Las autonomías suplirán con emisión de deuda la falta de un fondo covid en 2022

Las comunidades recurrirán a la emisión de deuda y al incremento del déficit por encima del límite impuesto por Hacienda para cubrir el vacío multimillonario que la falta de un fondo covid provocará en los presupuestos de varias de ellas, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León o la Comunidad Valenciana. Las presiones de varios presidentes autonómicos de distinto signo a mes y medio de que el Gobierno apruebe las cuentas de 2022 no han hecho mella en La Moncloa. Las quejas de los barones por no disponer de más recursos para mantener los protocolos contra la covid en las escuelas y en los centros sanitarios, o para rebajar las listas de espera para operarse a los niveles previos a la pandemia, no han surtido efecto.

El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, es inflexible: ni hay margen para un fondo de 13.000 millones como el que ERC ha incluido en sus enmiendas a los Presupuestos ni lo considera necesario porque las autonomías contarán con otros ingresos. El Gobierno también esgrime la situación bajo control del coronavirus. El 90,5% de la población diana ha sido vacunada y 37,4 millones de personas han recibido la pauta completa. La ocupación de camas hospitalarias es inferior al 2% y los pacientes con coronavirus en las UCI no llegan al 5%. Con una incidencia de 58,5 casos por 100.000 habitantes, la situación en España es mejor que en Europa del Este, donde la estrategia de vacunación ha fracasado, o en países que han relajado las medidas de protección como el Reino Unido. Pero estos argumentos no convencen a todos los barones.

“Cuando todo el mundo se olvide de la covid, seguirá habiendo unidades específicas para seguir atendiendo las secuelas y el impacto que ha causado. Solo este año vamos a gastar 320 millones para la covid”, afirmó este martes Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha apoyó la petición de ERC de un fondo extra: “Me gustaría que formara parte del Presupuesto del Estado, no está compensada con otros fondos y otras alternativas”. La estrategia de Castilla-La Mancha ha sido, a falta de un fondo, la de diseñar un presupuesto que implica un 1,1% de déficit en vez del 0,6% fijado por Hacienda para 2022. Esas cinco décimas, equivalentes a 180 millones, le permitirían costear el incremento de la plantilla sanitaria. La comunidad reforzó a los 27.000 empleados previos a la pandemia con 10.000 más.

Otras comunidades, como Andalucía, han incluido en sus presupuestos 942 millones que imputan al fondo covid. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, y el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, han reconocido que si no hay fondo deberán acudir al déficit para sufragar la partida fantasma. El déficit se iría en ese caso al 0,95%, según los datos facilitados por el portavoz de la Consejería de Hacienda. Bravo ya señaló que Andalucía partía con un colchón para hacer frente a ese desequilibrio al no haber consumido el 1,1% del déficit de 2021, pero desde su departamento reconocen que sí supondría un endeudamiento.

La Comunidad Valenciana también parece abocada a aumentar su deuda. Los 1.000 millones que estima en sus cuentas que le corresponderían del fondo covid servirían para sostener parte de los refuerzos de sanitarios —se contrataron 9.000 trabajadores y se han rescindido algo más de 3.000 contratos— y docentes —más de 5.000 anunciados solo para este curso— que la Generalitat formalizó durante la crisis sanitaria y a paliar deficiencias estructurales provocadas por el sistema de financiación.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, instó al Gobierno a sufragar el “sobrecoste de la gestión cotidiana” de los servicios públicos más afectados por el coronavirus. Los 445 millones que la Junta lleva como ingresos en sus presupuestos como “complemento de financiación extraordinario”, vinculados a la pandemia, son “de justicia” para el consejero de Hacienda, Carlos Fernández, y “esotéricos” en opinión del PSOE.

La relajación de las reglas fiscales beneficia a las comunidades

El 20 de marzo de 2020 la Comisión Europea congeló las reglas fiscales para que los países de la UE pudiesen gastar “todo lo que necesitasen” para combatir el coronavirus. La decisión de Bruselas no pudo ser más diferente a la austeridad con que reaccionó a la Gran Recesión de 2008. Pero la suspensión de las normas que se aplicaron a rajatabla durante la crisis financiera, y que establecen ajustes si uno de los socios comunitarios sobrepasa un déficit del 3% o una deuda del 60% del PIB, ya está generando de nuevo discrepancias entre los países del norte y del sur de la UE. La OCDE ha recomendado una mayor flexibilidad, ante el riesgo de que algunos Estados vuelvan a caer en recesión. La coyuntura favorece por el momento a España, que cerró 2020 con una deuda pública del 120%, una las más abultadas de la UE, y el mayor déficit (11%).

El objetivo de déficit español para 2022 es del 5% del PIB. El 3,9% sería del Gobierno, el 0,6% de las autonomías y el 0,5% restante de la Seguridad Social. Pero los planes de las autonomías de aumentar sus emisiones de deuda y por extensión incumplir su déficit llevan a pensar que no se cumplirán los pronósticos. Según los cálculos de Economía, las comunidades, que este año deben cumplir con un déficit del 0,7%, deberían bajar su parte del déficit al 0,4% en 2023 y al 0,2% en 2024. La ventaja es que sin reglas fiscales no hay riesgo de sanciones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calculó en octubre que el déficit de las comunidades sería del 0,6% en 2022, frente al 0,4% que según sus previsiones alcanzará en este. El incremento lo justificaba por una caída de los recursos que, excluyendo el efecto de los fondos del Plan de Recuperación, no compensaría la progresiva retirada de las medidas vinculadas a la pandemia.

Con información de Eva Saiz y Cristina Vázquez.