La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el maquinista y un exjefe de Adif por el accidente del Alvia

La convulsa causa judicial que pretende esclarecer la tragedia ferroviaria que acabó con la vida de 80 personas en Santiago el 24 de julio de 2013 da un paso más hacia el juicio. La Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación, en el que pide cuatro años de cárcel para cada uno de los dos acusados que se sentarán en el banquillo por el accidente del Alvia. El ministerio público considera al maquinista Francisco José Garzón Amo y al exjefe de Seguridad de Adif Andrés Cortabitarte autores de 80 delitos de homicidio imprudente, 145 delitos de lesiones y un delito de daños. Después de dos cierres frustrados de la instrucción y un tercero ratificado por la Audiencia de A Coruña el pasado marzo, está previsto que el macrojuicio del caso Alvia arranque en el primer trimestre de 2022, con 195 acusaciones y la intervención de 120 abogados.

El fiscal Mario Piñeiro considera que el conductor, que perdió el control del tren al tomar la pronunciada curva de A Grandeira a 200 kilómetros por hora en vez de a 80, “omitió la mínima atención de sus deberes profesionales al permanecer atento al contenido de una llamada intrascendente” que le realizó el interventor que viajaba con él en el Alvia. Esgrime que Garzón se despistó y no pisó el freno a tiempo porque atendió aquella “extensa” llamada durante 100 segundos pese a que “no implicaba urgencia”.

La Fiscalía tiene claro, sin embargo, que la tragedia ferroviaria “no hubiese sucedido” si el máximo responsable de Seguridad en la Circulación de la empresa pública Adif “hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente”. El punto donde descarriló el Alvia era “altamente vulnerable al error humano”, aduce el ministerio público, y el riesgo era también “extremo” por la curva y el cambio “significativo” de velocidad que esta exigía. “Esta fuente de peligro debió ser evitada por el imputado con un deber positivo de actuación, tal como se hizo con posterioridad al accidente. Sin embargo, ni se evaluó ni se gestionó para convertirlo en un riesgo tolerable”, argumenta el fiscal sobre Cortabitarte, que actualmente sigue ocupando un puesto de libre designación en Adif para indignación de las víctimas del siniestro.

Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, destaca que la Fiscalía “se une al juez instructor, a la Audiencia y a Europa y desmonta la verdad oficial y la investigación del Gobierno, que queda totalmente desacreditada”. Domínguez se refiere a la investigación interna que realizó el Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento cuando la popular Ana Pastor era ministra y que redujo las causas de la tragedia a un error humano. Las víctimas reclaman además al actual ministro de Fomento, el socialista José Luis Ábalos, que cese a Cortabitarte del puesto de libre designación que ocupa en Adif ahora que está procesado. “Nos prometió que lo haría y no sé a qué espera”, señala Domínguez.

El escrito de la Fiscalía cuantifica en 1,3 millones de euros el montante de la factura por los desperfectos en la estructura ferroviaria que causó el descarrilamiento. Para Garzón Amo reclama la inhabilitación especial para la profesión de maquinista de ferrocarriles por el tiempo de la condena y para Cortabitarte, la inhabilitación especial para el ejercicio de “cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias”. Considera responsables civiles directos a las aseguradoras QBE (de Renfe) y Allianz (de Adif).