Podemos blandirá el acuerdo de Gobierno en la reunión de este martes por la reforma laboral

La Moncloa albergará este martes al mediodía una reunión que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para fijar un criterio común entre los socios de la coalición respecto a las modificaciones de la reforma laboral. Los asistentes, entre quienes se encuentran las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, junto a los titulares de Hacienda, Educación y Seguridad Social, abordarán “la matriz” del programa de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos: la modificación de la reforma laboral del PP, de 2012. Los socios de Sánchez se sientan a la mesa dispuestos a blandir el acuerdo de coalición. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, sintetizó al respecto en un tuit del domingo el principio general del derecho “pacta sunt servanda” (”los pactos deben cumplirse”).

Se considerará un fracaso si desde la parte socialista se propone revisar todo lo que ha desarrollado el Ministerio de Trabajo y su vicepresidencia segunda, liderados por Yolanda Díaz. Algunas de las medidas habían alcanzado cierto grado de consenso del que participaban los sindicatos. E incluso, aunque mucho menos, la patronal, para la cual la negociación colectiva es la piedra angular. Antes de presentar a los agentes sociales las modificaciones definitivas, Pedro Sánchez se dispone a sellar la paz interna en la coalición.

“Actualizar”, “modernizar”, adaptación a la realidad del siglo XXI. Son expresiones empleadas durante las últimas horas en todas las áreas gubernamentales económicas. No es posible técnicamente una derogación íntegra de la reforma impuesta por el PP cuando estaba en el Gobierno, como han señalado dirigentes socialistas en público. Tampoco es difícil encontrar declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz en las que reconoce la imposibilidad de la derogación absoluta. Se pueden sustituir artículos, cambiarlos, pero no dejar sin leyes laborales a un país hasta que se elabore otro marco.

Estas premisas, compartidas por interlocutores de los dos socios del Gobierno, son esenciales para abordar la crisis en la coalición. Al menos, para apartar de la discusión lo que carece de fundamento. Tampoco la Comisión Europea ha cuestionado que en España vaya a producirse un cambio en el ordenamiento jurídico laboral. Por el contrario, ha dado el visto bueno al llamado “Componente 23″ del Plan de Transformación y Resiliencia, por el que todos los países han tenido que presentar en Bruselas las líneas maestras de sus reformas laborales, como ya ha hecho España. Ahora falta el contenido completo, en el que han de centrarse los negociadores de los dos partidos, en primer lugar, y tras el acuerdo interno las reuniones con la patronal y los sindicatos. Contenido o procedimiento. Esta disyuntiva se dilucidará en la reunión de este martes en La Moncloa.

En estos días pasados de máxima tensión, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no estuvo de acuerdo en dar por bueno que había actuado unilateralmente, si es que se trataba de procedimiento. Ni ella ni su equipo han querido tampoco marcar posiciones ni territorios en las conversaciones. El presidente ya decidió que Yolanda Díaz dirija la negociación con los agentes sociales, pero también participarán los ministros convocados a la reunión de este martes. La voluntad de ambas partes es acordar, pero quizá no sea posible que el pacto de Gobierno sobre la reforma laboral quede tal cual. Se puede “modernizar” y ser más favorable para todas las partes, señalan desde hace días en el Ejecutivo.

El acuerdo de la coalición deja pocas dudas sobre las derogaciones de la reforma laboral de 2012. Pero en ciertos aspectos ha quedado desfasado. Por ejemplo, figura la prohibición de despido al estar de baja médica, pero ya ha desaparecido. Se han dado pasos en materia laboral, como la regulación de los riders, que no estaba en la mente de los negociadores en aquel momento y ahora obliga a las plataformas digitales a contratar a sus repartidores.

Se añadirán nuevas realidades, señalan en el Gobierno. Las dificultades van a estar en el mismo punto donde han estado siempre: la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector, sobre la que los sindicatos hacen caballo de batalla. La ultraactividad, tiempo que transcurre entre que un convenio caduca y se negocia uno nuevo, para el que los reformistas de la reforma laboral siempre han propuesto límites. Lo que el PP aprobó en 2012 fue lo siguiente: “Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”.

Donde todos parecen de acuerdo, a la espera de la negociación con la patronal, es en la necesidad de un cambio rotundo en la temporalidad y en la precariedad. “Habrá reforma de la reforma sí o sí”, declaró este lunes el líder del sindicato Comisiones Obreras, Unai Sordo, en una entrevista al Huffington Post. El Gobierno aspira a un acuerdo con patronal y sindicatos. Y estos últimos recuerdan el compromiso de reforma y que no se contó con ellos en la de 2012, emprendida por el Gobierno del PP. La patronal, de entrada, rechaza lo que conoce porque crearía “rigidez” en el mercado laboral.

El silencio de la vicepresidenta segunda es absoluto, mientras que en Unidas Podemos sitúan el principio de la crisis en el resquemor del PSOE por el realce social de Díaz. Sánchez no ha expresado su opinión al respecto: habla con los hechos. Habrá más ministros en el cónclave de este domingo, aunque ella dirija la negociación. El presidente sí ha escuchado a la vicepresidenta segunda tratar de zanjar este asunto, recordándole que todas las negociaciones las dirige él.