Sánchez confirma que el Gobierno hará una “subida inmediata” del salario mínimo

La agenda política del Gobierno para los próximos meses está clara, tanto que era el lema que acompañaba la apertura del curso político que Pedro Sánchez ha vuelto a hacer en la Casa de América, rodeado de los principales dirigentes del Ibex 35 ―entre ellos la cúpula de las eléctricas―, los sindicatos, y representantes de la cultura y el deporte. “Recuperación justa”. Esa es la idea que se repetirá en los próximos meses. Para lograrla, hay varios hitos por delante, pero de momento Sánchez se concentró en uno inmediato, que afecta directamente a un millón y medio de trabajadores: el salario mínimo. Sánchez confirmó que el Gobierno aprobará una “subida inmediata” del sueldo mínimo y que entre septiembre y octubre presentará los próximos Presupuestos, también concentrados en medidas sociales. No está claro aún cuánto subirá el salario, pero la negociación se mueve alrededor del informe de los expertos, esto es, entre 12 y 19 euros al mes.

“El nuevo Gobierno, la sociedad civil y yo diría también que los agentes sociales estamos llamados a dos tareas fundamentales. La primera es, a consolidar la recuperación económica que estamos viendo en los datos macroeconómicos. La segunda es que esa recuperación llegue al bolsillo de todos los españoles en forma de más empleo, en forma de mejores salarios, y en forma de pensiones más dignas. Porque no va a haber una recuperación económica si no es una recuperación justa”, ha asegurado el presidente.

Pero el otro gran problema con el que se enfrenta el Gobierno para esa “recuperación justa” es el aumento de algunos precios, en especial el de la luz, que afecta más a las clases trabajadoras, núcleo duro del respaldo social del Ejecutivo progresista. Este asunto es ya el mayor quebradero de cabeza del Gobierno y está provocando una gran tensión interna, con Unidas Podemos presionando para que se tomen medidas drásticas siguiendo el modelo francés como fijar el precio de la energía nuclear y limitar el de la hidroeléctrica. Sánchez, que apenas había hablado hasta ahora de este asunto ―y con Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, escuchándole―, ha admitido la preocupación del Ejecutivo, pero ha defendido la línea seguida por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que rechaza las propuestas de Unidas Podemos porque en su opinión van en contra del derecho comunitario.

“Es una situación compleja a la que no podemos dar una única respuesta. No voy a perder el tiempo hablando de lo que hicieron anteriores administraciones. Hay que mirar al fututo. El Gobierno se hace cargo de la preocupación social. El Gobierno seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios. Hemos bajado el IVA, suspendido el impuesto del 7%, hemos ampliado el bono social térmico para 1,1 millones de beneficiarios. Hay reformas pendientes en el Congreso, pedimos una tramitación parlamentaria rápida. Actuamos con las subastas de energías. Actuamos con ayudas directas al autoconsumo. Vamos a continuar actuando pero dentro del marco regulatorio europeo. Vamos a impulsar un debate necesario en Europa de adaptar el mercado a la transición ecológica”, ha asegurado.

El asunto de la luz se ha convertido en la gran preocupación política del Gobierno en este momento, no solo por la tensión interna que genera sino sobre todo porque está causando un importante desgaste entre su electorado. Sánchez ha decidido que sea la vicepresidenta Ribera quien lidere la explicación, y multiplique sus apariciones. La comparecencia del lunes en el Congreso, en la que la vicepresidenta pidió “empatía social” a las eléctricas, dejó muy malas sensaciones dentro del Ejecutivo. Así que Ribera hará más esfuerzos de explicación. Pero sobre todo lo que necesita el Gobierno son nuevas medidas de impacto para frenar la presión. Y en eso está trabajando tanto La Moncloa con el ministerio de Ribera. De momento no hay ningún anuncio, pero la presión política es tan fuerte que fuentes del Ejecutivo dan por hecho que no tardará. El sector socialista está muy molesto con la posición de Unidas Podemos, e insisten en que no es nada fácil tomar medidas porque la Comisión Europea las puede rechazar y sobre todo porque las eléctricas recurren todo a los tribunales y suelen ganar los pleitos, así que el Ejecutivo va con pies de plomo. Pero Sánchez ha dejado claro que este asunto es prioritario y eso augura nuevas medidas además de las que ya se han puesto en marcha.

Sánchez ha presentado sus planes y prioridades para los próximos meses, con un claro objetivo: afianzar una “recuperación económica justa” tras la pandemia, con la llegada de los fondos europeos y el avance de la vacunación contra el coronavirus. Con su Gobierno renovado tras la remodelación de julio, Sánchez ha detallado algunas de las principales iniciativas que el Ejecutivo se ha comprometido a impulsar antes de que acabe el año. El ministro de presidencia, Félix Bolaños citó este martes dos hitos fundamentales que son objeto de negociación dentro del Ejecutivo y que son absolutamente estratégicos para Unidas Podemos. Por un lado, la reforma laboral, que dirige Yolanda Díaz y está negociando con patronal y sindicatos. El compromiso con Bruselas es tenerla lista antes de final de año. Y la otra gran reforma de este otoño, con la de las pensiones, es la ley de vivienda, que lleva varios meses de retraso por la fortísima discusión entre el PSOE y Unidas Podemos sobre los límites a los precios del alquiler.

El Ejecutivo de coalición empieza nueva temporada tras el parón del verano con importantes retos sobre la mesa, como la reanudación del diálogo con Cataluña, la gestión de las evacuaciones de españoles y colaboradores afganos tras la retirada de las tropas de EE UU de Afganistán o la renovación del Poder Judicial. “No es aceptable que instituciones como el Poder Judicial lleven 1.000 días sin renovarse, no hay precedentes, no es razonable que permanezca bloqueada la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del pueblo, del Tribunal de Cuentas”, ha considerado Sánchez. “Ninguna formación política tiene el derecho a incumplir sus obligaciones constitucionales, a situarse fuera de la Constitución”, ha dicho el presidente, que ha vuelto a llamar a la oposición para que regrese al consenso constitucional y cumpla con sus obligaciones.

El Ejecutivo intenta no centrar la agenda política en la crisis catalana en los próximos meses. Tanto es así que Sánchez no ha dicho una palabra sobre este asunto en su discurso de arranque del curso político. A pesar de ello, tiene pendiente retomar la mesa de diálogo con la Generalitat, que se reunirá en Barcelona en la semana siguiente a la Diada del 11 de septiembre. De momento no está decidido si Sánchez participará, pero La Moncloa parece preferir que no acudan los presidentes. El Gobierno también ha aparcado la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal, en la que el Ministerio de Justicia llevaba más de un año trabajando.

La conferencia de Sánchez ha tenido lugar 15 días después de que llegara a España la primera remesa de fondos europeos Next Generation para desarrollar el llamado Plan de recuperación, transformación y resiliencia; un plan que comenzó a esbozar hace justo un año, en su acto en la Casa de América del 31 de agosto de 2020, con el lema “España puede”.