Justicia ofrece al PP dar más margen a los jueces para elegir al nuevo Consejo del Poder Judicial

El Gobierno y el PP volverán a reunirse tras las elecciones del 4-M en Madrid para retomar la bloqueada renovación del órgano de dirección del Poder Judicial. Los contactos al máximo nivel nunca se han suspendido del todo. El Ejecutivo ha llegado a ofrecer en su último intento de negociación a la cúpula popular volver al Pacto de Estado por la Justicia de 2001 y reducir la influencia en la elección por las Cortes de los candidatos seleccionados por los jueces para concurrir al Consejo del Poder Judicial. Esa selección se hace ahora entre 51 candidatos, pueden ser incluso más, avalados por la carrera, y pasaría a ser de solo 36.

“Habrá que sentarse el 5 de mayo otra vez y hablar”, responden desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez para corroborar que la negociación con el PP se reactivará. La cita electoral lo ha enturbiado todo en estas semanas, pero en el Gobierno y en el PP son conscientes de que tienen una obligación constitucional, con los jueces y con Europa para desbloquear la elección de un nuevo Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace dos años y medio. El actual CGPJ fue elegido en 2013 para cinco años.

En los dos lados de la negociación reconocen que el acuerdo del que parten ya “es muy grande”, sobre todo en la necesidad de dotar al Consejo de una sensación de independencia política mayor que la actual. Los jueces, en las encuestas internas del propio Poder Judicial, confiesan que son muy independientes al actuar en su día a día, pero tanto en el Gobierno como en el PP constatan que esa no es la percepción pública con respecto al propio Consejo.

Desde el Ministerio de Justicia se ha hecho llegar al PP, tanto a su líder, Pablo Casado, como a su número dos, Teodoro García Egea, al frente ahora de esta negociación, una oferta para rescatar algunos aspectos del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001 entre el Ejecutivo del PP y el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. En el punto 21 de los 23 contemplados se especificó un nuevo modelo de elección del Consejo: conforme al artículo 122 de la Constitución, 12 de los 20 vocales serían propuestos de entre los jueces y magistrados de todas las categorías por las Cortes (seis por cámara) por una mayoría de tres quintos. Esos aspirantes deberían ser presentados “hasta un máximo del triple de los 12 puestos a proponer (36), por las Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados o por un número de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el dos por ciento de los que se encuentren en servicio activo”. El número máximo de candidatos a presentar por cada asociación “se ajustará a criterios estrictos de proporcionalidad”. Los 36 candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de cada asociación, que los promocionará según se establece en sus estatutos, y al número de no afiliados a asociación alguna, señalado en este caso mediante firmas de otros jueces y magistrados, según los datos registrados en el Poder Judicial y sin que se pueda avalar a más de uno. Pasarán ese filtro los que más avales recaben.

El actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, exvocal del Poder Judicial, es un firme defensor de ese modelo. Y ha trasladado su interés por volver a ese método tanto a Casado como a García Egea, que según fuentes de la negociación, acogieron la idea con interés. El 17 de febrero de 2020, poco después de haber sido nombrado por Pedro Sánchez, Campo expuso en su primera comparecencia en el Congreso exactamente esos planes: “¿De verdad alguien puede defender que no es rabiosamente constitucional el modelo que nos dimos en el Pacto de Estado de 2001? Es un modelo de doble legitimación que significa que los jueces proponen”. Campo recordó que él mismo salió elegido cuando los jueces propuestos eran un máximo de 36 sobre los que elegían 12 las Cortes y concluyó: “La elección del Parlamento es bien limitada. Puede elegir entre ellos y entre los juristas. Nos puede gustar o no, pero el Constitucional bendijo esa fórmula”.

Fuentes conocedoras de la negociación apuntan incluso que Gobierno y PP habían cerrado en sus últimas aproximaciones los nombres de 18 de los 20 vocales del nuevo Consejo, con la excepción de los dos que se atribuyen próximos a Unidas Podemos que encallaron todo el proceso. Uno de esos candidatos fue la juez Victoria Rosell, que figuró en listas de Podemos y es ahora la delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Rosell retiró su candidatura en cuanto se conoció el veto impuesto por el PP. El otro aspirante bloqueado es José Ricardo de Prada, un magistrado con muchos años de experiencia que no ha militado nunca en ningún partido pero al que el PP achaca los párrafos más duros contra el partido en la sentencia del caso Gürtel, especialmente los referidos a Mariano Rajoy. Entre los negociadores se especula con que, ante esta situación de bloque, que parece irreversible, el propio De Prada podría acabar retirando su candidatura para facilitar una salida a este atasco constitucional.