el muelle que hacinó cientos de personas durante casi cuatro meses, acabó con una concentración de unas 30 personas en uno de los hoteles donde se alojan inmigrantes. No hubo agresiones físicas, pero en los vídeos se escuchan expresiones como “fuera los moros” o “abusadores”. La tensión escaló en la calle y también en las redes sociales hasta el punto de llevar a la Guardia Civil a desplegar varias patrullas para proteger el hotel blanco de la protesta. La Cruz Roja, que gestiona la acogida de los recién llegados en patera, se ha visto obligada a recomendar a los cerca de 6.000 inmigrantes que aloja en 12 hoteles de Gran Canaria que no salgan a la calle al menos este fin de semana. El Gobierno de Canarias, responsable por la tutela de los menores de edad, tomó la misma medida.

El incidente, que comenzó en las calles del pueblo cuando algunos vecinos empezaron a hostigar a un grupo de marroquíes, puso en alerta a las fuerzas de seguridad, a los trabajadores sociales y los propios inmigrantes. El sábado por la tarde, el hotel de Arguineguín donde está acogido un numeroso grupo de inmigrantes era un fortín. La policía local impedía acercarse en coche y la Guardia Civil protegía el perímetro. La puerta se abría y cerraba rápidamente con nerviosismo para dejar entrar a los inmigrantes que aún quedaban en la calle. La consigna era quedarse dentro, esperar a que la polvareda bajase y evitar cualquier provocación. “No podemos impedirles salir, pero les hemos pedido que se queden en los hoteles. Les hemos explicado que la situación, que es muy tensa, puede ser un riesgo para ellos. A nuestros equipos les hemos recomendado máxima prudencia y perfil bajo. Hay que protegerles y bajar este nivel de tensión, que no es bueno para nadie”, explica el subdirector de Inclusión Social de Cruz Roja, José Javier Sánchez.

El clima de hostilidad contra los inmigrantes es un desafío más en la complicada gestión de la llegada de más de 21.000 personas en lo que va de año a las islas. A los problemas de coordinación de los diferentes ministerios implicados en esta crisis, la creación del campamento del muelle de Arguineguín y la permanencia de cerca de 7.000 inmigrantes en hoteles, se ha sumado el repunte de la xenofobia que la ultraderecha explota en una región especialmente castigada por la crisis. La Cruz Roja lleva dos semanas siendo víctima de una campaña en redes por su trabajo en la acogida de inmigrantes y Arguineguín es hace meses el escenario de protestas vecinales azuzadas por Vox contra la inmigración irregular. De forma paralela, se han organizado también concentraciones en favor de los derechos de los inmigrantes.

La chispa que desató esta última concentración, la más hostil de todas, fue una pelea ocurrida el miércoles en una playa del pueblo. La noticia que se viralizó sobre lo ocurrido denunciaba que un grupo de menores extranjeros había pegado una paliza y robado a un joven canario que les llamó la atención por “molestar” a unas chicas. Tras correr como la pólvora esta única versión sobre el incidente, los grupos de vecinos en redes sociales comenzaron a movilizarse “para plantar cara a los inmigrantes” y “tomar las riendas del problema”.

La versión del cuidador del grupo de menores, que ha tenido mucho menos eco, es otra. Su hermano, Khalihanna Largat, cuenta que el chico que denunció la agresión estaba bebiendo en el paseo y se burló e insultó a los menores. Según Largat, su hermano, de nacionalidad española y origen marroquí, le reprendió y acabó tirándole al suelo cuando vio que intentó agredir a uno de los chicos. Comenzó una pelea donde acabaron involucrados los menores. El único detenido hasta ahora es el cuidador de los chavales por un supuesto delito de lesiones. La Guardia Civil investiga, sin embargo, otra agresión a posteriori contra el monitor en el centro de salud donde le atendieron.

La noche del sábado, en un bar de Arguineguín, se juntaron alrededor de una cerveza dos visiones casi opuestas de la cuestión. En una silla estaba un vecino de 27 años que no quiere dar su nombre y en otra, José Castro, un pescador jubilado de 68 años. El más joven no participó en la protesta, pero es amigo de los que salieron a la calle a proferir gritos contra los inmigrantes y habla en primera persona del plural. No le gustó, pero los entiende. “No utilizamos la violencia. Nos hemos manifestado para pedir al Gobierno que erradique este tema. Nos sentimos abandonados. Aquí estamos acostumbrados a que nuestras casas y nuestros coches estén abiertos, que haya normalidad. Nuestras mujeres y nuestros niños ahora no pueden pasear solos. En 27 años que tengo nunca me habían robado y en las últimas dos semanas lo han hecho dos veces. No sé quién ha sido pero es mucha casualidad”, asegura. El pescador está cabreado por la imagen que han dado sus vecinos. “Me parece mal. Fue acoso. Si no tienes papeles no se puede entrar ilegalmente en ningún país, a tu tierra, pero no se puede echar a nadie del pueblo. Menos nosotros. Nuestras protestas tienen que ir contra el Gobierno, no contra los inmigrantes”, explica con voz ronca.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (de la formación independiente Ciudadanos por el Cambio), ha condenado los incidentes, ha rechazado “las formas empleadas por los vecinos y vecinas participantes en este episodio” y ha apelado a “actuar con responsabilidad y a mantener la calma”. La regidora, que amenaza con abrir expedientes sancionadores a los hoteles que sigan alojando inmigrantes a partir del 31 de diciembre, niega que haya habido un repunte de delincuencia en el municipio. “No hay mayor delincuencia, lo que hay es una mayor percepción de inseguridad. Pero eso no significa que sea real. Ha habido algunos percances pequeños, pero de ahí a la delincuencia hay un paso grande”, mantiene a EL PAÍS. “Lo que hay detrás de todo esto es una tensión acumulada por parte de todos los vecinos que llevan sufriendo la descoordinación del Gobierno desde agosto”, denuncia.