La Abogacía del Estado pidió investigar las agendas de los ministros de Fomento de Aznar por la caja b del PP

La Abogacía del Estado pidió el pasado 29 de julio al juez Santiago Pedraz la práctica de tres nuevas diligencias en la investigación de la última pieza sobre la caja b del PP abierta tras la aparición de los llamados papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en enero de 2013: la referida a las donaciones de empresarios al partido a cambio supuestamente de la adjudicación de contratos públicos. Entre esas diligencias, la Abogacía planteaba recabar el listado de visitas que recibieron en la sede del Ministerio de Fomento entre 1996 y 2004 los entonces titulares de la cartera, Rafael Arias Salgado y Francisco Álvarez Cascos, dentro de las pesquisas por las supuestas irregularidades en 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004) a la Constructora Hispánica, cuyo expresidente ha admitido haber hecho entregas de dinero a la contabilidad opaca de los populares. El magistrado ha rechazado la práctica de estas diligencias al considerar que ya ha “concluido el plazo de investigación judicial” por estos hechos tras dar por finalizada la causa el pasado 22 de julio. El juez aún tiene que decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva el sumario.

La Abogacía del Estado, que defiende en la causa los intereses de la Hacienda Pública, justifica su petición en el contenido de los dos últimos informes que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han entregado al juez Pedraz. En uno de ellos, fechado el pasado 20 de julio, los agentes documentan decenas de irregularidades que provocaron sobrecostes millonarios en buena parte de esos 23 contratos bajo sospecha. En este informe, la Policía hacía hincapié en que 11 fueron adjudicados por tres organismos dependientes de Fomento —Adif, Aena y la Dirección General de Carreteras— en la etapa en la que Álvarez-Cascos ocupó la cartera. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Abogacía también hace referencia a la última declaración ante el juez Pedraz, el pasado 16 de julio, del extesorero Luis Bárcenas, en la que este señaló a varios ministros de Fomento y, en concreto a Álvarez Cascos, como presuntos conocedores del sistema de financiación irregular del PP a través de donaciones de empresarios a los que luego se les adjudicaban contratos.

En aquella declaración Bárcenas describió un episodio en el que Cascos telefoneó supuestamente a Álvaro Lapuerta, su predecesor en la tesorería y señalado también como gestor de la caja b, para reprocharle que hubiera llamado a su director general de Carreteras para tratar una de las adjudicaciones que debían presuntamente amañar. Siempre según la versión de Bárcenas, solían llamar a directores generales y secretarios de Estado para ello, pero el ministro de Fomento estaba enfadado e indicó a su interlocutor que todas esas gestiones debían pasar por él. Durante el reciente juicio por el supuesto pago en dinero negro de las obras en la sede del PP de la calle Génova, Barcenas ya había señalado a Cascos, que ocupó el puesto de secretario general del partido entre 1989 y 1999, como la persona que ordenó sistematizar el sistema irregular de donaciones. Cuando Cascos compareció como testigo en la vista, días después, lo negó.

En su escrito, la Abogacía señala que por todo ello se hace “necesario” la práctica de nuevas diligencias. En concreto, solicitaba el “registro de entrada o de visitas en las dependencias públicas donde se ubique el Ministerio (ministro) de Fomento, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, la Dirección General de Carreteras, y la Gerencia/Dirección General de las distintas empresas o entidades públicas” relacionadas con los contratos bajo sospecha, así como de la sede principal de Constructora Hispánica “durante el período de tiempo señalado por Luis Bárcenas en su declaración, esto es de 1996-2004″. También reclamaba la “agenda oficial del ministro de Fomento, secretario de Estado de Infraestructuras, director General de Carreteras, y los presidentes, gerentes o directores Generales de las distintas empresas o entidades públicas cuyos expedientes han sido analizados y durante el período temporal señalado en el apartado anterior, así como de Alfonso García Pozuelo”, entonces presidente de la constructora.

García Pozuelo realizó al menos nueve entregas por un total de 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido que Bárcenas llevaba de su puño y letra, y que quedó reflejada en los papeles de Bárcenas. Durante el juicio por la trama principal del caso Gürtel, bautizada como Época I, el constructor ya confesó que pagó al cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, para que lo entregara a los “organismos centrales” de la Administración gobernada por el PP a cambio de obras en Castilla y León y en el municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Finalmente, la Abogacía pide que se solicite a la Agencia Tributaria los expedientes que hubiera tramitado por “operaciones de movimientos de efectivo” realizadas tanto por García Pozuelo como por la empresa que presidía.

La respuesta del juez Pedraz a la petición de la Abogacía llegó cuatro días más tarde. En una providencia de tan solo dos líneas y medias, el magistrado rechazaba el pasado 2 de agosto practicar las diligencias al considerar que cuando se solicitaron la causa estaba ya concluida. La decisión del juez ha sido respondida por una de las acusaciones personadas en la causa, que en un recurso presentado el pasado 3 de septiembre, se adhiere a la petición de la Abogacía y reclama la práctica de las nuevas diligencias.

Los vaivenes de la causa

Las pesquisas de los papeles de Bárcenas han sufrido multitud de vaivenes desde su apertura en marzo de 2013 como una línea de investigación dentro del caso Gürtel. El magistrado Pablo Ruz, entonces responsable del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, asumió la instrucción tras recibir un informe de la UDEF que vinculaba la contabilidad secreta del extesorero popular con la trama liderada por Correa, que cerca al PP desde 2009 y que ya se ha saldado con la condena del partido por beneficiarse de la red de corrupción. La investigación dio un primer salto el 15 de julio de 2013, cuando Bárcenas confesó por primera vez ante el juez. Entonces reconoció la caja b y aseguró que parte de la reforma de la sede de Génova 13 se pagó con dinero negro, pero rechazó de forma general que las donaciones de los empresarios tuvieran por objetivo la adjudicación de obras concretas, salvo un proyecto.

En 2015, ante las dificultades para conectar las donaciones con adjudicaciones concretas —un dato clave para las imputaciones de cohecho—, el juez Ruz dio por finalizada la instrucción por primera vez con una doble medida. Por un lado, dio carpetazo a la línea de las pesquisas sobre las donaciones de empresarios, aunque consideró veraces estas entregas de dinero. Y, por otro, envió a juicio la parte de la investigación que versaba sobre la reforma con dinero negro de la sede de la calle Génova, que se ha juzgado este año y que se encuentra pendiente de sentencia. La instrucción sobre los empresarios permaneció cerrada dos años hasta que en 2017, tras la aparición de “elementos nuevos”, el juez José de la Mata, entonces al frente del juzgado, decidió reabrirla. Desde entonces, se han incorporado a la causa nuevos elementos, entre ellas un escrito que Bárcenas envió, en 2021, a la Fiscalía Anticorrupción en la que admitía por primera vez la “naturaleza finalista” de las donaciones de efectivo que los empresarios hacían a la caja b del PP: es decir, eran una “contraprestación por porcentaje a la adjudicación de una obra o servicio público”.