Víctimas y familiares reclaman a la Junta que cumpla con la ley de memoria andaluza

La primera legislatura de un Gobierno no socialista de la Junta de Andalucía arrancó, entre otras exigencias impuestas por Vox, con la obligación de sustituir la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía —aprobada en 2017 con la abstención de PP y Ciudadanos, los partidos ahora en el poder― por una ley de la concordia. Aunque el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha pospuesto ese compromiso alegando que es necesario aunar el consenso mayoritario que no tuvo la anterior norma, el desarrollo de las políticas en materia de memoria democrática en la comunidad más castigada por la represión golpista ha sido poco menos que testimonial en estos tres años. Más de 3.000 personas —de acuerdo con la policía, 5000 según los organizadores― convocadas por las asociaciones que integran la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática y la Asamblea Andaluza Memorialista, han protagonizado esta mañana una marcha “histórica” para exigir el cumplimiento de la ley vigente y denunciar “la paralización, recortes e involución” por parte de la Junta. Unas reivindicaciones a las que ha puesto voz Baltasar Garzón con la lectura de un manifiesto frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno autónomo.

Los manifestantes, secundados por PSOE, Unidas Podemos, IU, y organizaciones sindicales y sociales, han llamado la atención sobre las exhumaciones, los lugares de memoria, la simbología franquista y la investigación, los cuatro pilares sobre los que se asientan los tres derechos esenciales que consigna la ley de memoria andaluza en su artículo 3: derecho a conocer, derecho a investigar y derecho a una reparación plena. “Ninguno de estos principios ni derechos están siendo garantizados ni llevados a la práctica por el Gobierno de la Junta de Andalucía”, ha leído Garzón, quien antes de la marcha ha recordado que la Junta “no debería osbtaculizar la ley, porque las leyes están por encima de las ideologías del momento, lo que deberían hacer es aplicara por respeto a las víctimas”.

La marcha se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo, pero también festivo. Las banderas republicanas se intercalaban con las fotos en blanco y negro de víctimas de la represión franquista que sus descendientes levantaban con orgullo. Es la forma de visibilizar un pasado silenciado muchas veces por el miedo que atenazaba el propio entorno familiar y de recordarles la importancia de su lucha para que su memoria sea dignificada. “Han venido autobuses de todo Andalucía, esto no había pasado antes, tiene que servirles para reflexionar”, señalaba Pepe Barragán, miembro de la Coordinadora Andaluza y uno de los organizadores del acto, muy emocionado.

Los datos aportados por la Coordinadora son contundentes: De las 49 fosas en las que se está trabajando actualmente en Andalucía, solo una tiene financiación de la Junta, la de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, por un acuerdo comprometido por el anterior Gobierno socialista en 2017. En lo que va de legislatura no se ha iniciado ningún nuevo expediente de lugares de memoria y 34, entre ellos el Palacio de la Aduana, en Málaga, o la antigua Capitanía General de la Plaza de Gavidia, en Sevilla, propiedad de la Junta, aún siguen esperando. La paralización por el nuevo Ejecutivo de la aprobación del decreto de Simbología ha permitido la reversión en la nomenclatura de calles en Córdoba a nombres de dirigentes franquistas o la inauguración de un parque dedicado a José María Pemán, en El Puerto de Santa María (Cádiz). En cuanto a la investigación, el Ejecutivo de PP y Cs solo ha destinado 75.000 euros, de los 260.000 previstos en una orden de 2019, a financiar 20 proyectos de investigación o difusión, dejando fura 46. La convocatoria lleva dos años sin resolverse, lo que supone una paralización indirecta de las exhumaciones que se nutren de los proyectos de investigación para iniciar los trabajos, indican desde la Coordinadora.

Exhumaciones: “El tiempo pasa y muchos nos estamos muriendo”

Son cifras que ilustran con elocuencia el desarrollo de las políticas de memoria por parte de la Junta, pero que no reconfortan a las víctimas y sus familiares quienes, gracias al impulso de las asociaciones que han conformado, han llevado prácticamente en solitario el peso de las reivindicaciones, luchando en muchas ocasiones contra la falta de compromiso o la pasividad de las administraciones del Estado. Lo sabe bien Antonio Deza, presidente de la Asociación Dejadnos Llorar de Córdoba, principal promotora del acuerdo entre Gobierno, Junta, Diputación y Ayuntamiento para, como en el caso de Pico Reja, impulsar los trabajos para las exhumaciones de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael, donde se ha documentado que yacen 2.203 represaliados de Córdoba y otras 34 provincias y de hasta 15 nacionalidades. Entre ellos podría estar su padre, asesinado en el 46 cuando formaba parte de la guerrilla y alguno de sus cinco familiares que murieron en la matanza de Puente Genil del 1 de agosto de 1936.

“Empezamos el proceso en 2017 con una petición formal a la Junta de 48 familiares, el 11 de diciembre del año pasado se firmó el convenio entre las cuatro administraciones, pero todavía queda que el Gobierno andaluz y la Diputación aprueben su parte. Es importante y complicado que estén las cuatro”, reconoce Deza. “El tiempo pasa y cada vez somos más mayores y muchos nos estamos muriendo”, advierte. Deza defiende la necesidad de que se conozca la historia no como venganza, sino para evitar que se repita. “Los que lo hicieron ya están en el infierno, pero el desconocimiento es terrible, de eso se alimentan los fascismos”, advierte.

Lugares de memoria: “Que visibilice lo que ha permanecido invisible”

Bajo el suelo andaluz yacen 45.500 víctimas en 700 fosas. Hasta finales de octubre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, de la que depende la Memoria Democrática, solo había ejecutado el 14% del total de los 1,38 millones del presupuesto de 2021 destinado a esa materia —en 2020 la ejecución no llegó al 17%―. Solo para exhumaciones, el Gobierno de España ha transferido a Andalucía entre 2020 y 2021 más dinero (2.074.000 euros) que lo presupuestado por la Junta en toda la legislatura (1.533.000 euros), según los datos facilitados por la Coordinadora.

La única fosa en la que participa la Junta es la de Pico Reja, en Sevilla. Lourdes Farratell espera con ansiedad los resultados de las muestras de ADN que ya se han llevado a Granada para su análisis. Los restos de su abuelo Joaquín Farratell González, miembro del Partido Radical y fundador del periódico local Canela en Rama, podría encontrarse allí. Ella y el resto de miembros de la plataforma memorialista de La Gavidia, se reúnen los últimos sábados de cada mes en la plaza de ese mismo nombre, en el centro de Sevilla, para recordar a las decenas de militantes antifranquistas que fueron torturados y asesinados en los calabozos de la antigua sede de la Jefatura de Policía de Sevilla. El Ayuntamiento impulsó que la Junta lo reconociera como lugar de memoria, pero aún no se han desarrollado los trabajos que permitan su acceso independiente y conservación, porque el edificio, que albergará un hotel en el futuro, sigue en obras.

“Todo lo que visibilice lo que ha permanecido invisible durante tanto tiempo es bienvenido, sin embargo nos gustaría mucha más implicación por parte de las administraciones”, reconoce Farratell. “Al final esto es un trabajo que estamos llevando a cabo las familias casi a solas. La placa está bien, pero lo que buscamos las familias de las víctimas es justicia y reparación, más que una palmadita en la espalda”. En lo que va de legislatura no se ha puesto en marcha ningún expediente para señalar lugares de memoria y hay 34, como el de la plaza de La Gavidia, que siguen esperando su reconocimiento oficial. El último espacio en ser identificado fue el pasado 14 de septiembre, con una placa en el edificio de Hytasa, donde varios disparos al aire de la policía alcanzaron al obrero Francisco Rodríguez Ledesma, en 1977.

Símbolos: “Se trata de un revisionismo intolerable”

Pilar Peruyera lleva desde el pasado mes de agosto levantando su voz contra lo que ella también califica como “absentismo y retroceso democrático de la Junta”. En plenas vacaciones, el Ayuntamiento, gobernado por PP y Cs, y apoyados externamente por Vox —como en el Gobierno andaluz― anunció la creación de una plaza con el nombre de José María Pemán. “Lo hicieron en una semana, en verano, sin posibilidad de convocar a la gente para que pudieran manifestarse en contra”, reconoce Peruyera, que es miembro del Foro por la Memoria de El Puerto. “Y además esgrimiendo una foto de él saludándose con Rafael Alberti, poniéndolo como ejemplo de la reconciliación. Se trata de un revisionismo intolerable. Si la Junta hubiera tenido la altura de miras de aprobar el decreto de simbología o de oponerse a la plaza esto no hubiera podido pasar”, se lamenta.

Cuando el Gobierno de PP y Ciudadanos llegó a la Junta estaba pendiente de aprobar el decreto de simbología que, según los expertos, hubiera posibilitado la salida de los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de La Macarena. El Ejecutivo prefirió sustituirlo por una orden, bajo la premisa de que su tramitación sería más rápida. El nuevo texto legal se publicó el 21 de julio de 2020 —un año y medio después de la toma de posesión―y únicamente contempla la creación de un comité técnico, cuyos nombres aún no se han dado a conocer. “Es una pena la inacción de la Junta en materia de memoria democrática”, se lamenta Periyera.

Investigación: “La Junta debería actuar de oficio, pero no ha cumplido la ley”

Vicente Zaragoza, concejal responsable de Memoria Histórica y Democrática de Castilleja del Campo (Sevilla) lleva dos años tratando de que la Consejería de Cultura sufrague los estudios antropológicos y genéticos necesarios para la identificación de varios cuerpos con signos de violencia que aparecieron en el cementerio del municipio durante unas obras en 2019. “Desde el primer momento y siguiendo las indicaciones de la ley de Memoria de Andalucía, que es la única que ahora mismo es de obligado cumplimiento, nos dirigimos a la Junta para que activara la mesa técnica de memoria para fijar los pasos que había que dar”, recuerda Zaragoza.

La administración autónoma no respondió y fue el propio Ayuntamiento quien costeó los gastos del estudio. “Sabemos que hay otra fosa debajo de unos nichos por la existencia de testimonios orales de personas que ya han fallecido, pero las catas no dieron resultado. Tienen que estar en otra ubicación y para eso es necesaria la investigación”, indica Zaragoza. La viceconsejera de Cultura, Macarena O´Neill se comprometió en sede parlamentaria a sufragar los trabajos realizados por los investigadores, pero Zaragoza asegura que, aunque en septiembre les trasladaron el coste de la factura, no han recibido respuesta. “Hemos optado por solicitar una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para poder avanzar con el estudio antropológico de los restos encontrados. Todo esto debería haberlo hecho la Junta de oficio, como dice la ley, pero han vuelto a incumplirla”, se lamenta el edil.