El fiscal pide nueve años de cárcel para el expresidente Pujol y 29 años para el primogénito del clan

El magistrado instructor Santiago Pedraz ha decidido este viernes archivar la causa abierta contra Marta Ferrusola, mujer del expresidente catalán Jordi Pujol, por su mal estado de salud. Pero apenas una hora después de conocerse esta medida, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que ya ha presentado el escrito de acusación contra los implicados, donde detalla las penas de prisión que solicita contra el resto del clan: nueve años de cárcel para el patriarca, 29 años para el primogénito (Jordi Pujol Ferrusola), 14 años para otro de los hijos (Josep) y ocho años para el resto de vástagos (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta).

Las conclusiones del ministerio público infligen un duro golpe a la familia, cuyo procesamiento confirmó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado abril. Anticorrupción detalla que el expresident “tejió una red de clientelismo” gracias a su posición política. De esta forma, se valió presuntamente de un grupo de empresarios afines al partido que “lideraba”, la extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), para “repartirse cuantiosos beneficios”, fruto de los concursos públicos que dependían de las Administraciones bajo el control de su fuerza política. Los miembros del clan ocultaban después ese dinero a Hacienda mediante “sistemáticas operaciones de blanqueo”.

Esta tesis coincide con la del juez José de la Mata, que propuso sentar en el banquillo a toda la familia en julio del pasado año. Antes de dejar la Audiencia Nacional a finales de 2020, este instructor concluyó que el clan se enriqueció durante años aprovechándose de su “posición privilegiada” y de su influencia en la vida pública a cambio del cobro de comisiones ilegales. Ahora corre a cargo de Santiago Pedraz, sustituto de De la Mata, dictar el auto de apertura de juicio oral contra todos ellos, aunque ya ha sacado este viernes de la causa a la octogenaria Marta Ferrusola.

La mujer del expresident fue procesada junto a su marido y sus siete hijos por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Pero su defensa presentó entonces un escrito donde afirmaba que sufre “una demencia severa que, tras larga evolución, ha terminado por anular su capacidad para comprender los hechos de la causa”. Según sus abogados, padece alzhéimer desde 2018 y su enfermedad se ha agravado desde agosto de 2020, cuando sufrió una caída doméstica en la casa familiar en Queralbs, en el Pirineo catalán.

Ante esta situación, Anticorrupción pidió que se practicara a Ferrusola un examen médico forense y, una vez realizado, informó de que no se oponía al archivo. En su resolución de este viernes, Pedraz asegura que, “como señala el ministerio público, deben tenerse en cuenta las circunstancias que concurren en el presente caso y que se describen por la médico forense”.

Los delitos imputados por Fiscalía

En su escrito de acusación, el ministerio público describe el presunto papel que desempeñó cada miembro de la familia. La Fiscalía sitúa al matrimonio Pujol-Ferrusola en la cima: “Dirigiendo las operaciones”. En el nivel intermedio, a sus hijos Jordi y Josep, junto a la exmujer del primero, Mercè Gironès, para quien también pide 17 años de prisión: “Gestionaban los beneficios de la actividad descrita”. El último escalafón lo ocupaban el resto de vástagos: “Se beneficiaban directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación”.

Anticorrupción atribuye a todos ellos un delito de asociación ilícita y blanqueo de capitales. A Jordi Pujol Ferrusola y su hermano Josep también les imputa falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. Al primogénito, además, le suma otro de “frustración de la ejecución”, previsto en el segundo subapartado del artículo 257.1 del Código Penal, que castiga a quienes “dilaten, dificulten o impidan” un procedimiento judicial, extrajudicial o administrativo. A los empresarios implicados en la trama se les acusa de cooperación necesaria.

Según la instrucción, para llevar a cabo sus planes, la trama creó numerosas sociedades en paraísos fiscales, abrió cuentas a nombre de testaferros e hizo ingresos en efectivo. Todo ello permitió a la familia Pujol “repartir los fondos ilícitos” y “disponer de ellos” a través de sus cuentas en Andorra.

“[Hubo] una serie de actuaciones, prolongadas en el tiempo, de todos los miembros de la familia”, recalcó también la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado abril, cuando rechazó los recursos presentados por los Pujol contra su auto de procesamiento. El clan trató de esquivar el banquillo arguyendo que no existían pruebas contra ellos y que simplemente se les proponía juzgar por “ser un Pujol”. Por una “suerte de responsabilidad de tribu”, se escudaron.

Podemos, personado como acusación popular, pidió para la familia penas más altas que las planteadas por Anticorrupción. Solicitó hasta 20 años de cárcel para el patriarca; hasta 50 para su primogénito; hasta 20 para Josep Pujol; y entre seis y 11 años para el resto de hermanos.