El Gobierno aparca la anunciada reforma del delito de sedición

El Gobierno ha aparcado, al menos durante los próximos cuatro meses, la reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, en la que el Ministerio de Justicia, durante la época de Juan Carlos Campo, había trabajado durante meses, y que corría paralela a la concesión, a finales del pasado junio, de los indultos a los líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo. “Entendemos que en estos cuatro meses no era prioritario afrontar esta modificación del Código Penal”, señaló el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El hombre fuerte del Ejecutivo de Pedro Sánchez afirmó que en la actualidad la prioridad del Gobierno es la recuperación económica y social, y no puso fecha a una posible reforma de este delito, el más grave de cuantos se contemplan contra el orden público. “Ya iremos viendo”, se limitó a señalar Bolaños. En el último trimestre del año, el Gobierno tiene previsto aprobar 144 normas, entre ellas las nuevas leyes de vivienda y ciencia, y la reforma laboral.

La reforma del delito de sedición, con una rebaja a la mitad las penas previstas de 15 a ocho años de cárcel, era una de las vías que se plantearon para facilitar la excarcelación de los dirigentes independentistas catalanes, condenados por este delito por el Supremo en octubre de 2019. De haber prosperado esta reforma, el Supremo se habría visto obligado a calcular a la baja las penas que les fueron impuestas, y que, en el caso de Oriol Junqueras, alcanzaron los 13 años de prisión. Una vez que Junqueras y sus compañeros del Govern que impulsó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y los líderes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, fueron indultados y excarcelados por el Gobierno el pasado junio por motivos de “utilidad pública”, la reforma del Código Penal perdió urgencia.

El posible desgaste político para el Gobierno como consecuencia de la medida de gracia a los líderes del procés —otorgada con informes en contra de la Fiscalía y del propio Tribunal Supremo— fue menor de lo esperado y, en todo caso, ha quedado atrás. Volver a plantear una reforma penal de la sedición podría agravar el coste político. Tras los indultos, el presidente del Gobierno remodeló en profundidad su Gabinete y en el Ministerio de Justicia cambió a Juan Carlos Campo por la también magistrada Pilar Llop.

Durante su etapa al frente del ministerio, Campo defendió en numerosas ocasiones la necesidad de reformar el delito de sedición. Según él, era una forma de adecuar el Código Penal español a los estándares penales europeos. En aquella operación, además de Campo, participaron Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera, y Félix Bolaños, en su etapa como secretario general de Presidencia.