La exconsejera catalana Meritxell Serret, huida en Bélgica, se entrega en el Tribunal Supremo

Meritxell Serret, una de las exconsejeras catalanas huidas de la justicia española desde noviembre de 2017, se ha entregado este jueves en el Tribunal Supremo. Serret, que residía hasta ahora en Bélgica como el expresident Carles Puigdemont, ha comparecido voluntariamente en el alto tribunal, en Madrid, acompañada de su abogado, Iñigo Iruín, según ha informado el órgano judicial. La exconsejera ha quedado en libertad provisional y el instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, la ha citado para interrogarla el próximo 8 de abril. “He comparecido para regularizar mi situación procesal”, ha asegurado Serret en una breve atención a los medios. Mañana viernes tomará posesión como diputada en el Parlament.

“No es un cambio de opinión. Nuestro objetivo siempre había sido volver”, ha agregado. La que fuera consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación por ERC estaba procesada en rebeldía en la causa del procés por malversación y desobediencia, pero a lo largo del juicio que se celebró en el Supremo contra los líderes independentistas que se quedaron en España no se constató que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum del 1-O, por lo que, previsiblemente, Serret quede eximida del delito de malversación, como ocurrió con varios de sus excompañeros de Gobierno, juzgados ya en el alto tribunal y que resultaron absueltos de este delito. Sin ese cargo, contra Serret solo pesaría ya una acusación de desobediencia, que no conlleva penas de cárcel, por lo que la Fiscalía optó por no reactivar contra ella la euroorden de detención tras la sentencia del procés, como sí hizo contra Puigdemont y los exconsejeros a los que se podían atribuir delitos de sedición o malversación.

El instructor de la causa del procés sí mantenía la orden de detención nacional contra Serret que implicaba el arresto de la exconsejera si entraba en España sin comparecer ante la justicia. De ahí que se haya entregado directamente en el Supremo para regularizar su situación. En el auto dictado por el juez Llarena para acordar la libertad de la exconsejera, el magistrado ya señala que, en principio, la única acusación que se mantendrá contra Serret será la de desobediencia, un delito castigado con multa y un máximo de dos años de inhabilitación para empleo o cargo público. El instructor alude a “la interpretación” del delito de malversación que hace la sentencia por la que se condenó a Oriol Junqueras y otros 12 líderes independentistas y señala que “el estado actual de la investigación (...) no refleja hasta ahora gastos concretos efectivamente soportados por el departamento” que dirigió Serret.

La exconsejera tendrá que acudir al Supremo el 8 de abril para ser interrogada por las acusaciones y el resto de las defensas. La causa sigue de momento en el alto tribunal, aunque las fuentes consultadas señalan que, si finalmente solo se le imputa el delito de desobediencia, es previsible que su causa pase al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como ocurrió con los miembros de la Mesa del Parlament a los que solo se procesó por ese delito. Todos fueron juzgados y condenados por el TSJC, menos el diputado de ERC Joan Josep Nuet, que se sentará en el banquillo del Supremo los próximos días 24 y 25 de marzo porque es diputado nacional y está aforado ante el alto tribunal.

Fuentes del entorno de la exconsejera señalan que el momento para regresar es el más oportuno. Alejada desde hace tiempo del Consell per la República -la entidad independentista catalana liderada desde Waterloo por Carles Puigdemont y Toni Comín- y de los círculos más cercanos al expresidente de la Generalitat, Serret se convertirá este viernes en diputada en el Parlamento catalán. Su nombre, además, suena para ocupar alguna de las consejerías del futuro Gobierno catalán, aunque las mismas fuentes señalan que lo que le ha hecho dar el paso definitivo son otras circunstancias de índole personal.

ERC ha convocado un acto de bienvenida esta tarde en Vallfogona de Balaguer (Lleida), el municipio de la exconsejera, al que asistirán el presidente del Parlament, Roger Torrent y los consejeros Teresa Jordà y Bernat Solé, todos ellos de ERC. Serret era delegada del Gobierno catalán en Bruselas y fue en las listas de ERC en las elecciones autonómicas del 14 de febrero. Esquerra ha difundido un comunicado en el que informa de que Serret es consciente de que su regreso implica riesgos. “La decisión está muy meditada. Es la correcta y el paso lógico en mi lucha para contribuir al fin de la represión contra el independentismo”, ha afirmado. La exconsejera fue cabeza de lista por Lleida en las elecciones catalanas y tiene previsto, cuando quede en libertad, recoger su acta de diputada. Serret ocupó la plaza que dejó vacante el exconsejero Bernat Solé tras ser inhabilitado por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O.

“Estoy convencida de que asumiendo estos riesgos estamos abriendo el camino para todos los compañeros que están en mi situación”, ha afirmado la exconsejera en el comunicado de ERC. Serret había ocupado el cargo de delegada del Govern ante la Unión Europea y desde hacía tiempo meditaba la conveniencia de entregarse a la justicia española para regularizar su situación al no existir una euroorden contra ella. “Seguiré trabajando desde el Parlament en favor la república y de todos los catalanes que son amenazados por este Estado demofóbico”, ha afirmado. Con su regreso, el Parlament solo tramitará este viernes el voto delegado del exconsejero Lluís Puig Gordi, diputado electo por Junts y fugado también en Bruselas.

La cúpula de ERC ha celebrado su decisión. “Bienvenida a casa Meritxell. Con muchas ganas de encontrarnos y continuar trabajando juntos por el país y por la libertad. Siempre contigo“, ha dicho en la red Pere Aragonès, líder de ERC y candidato a la presidencia de la Generalitat. La exconsejera Dolors Bassa ha afirmado que su regreso es un motivo más de celebración de la nueva legislatura que arranca este viernes en el Parlament. Toni Comín, exconsejero de Sanidad, ha afirmado: “Feliz de que puedas volver a casa. Si alguien puede imaginar cómo te sientes en estos momentos soy yo”. En un mensaje opuesto, Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos, ha difundido este mensaje tras conocer el paso de Serret: “Otra dirigente separatista que quiso derribar la Constitución y tendrá que pagar sus cuentas ante la justicia. Cs siempre trabaja para que quienes se saltan las leyes asuman todas las consecuencias, como se ha demostrado con el suplicatorio de Puigdemont”.

Tras la vuelta de Serret, quedan seis líderes independentistas huidos de la justicia española. Llarena ha dictado euroórdenes contra cuatro de ellos: Puigdemont y Toni Comín (sedición y malversación), Clara Ponsatí (sedición) y Lluís Puig (malversación). La de Puig ha sido rechazada por Bélgica y las otras tres previsiblemente se reactivarán después de que el Europarlamento les levantara la inmunidad el pasado martes. La situación es muy distinta a las de la exconsejera Serret. En el caso de que decidiesen regresar a España, es probable que Puigdemont, Comín y Ponsatí ingresasen en prisión provisional afrontasen un juicio con penas de cárcel como los que afrontan los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo. Puig, acusado solo por el uso de dinero público durante el 1-O, se enfrentaría igualmente al riesgo de una condena a pena de cárcel porque sí constan gastos de su departamento (Cultura) para el referéndum.

Sin orden de detención activa están en estos momentos Marta Rovira y Anna Gabriel, las dos políticas que buscaron refugio en Suiza, donde no rige la euroorden sino que habría que activar el proceso de extradición, algo que, por ahora, ha descartado Llarena. El magistrado citó como investigadas a Rovira y a Gabriel por los delitos de rebelión, sedición y malversación a principios de 2018. Ambas evitaron comparecer ante el juez y se marcharon a Suiza. La primera en hacerlo, en febrero, fue Gabriel, de las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) con el argumento de que no tenía garantías de un “proceso justo” en España. Le siguió los pasos, en marzo, la entonces secretaria general de Esquerra, quien anunció que emprendía el “camino del exilio”. El camino judicial de ambas se bifurcó precisamente en marzo de 2018, cuando Llarena dictó auto de procesamiento: a Rovira le atribuía rebelión y sedición y a Gabriel solo desobediencia, un delito que no conlleva penas de cárcel. En caso de regresar a España, pues, Rovira afrontaría también consecuencias de mayor calado.