El juez comunica a la exconsejera Serret su procesamiento por malversación y desobediencia

El instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha comunicado a la exconsejera catalana Meritxell Serret, actual diputada del Parlament por ERC, su procesamiento por malversación y desobediencia en el desafío independentista del otoño de 2017, según ha explicado la propia afectada este viernes a los medios tras declarar durante una hora y media en el alto tribunal. Serret se entregó en el Supremo el pasado 11 de marzo tras permanecer desde noviembre de 2017 huida en Bélgica, a donde viajó junto a Carles Puigddemont y otros miembros de su Govern tras la declaración unilateral de independencia. El instructor Llarena había convocado a la exconsejera junto a la Fiscalía y el resto de acusaciones.

La diputada ha llegado al Supremo acompañada por una delegación de ERC encabezada por el coordinador nacional del partido y presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha vuelto a reclamar una ley de amnistía como “solución democrática” al “conflicto político” con Cataluña.

La que fuera consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación estaba procesada en rebeldía en la causa del procés por malversación y desobediencia, pero a lo largo del juicio que se celebró en el Supremo contra los líderes independentistas que se quedaron en España no se constató que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum del 1-O. De hecho, en el auto dictado por el juez Llarena el 11 de marzo para acordar la libertad de la exconsejera después de que esta se entregara, el magistrado ya señala que, en principio, el único delito del que existen indicios contra Serret es el de desobediencia, castigado con multa y un máximo de dos años de inhabilitación para empleo o cargo público. El instructor alude a “la interpretación” del delito de malversación que hace la sentencia por la que se condenó a Oriol Junqueras y otros 12 líderes independentistas y señala que “el estado actual de la investigación (...) no refleja hasta ahora gastos concretos efectivamente soportados por el departamento” que dirigió Serret.

Con todo, la exconsejera está procesada por ambos delitos y así se lo ha comunicado este viernes Llarena. En su comparecencia ante el juez, Serret ha negado la malversación al asegurar que, mientras ella fue consejera, su departamento no asumió ningún gasto relacionado con el referéndum ilegal del 1-O. Respecto al delito de desobediencia, ha admitido que recibió varios requerimientos del Tribunal Constitucional, a pesar de los cuales, avaló como miembro del Govern la convocatoria del referéndum y las leyes de ruptura. La exconsejera ha sostenido que actuó siguiendo “el mandato popular”.

La causa contra Serret se mantiene de momento en el alto tribunal, aunque las fuentes consultadas señalan que, si finalmente solo se le imputa el delito de desobediencia, es previsible que pase al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como ocurrió con los miembros de la Mesa del Parlament a los que solo se procesó por ese delito. Todos fueron juzgados y condenados por el TSJC, menos el diputado de ERC Joan Josep Nuet, que fue juzgado y condenado por el Tribunal Supremo a ocho meses de inhabilitación.

Tras la vuelta de Serret, quedan seis líderes independentistas huidos de la justicia española. Llarena ha dictado euroórdenes contra cuatro de ellos: Puigdemont y Toni Comín (sedición y malversación), Clara Ponsatí (sedición) y Lluís Puig (malversación). La de Puig ha sido rechazada por Bélgica y las otras tres previsiblemente se reactivarán después de que el Europarlamento les levantara la inmunidad en marzo pasado. La situación es muy distinta a las de la exconsejera Serret. En el caso de que decidiesen regresar a España, es probable que Puigdemont, Comín y Ponsatí ingresasen en prisión provisional y afrontasen un juicio con penas de cárcel como los que afrontan los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo. Puig, acusado solo por el uso de dinero público durante el 1-O, se enfrentaría igualmente al riesgo de una condena a pena de cárcel porque sí constan gastos de su departamento (Cultura) para el referéndum. Sin orden de detención activa están en estos momentos Marta Rovira y Anna Gabriel, las dos políticas que buscaron refugio en Suiza, donde no rige la euroorden, sino que habría que activar el proceso de extradición, algo que, por ahora, ha descartado Llarena.