El Constitucional aborda los recursos de Puigdemont contra su orden de detención

El Tribunal Constitucional va a tratar en el pleno que comienza este martes varios recursos presentados por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra sus órdenes de detención, tanto en España como las cursadas a todos los países de la Unión Europea (UE). El asunto figura en el orden del día de una sesión plenaria que durará hasta el próximo jueves, y en términos de “dación de cuentas” de autos de los que está designada como ponente la magistrada María Luisa Balaguer, del sector progresista del tribunal.

Las impugnaciones de Puigdemont en relación con las órdenes de detención dictadas en su contra han ido habitualmente acompañadas de otras en el mismo sentido interpuestas por sus exconsejeros Lluís Puig y Clara Ponsatí. Los tres han sido reclamados ahora por el Supremo en virtud de resoluciones del instructor del caso del procés en el Supremo, el juez Pablo Llarena. El último episodio derivado de dichas resoluciones fue este lunes con la decisión del tribunal de apelación de Sassari (Cerdeña) para dejar en suspenso el proceso para la posible entrega de Carles Puigdemont a España.

La suspensión del procedimiento en Italia estaría vigente hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) resuelva si le restituye la inmunidad que le retiró el Parlamento Europeo el pasado julio. Y también a la espera de la respuesta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dé a la cuestión prejudicial planteada por Llarena sobre la negativa belga a entregar a Puigdemont. No se espera que las decisiones que pueda tomar el Constitucional incidan en estos procedimientos que están en marcha, pero sí pueden arrojar alguna luz sobre la procedencia y la vigencia de las euroórdenes, ya que las sucesivas decisiones para reactivarlas —y los autos de desestimación del Supremo cuando se recurrieron— son la materia impugnada ante el Constitucional y pendiente de resolución.

En cualquier caso, no cabe prever ningún giro llamativo en la línea seguida por el Constitucional ante los recursos de los procesados en rebeldía por los hechos del procés. Dicha línea ha sido la de la desestimación, y solo ha habido votos particulares —los de María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol— cuando lo debatido era la proporcionalidad de las penas impuestas a quienes fueron juzgados por tales hechos. En cambio, ante el último recurso resuelto, el Constitucional decidió por unanimidad el pasado 23 de marzo avalar la orden de detención dictada a efectos internos, en España, contra Puigdemont.

En esta resolución, el tribunal argumentó que había que ponderar distintos factores, entre ellos “el interés general en la persecución penal de las conductas que están siendo investigadas y gravedad de la imputación provisionalmente efectuada”. El auto —del que fue ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido— añadía que si se levantara la orden de detención se “estaría negando, de hecho, su necesidad y legitimidad, así como la concurrencia de los presupuestos jurídicos que han llevado a la jurisdicción ordinaria a su adopción y mantenimiento”.