La Audiencia de Lugo desimputa a Orozco y Besteiro y archiva el ‘caso Garañón’

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las pesquisas sobre las presuntas irregularidades cometidas durante el desarrollo urbanístico de las torres de O Garañón. Esta promoción inmobiliaria contempla grandes bloques de edificios situados al pie del más emblemático parque verde de la capital provincial, el de Rosalía de Castro, hoy todavía pendientes de derribo. El tribunal provincial echa por tierra toda la investigación emprendida por la juez Pilar de Lara, que actualmente ocupa un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Ponferrada. Con ello, además, desimputa a los políticos que todavía seguían investigados en el caso, como son el exalcalde de Lugo Xosé Clemente López Orozco (PSOE) y el ex secretario general de los socialistas gallegos José Ramón Gómez Besteiro.

La Audiencia de Lugo anula el auto del juzgado de instrucción en el que se acordó la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado y que determinaba la existencia de diversas conductas constitutivas de delito. Los magistrados, ahora, estiman el recurso interpuesto por los investigados, entre ellos el exalcalde de Lugo y Besteiro, que entonces era concejal de Urbanismo. La Audiencia considera que ese auto de De Lara “se ha construido sobre meras sospechas que no alcanzan el carácter de indicios”.

Según los magistrados de la sala segunda, si bien el auto alude “a una trama urbanística urdida por una especie de organización o grupo criminal que desplegaba diversas acciones, en connivencia entre todos ellos, para favorecer a determinados constructores”, ese presupuesto “carece de base suficiente para poder afirmarse aún en términos indiciarios”. “Ningún concierto se ha acreditado entre ellos”, reprochan a la magistrada anticorrupción que perdió su plaza en Lugo hace ahora un año, “pues en la mayoría de los supuestos no existe relación jerárquica alguna ni se ha acreditado indicación, presión o directriz para aprobar o informar algunos de los expedientes”. Además, los miembros del tribunal indican que “en gran parte de los supuestos, no existe relación personal alguna, directa o indirecta” entre los investigados.

Respecto al posible delito de prevaricación urbanística, la Audiencia insiste en que “no toda irregularidad en ese ámbito desencadena en una infracción penal”. Los magistrados manifiestan que “los principios de legalidad, intervención mínima y carácter fragmentario del derecho penal” excluyen de su competencia “actos que podrían tener su ámbito de resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa”. El derecho penal, insisten, se reserva “únicamente cuando el orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas”. Los jueces, siguen tirando de este hilo y llegan a afirmar en su auto que hay que saber “distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito”. El la causa contra las torres de O Garañón se llegaron a personar varios colectivos ciudadanos que se consideraban perjudicados por los voluminosos inmuebles que daban sombra al pulmón verde de la ciudad y ahora se hallan en estado ruinoso.

La Audiencia entiende que el delito de prevaricación urbanística que imputa el auto de la juez a casi todos los investigados requiere que “la resolución o el informe [que beneficiase el proyecto de las torres] se lleve a cabo de manera injusta y arbitraria y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la conducta”. Esto último, según los magistrados, no ha quedado probado. “No se está discutiendo la idoneidad del proyecto o si podría haberse hecho mejor, lo que aquí interesa es si se llevó a cabo a sabiendas de que beneficiaba a un promotor en detrimento de otros y de la ciudadanía”, aseguran en su resolución.

El tribunal admite que no cabe duda de que los plazos de aprobación del proyecto fueron “meteóricos” (lo que levantó en parte las sospechas de De Lara), pero recuerda que no fue el único instrumento de planeamiento urbanístico que se aprobó en esa fecha y por idéntico motivo, es decir, debido a la entrada en vigor de una ley que reducía edificabilidad. La aprobación se llevó a cabo en sábado y fin de año.

“Sin duda, no se recabaron informes sectoriales y la construcción incumple el artículo 104 de la Ley 9/2000 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, afectando tales deficiencias especialmente a los funcionarios que procedieron a informar el expediente” y que figuraban con la condición de investigados. “Pero no existe indicio alguno de que hubiesen actuado con conocimiento cabal y a sabiendas de que ese informe era preceptivo y con la finalidad de llevar a cabo una ilegalidad”, abundan los magistrados. Además, recalcan que tampoco hay indicios de que hubiesen recibido “indicación alguna para que así informasen por parte de los demás investigados, políticos y promotores”.

“Campeón de las desimputaciones”

Con esta decisión, la Audiencia desimputa también a cinco funcionarios. El caso, sumado a otros que también se han archivado, llevó al exalcalde de Lugo a hacerse a un lado y dejar la política en 2015. Por su parte, Besteiro acabó renunciando a su candidatura para presidir la Xunta de Galicia. Tras conocer la noticia por su abogado, Orozco ha declarado que su “felicidad” es “muy grande”. Según él, “fue una acusación injusta que nada probaba porque nada se podía probar”. En el Ayuntamiento, dice, “se actuó conforme a la ley y la audiencia lo ha sabido ver. Estoy muy feliz y muy contento”, celebraba. Orozco, ufano, se autoproclama “campeón de las desimputaciones”. Esta es, calcula, “la octava o novena desimputación” referida a las investigaciones que se abrieron y se archivaron por su etapa al frente del consistorio.

“Hay muchas personas que deberían de pedir perdón por el daño que me hicieron, porque ellos me juzgaron mucho antes que la audiencia, aquellos que pidieron mi cabeza para que yo no pudiera seguir siendo alcalde de Lugo”, lamenta. “Ha pasado el tiempo, ahora soy feliz y me hace creer en la justicia”. Actualmente, al socialista solo le queda una investigación relacionada con la ORA y que está incluida en la Operación Pokémon instruida por Pilar de Lara.