“Huimos porque nuestro destino era la muerte”

José Wilfredo Orellana, un hondureño de 37 años, tuvo que decir basta las pasadas Navidades. “Para qué esperar más si nos van a matar”, se dijo. Junto a su familia pergeñó un plan para salir de su país y escapar de las amenazas que venían sufriendo de las maras y grupos de pandilleros de su ciudad, San Pedro Sula, considerada durante muchos años la más violenta del mundo. “Si no huimos, nuestro destino era la muerte”, relata Orellana con la voz quebrada. El plan era ambicioso porque huyó con su mujer y sus siete hijos, de entre tres y 19 años.

“Decidimos volar a España en Navidad para no levantar sospechas; simulamos un viaje turístico”, rememora este hondureño que, a escondidas, tuvo que vender todo el patrimonio familiar para poder recaudar los 12.000 euros del coste de los billetes de avión para los nueve miembros de su familia. Tras permanecer un año en Barcelona, donde se alojaron en casa de otros parientes que habían huido mucho antes de Honduras, la familia Orellana ha llegado ahora a Jaén acogida por el programa de protección internacional, con el que esperan lograr pronto el derecho de asilo o bien la protección subsidiaria tras alegar que no pueden volver a su país de origen por el peligro que corren sus vidas.

El caso de la familia Orellana es bastante excepcional por tener tantos miembros, pero cada vez son más los migrantes que buscan en España la seguridad que no encuentran en sus países. En los últimos años, España, que ya es el principal receptor de la UE de solicitantes de asilo, se ha convertido en uno de los principales destinos de miles de centroamericanos que huyen de la violencia y de la miseria. El año pasado, el país registró más de 87.500 solicitudes de protección internacional, según datos de la Oficina Europea de Asilo (EASO) a 14 de diciembre. Los más numerosos son los nacionales de Venezuela (32%), Colombia (31%) y Honduras (6,2%).

Amenazas de muerte de la Mara Salvatrucha 13

En Honduras, José Wilfredo Orellana regentaba una pequeña empresa de estructuras metálicas y su esposa, Karen Torres, de 36 años, una tienda de ultramarinos. “No teníamos ninguna carencia, pero la situación empezó a hacerse devastadora”, expone él. Durante cinco años, la familia estuvo soportando la extorsión, las agresiones y las amenazas de muerte de la Mara Salvatrucha (MS) 13, uno de los grupos más sanguinarios instalados en San Pedro Sula. “Golpeaban la puerta de la casa al anochecer y nos pedían sogas y sacos para meternos miedo, algo que nos tenía psicológicamente en un trauma familiar por el temor a que cumplieran sus amenazas”. Y así fue como se vieron obligados a pagar lo que les exigían, cada semana: 1.500 lempiras hondureños, el equivalente a unos 50 euros. “Si no pagas, van a por tu familia”, cuenta, desolado, Orellana.

Al principio, el matrimonio intentaba mantener alejados a sus hijos de este “trauma permanente”, aunque no siempre lo consiguieron. De hecho, los grupos violentos también estaban incrustados en los colegios y sus hijos llegaron a presenciar asesinatos a sangre fría en las aulas. El mayor, Josué, de 19 años, sufrió en sus carnes el acoso de las maras, una circunstancia que también alentó a la familia a huir a España: “La escuela era usada para torturar a los jóvenes que no cooperaban con ellos; yo mismo fui asaltado y golpeado varias veces por no dar el dinero que pedían estos criminales, que se autodenominan dueños de las calles”. Este testimonio y el de otros miembros de la familia se ha reflejado en la declaración presentada ante la policía para tramitar su petición de asilo.

Ataques directos y homicidios, amenazas, extorsión y reclutamiento forzado de jóvenes por parte de las maras o pandillas criminales son, en la mayoría de los casos, los motivos que llevan a estas personas a solicitar el asilo. Según un estudio de Unicef y Acnur, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, las amenazas afectan cada vez más a familias y comunidades enteras. En Honduras, entre los años 2014 y 2018 se desplazaron internamente por la violencia 247.000 personas, según datos de Acnur.

Ahora, los Orellana Torres esperan ver en Jaén la luz al final del túnel, aunque saben que no les va a ser fácil. “Esta familia vive en una situación de clara vulnerabilidad social, que les obliga a empezar de cero en su vida”, señala Antonio Morales, coordinador del programa de protección internacional que gestiona Jaén Acoge. De momento, los hijos en edad escolar de José y Karen ya han sido matriculados en colegios e institutos de Jaén. “Se han integrado muy bien, están muy contentos”, comenta la madre. El alojamiento y manutención de la familia corre a cargo de Jaén Acoge con la subvención que recibe de un programa cofinanciado entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE. Este programa, con una duración de 18 meses, cuenta también con un itinerario de inserción laboral, con el que esta familia hondureña espera asentarse definitivamente en España.

Pocos expedientes favorables

Pero el camino de la familia Orellana en España está lleno de trabas burocráticas, y corre el riesgo de ver su solicitud de asilo denegada y que los nueve miembros de la familia se conviertan en inmigrantes irregulares. Al fin y al cabo, la mayoría de las resoluciones en España son negativas (en 2019 solo el 5% fueron favorables) y no suelen reconocer la protección a los centroamericanos que huyen de la violencia las pandillas. “El mayor inconveniente que se da es que tienen que probar de alguna manera que son objeto de amenazas en su país de origen y, claro, eso no siempre es posible”, señala Elena Tajuelo, presidenta de Andalucía Acoge. Esta es una de las ONG de atención a refugiados que reivindica que las concesiones de protección tengan en cuenta a las personas que huyen de la violencia de las pandillas y no están amparados por sus Estados.

Orellana expone la principal prueba de que estaban siendo sometidos a extorsión y persecución. “¿Qué familia lo deja todo en su país y huye con sus nueve miembros si no es por el miedo?”, se pregunta. Y apunta que les era imposible llevar estos hechos ante las autoridades policiales de su país porque, según afirma, “muchos de sus miembros están integrados y son parte activa de las estructuras criminales, y muchas personas han muerto tras presentar esas denuncias”.