Antifraude reprocha al sector público que prolongue los contratos de emergencia por la covid-19

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) recibió a lo largo de 2020 un total de 226 denuncias por presunto fraude o corrupción en las administraciones públicas. Un 85% llegaron a través del buzón de denuncias, principal canal para poner en conocimiento de la agencia actos y hechos presumiblemente irregulares, ha explicado su director, Joan Llinares, tras presentar la Memoria de 2020 a las Cortes Valencianas. En su informe, este órgano alerta de que el uso de contratos de emergencia para hacer frente a la covid-19, algo excepcional, se ha “normalizado” más de lo necesario.

Este organismo, creado en 2017, abrió el año pasado 226 expedientes frente a los 168 iniciados en 2019, con un incremento del 34%. También se iniciaron 58 investigaciones frente a las 21 del año anterior, lo supone un aumento del 176%, destaca la Agencia. Un 32% de los casos tienen que ver con presuntas anomalías en la contratación pública y las administraciones públicas más denunciadas fueron en un 64% de ámbito local y el 51% de ellas se encuentran en la provincia de Valencia, informa la entidad.

La Agencia ha hecho un seguimiento pormenorizado de las contrataciones de emergencia por la covid-19 y se constata que se han prolongado más de lo necesario, normalizando las adjudicaciones directas “quizás más allá de lo estrictamente requerido en el estado de necesidad colectiva, a menudo pagando precios muy superiores a los de mercado”. recoge la memoria.

Llinares ha destacado la incidencia de casos como el enriquecimiento injusto, los contratos menores fraccionados “con toda la intencionalidad” o el abono de facturas sin contratación, lo que supone que hay empresas que acaban imponiendo sus criterios. También ha advertido de la falta de personal en las administraciones, cuando es algo que “deberían de tomarse muy en serio” y que ha agudizado el virus, o de los fraudes en oposiciones como alguno “muy burdo” en el que alguien directamente facilitó las respuestas a un aspirante. “La selección pública es algo muy serio”, ha recordado, para evitar que los funcionarios sean mediocres o estén “cautivos” de quien le ha facilitado el puesto.

Otras de las cuestiones sobre las que la AVAF ha puesto el foco han sido los conflictos de interés que este organismo considera antesala de la corrupción, la recopilación de 28 casos investigados por la Agencia, así como la clasificación de las 226 denuncias recibidas, que tienen que ver en su mayoría con la contratación pública, con los recursos humanos, sobre todo en los procesos de selección y las políticas retributivas, y las anomalías de áreas como el urbanismo, la gestión del patrimonio público o la concesión de subvenciones.

De las más de 200 denuncias presentadas se han resuelto 36 expedientes lo que supone el 16%; se han dictado 29 resoluciones finales de investigación, y se ha dado traslado de dos expedientes a órganos judiciales y cuatro se han remitido al Tribunal de Cuentas.

Con respecto a la protección de las personas denunciantes de corrupción, la AVAF recibió 35 solicitudes y 24 personas tienen concedido el estatuto de persona protegida lo cual coloca a la Comunidad Valenciana como referente al adelantarse a la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea 1937/2019 de personas denunciantes, informadores o alertadoras de corrupción más conocida como Directiva Whistleblowers.

El director de la Agencia ha declarado que “esta memoria de actividad recoge todo el trabajo realizado por el personal de la AVAF en sus diferentes áreas durante el año 2020 y son un reflejo de que, a pesar de las dificultades surgidas por la situación de pandemia, no han sido un obstáculo para llevar a cabo sus funciones de investigación, prevención, formación y protección de las personas denunciantes”.

“Animo a consultar la Memoria, un documento de más de 200 páginas en el que aparece recogido el trabajo desarrollado a lo largo de estos doce meses y que es la constatación de la consolidación de la Agencia como organismo en la lucha contra el fraude y la corrupción tanto a nivel nacional como internacional. Y como ejemplo de este reconocimiento internacional es que por primera vez, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dependiente de la Comisión Europea, ha solicitado la colaboración de la Agencia para una operación contra el fraude y la corrupción desarrollada en la Comunidad Valenciana” añadió Llinares.

El acto de entrega de la memoria al presidente del Parlamento autonómico, Enric Morera, se ha desarrollado en el patio de las Cortes y en el mismo han participado los portavoces de todos los grupos parlamentarios. El informe se ha entregado en soporte digital a través de un pendrive así como en un código QR desde el que se puede descargar fácilmente el documento.

En la Memoria se recoge la actividad desarrollada por la Agencia en el año 2020 en el área de formación, prevención y documentación; el área jurídica y de protección de la persona denunciante; análisis e investigación; administración, contratación y recursos humanos y comunicación.

La Agencia ha ofrecido formación a más 800 personas en todas las actividades que ha organizado y en las que ha colaborado poniendo el acento en una de las principales funciones que tiene encomendadas la Agencia de prevención del fraude y la corrupción y la creación de una cultura basada en la ética y la integridad pública.