Miquel Iceta destaca que el traspaso de las cárceles vascas no incluye la política penitenciaria

El Gobierno vasco comenzará a gestionar las tres cárceles vascas a partir del próximo 1 de octubre tras la firma este lunes de la transferencia de las prisiones. Es un traspaso muy esperado por la Administración vasca y que el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha destacado como un ejemplo del “desarrollo del Estado de las autonomías” y el “cumplimiento de la Constitución y el Estatuto de Gernika”, aunque ha querido destacar que la gestión de las cárceles no incluye la entrega de la política penitenciaria, que seguirá estando en manos del Ministerio del Interior. Además de esta materia, el Estado traspasa a Euskadi otras tres competencias: la gestión del transporte por carretera, el edificio del distrito marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN. Con este acuerdo quedan otras 27 transferencias para culminar las establecidas en el calendario que ambos gobiernos acordaron en 2018.

Junto a los consejeros de Seguridad y de Autogobierno, Josu Erkoreka y Olatz Garamendi, Iceta ha presidido este lunes en Bilbao la Comisión Mixta de Transferencias que ha certificado los cuatro traspasos, ya cerrados el pasado 16 de abril. Iceta ha puesto en valor la “obligada cooperación entre las instituciones” que ha permitido un acuerdo que “avanza en la consolidación de los servicios públicos”: “Este es el camino, el desarrollo de las autonomías”, ha declarado en su comparecencia ante los periodistas tras la firma del acuerdo. En ella ha anunciado que antes de acabar este año se formalizará el traspaso de “un nuevo paquete de transferencias” al País Vasco, entre las que se incluirá el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Como ya ocurre en Cataluña, que también tiene en su poder la competencia sobre las cárceles en su territorio, Euskadi asume ahora la potestad exclusiva sobre la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Basauri (Bizkaia), Zaballa (Araba) y Martutene (Gipuzkoa), con cerca de 1.300 reclusos de los que un centenar son mujeres, y se hace cargo de la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas a las personas reclusas. Cuando se construya la prisión de Zubieta, en San Sebastián, el Gobierno vasco asumirá la titularidad de este nuevo recinto penitenciario, cuyas obras se espera que estén finalizadas en 2023, y devolverá al Ejecutivo central la propiedad de la cárcel de Martutene.

La transferencia también incluye la antigua cárcel alavesa de Nanclares, que fue clausurada por Instituciones Penitenciarias, aunque hasta hace poco tiempo en sus dependencias se alojaban funcionarios de prisiones.

El Gobierno vasco integrará y se hará cargo de la nómina de cerca de 700 empleados públicos (alrededor de 300 en Zaballa, mientras que en Basauri y Martutene no llegan a 200 en cada una) que actualmente trabajan en las cárceles del País Vasco, en su mayoría funcionarios.

El traspaso de la gestión penitenciaria se ha valorado en 1.121 millones de euros, por lo que la Comunidad Autónoma Vasca retendrá anualmente 70 millones que descontará de su aportación al Cupo, para financiar las funciones y servicios asumidos. Esta cantidad la integrará en los presupuestos vascos para costear los gastos que conlleva la transferencia, según el acuerdo de la Comisión Mixta.

El ministro Iceta ha querido remarcar que esta cesión no incluye la política penitenciaria, que seguirá en manos de Interior, porque “van por caminos completamente separados”. La legislación estatal establece que las juntas de tratamiento de cada prisión son las que deciden, entre otras cuestiones, sobre los traslados o la progresión de grados de los reclusos, todo ello bajo la supervisión del juez de vigilancia penitenciaria.

El Gobierno de Urkullu ha fichado al exjuez de la Audiencia Provincial de Álava Jaime Tapia como responsable del equipo técnico encargado de diseñar el modelo penitenciario vasco, que se basará en el sistema de las “3R”, según viene señalando el Departamento de Política Social: reeducación, resocialización y reinserción de los reclusos. Se va a implementar un modelo basado en favorecer el cumplimiento de las penas en semilibertad, con el objetivo de que al menos el 40% de los internos cumplan sus condenas en régimen abierto. Erkoreka ha afirmado este lunes el traspaso de las cárceles supone “saldar una deuda con Euskadi” y ha asegurado que el Ejeutivo vasco “está jurídica, anímica y estructuralmente preparado para gestionar las instituciones penitenciarias” de Euskadi. También ha destacado que con este acuerdo Euskadi está “más cerca del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika”, aprobado hace 41 años.