El Gobierno ubicará fuera de Madrid la mayoría de los nuevos organismos

El Gobierno ya cuenta, tras meses de deliberación, con una hoja de ruta para cumplir con uno de los compromisos que más fricciones ha provocado con la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso: la desconcentración de las instituciones del Estado como parte de la lucha contra la despoblación. El grueso de la Administración central, que lleva décadas arraigada en Madrid, permanecerá en la capital salvo proyectos muy concretos. La complejidad logística que implicaría la mudanza de alguno de los grandes organismos y la oposición de los sindicatos de funcionarios han llevado a desechar esa opción, reclamada por barones regionales como el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig. La Moncloa ha concluido que la forma más efectiva para reforzar la cohesión territorial es que las entidades que se creen a partir de ahora tengan su sede fuera de Madrid “salvo que razones especialmente motivadas impongan que se ubiquen en la capital”. Así lo establece el Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez, en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El informe defiende los efectos socioeconómicos y la distribución más equitativa de la riqueza que tendría la deslocalización de la Administración. Una desconcentración “bien planificada podría además contribuir a reducir el coste de los servicios públicos, al elegirse ciudades con costes asociados más bajos”, resalta el informe. Renfe es una de las entidades que más está apostando por la descentralización mediante la puesta en marcha de centros tecnológicos en Mérida, Teruel, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Linares (Jaén) y Miranda de Ebro (Burgos). En esos casos se crearán entre 40 y 125 puestos de empleo cualificados. Pero hay más ejemplos con la España vacía en el foco. La UNED impulsa dos centros en Alcañiz (Teruel) y Ponferrada (León). A su vez, el Centro de Estudios Penitenciarios del Estado abrirá en Cuenca en 2022 y formará a 1.000 funcionarios cada año, según las previsiones de Interior. El Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía, en fase de construcción en el campus universitario de Cáceres, contará con unos 85 investigadores. La base logística que el Ejército de Tierra estrenará en Córdoba en 2026, y a la que aspiraba Jaén, empleará a unas 850 personas. Más discreta será la plantilla de 10 empleados del Museo Postal y Telegráfico de Correos, que se inaugurará a finales del próximo año en Toledo.

Otra señal de por dónde van los planes de deslocalización del Ejecutivo llegó este domingo: Pedro Sánchez anunció en una reunión con representantes del sector turístico que Benidorm albergará la sede de la Plataforma Inteligente de Destinos. El Ejecutivo pretende, dentro de su idea de vertebrar el país, que la ciudad alicantina se consolide como un polo de innovación y atracción de talento. La iniciativa no colma las aspiraciones de barones como Puig, que desearían el reparto territorial de instituciones de más peso, por la impronta simbólica que eso tendría.

El equilibrio entre las autonomías para lograr una distribución “lo más homogénea posible” de los empleados e inversiones públicas será uno de los criterios que el Gobierno primará en el proceso de selección de las sedes de nuevos organismos, como el centro estatal de salud pública o las oficinas municipales de justicia. “Se debe perseguir que ninguna comunidad o ámbito geográfico sea excluido”, observa en su documento el Ministerio de Política Territorial. Otros factores que se tendrán en cuenta serán la red de comunicaciones, la existencia de servicios públicos que cubran las necesidades del personal, el acceso a la vivienda y el nivel de disposición de los trabajadores públicos para desplazarse. Todo con el objetivo de “contribuir a crear un tejido productivo” dentro de la lucha contra la despoblación: 41 millones de personas viven en el 30% de España y 6 millones en el 70%.

Fuentes gubernamentales rechazan que el reparto de entes vaya a abrir una pugna entre territorios y sostienen que estos procesos se resolverán “sin rivalidades y con el máximo rigor jurídico”. La decisión final para ubicar entidades nuevas o que ya existen —el Centro de Datos de la Seguridad Social se mudará en 2024 de Madrid a Soria, con 60 empleos directos— será del Consejo de Ministros. El procedimiento quedará regulado en un real decreto que contempla la creación de una comisión que asesore al Gobierno en la elección del destino de los futuros organismos. En este órgano estarían representados los ministerios de Economía, Trabajo, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Hacienda y Función Pública y Política Territorial. Y se sumarían los ministerios de los que dependa la entidad afectada en cada caso.

Una vez iniciado el procedimiento en el Consejo de Ministros, la comisión debería elaborar en un mes un informe sobre los criterios específicos de adjudicación de la sede y los compromisos materiales y financieros que tendría que asumir la localidad donde se instale.

A continuación se abriría un plazo de dos meses para que los municipios interesados se postulen. La candidatura deberá tener el respaldo del pleno municipal. En caso de que existiese además un compromiso por parte de la comunidad autónoma o la Diputación Provincial correspondiente, deberá contar con el aval del consejo de Gobierno o del pleno de la diputación.

Las candidaturas podrán incluir dentro de sus compromisos la cesión de bienes inmuebles para la sede. La titularidad se concederá “a todos los efectos”, si bien el Estado se compromete a que el edificio se destine al servicio que motivó la cesión. También se valoraría la asunción de los costes financieros del traslado en un plazo de hasta tres años. Si una sede se trasladase a otra parte del país, la ciudad aspirante podrá ofrecer medidas específicas para facilitar la movilidad del personal (vivienda o servicios sanitarios y educativos).

La comisión consultiva solicitará un informe a la entidad afectada, al ministerio del que dependa y a cuantas instituciones considere que pueden contribuir a tomar la decisión. El siguiente paso sería mediante un dictamen en el que se analizarían los pros y contras de las posibles sedes antes de hacer una recomendación al Consejo de Ministros. Esta tarea no se tiene por qué limitar a las localidades que hubieran presentado su candidatura. “El Gobierno, en ejercicio de su autonomía organizativa, debe estar en condiciones de ubicar sus dependencias en cualquier lugar del territorio nacional, siempre que se respete la normativa de aplicación. Lo contrario sería aceptar la posibilidad de que otras administraciones territoriales puedan expulsar al Estado de su espacio físico”, subraya el documento.

En el supuesto de que se recomendase a un municipio que no se hubiese postulado, “no se podrá exigir a las respectivas instituciones ningún compromiso en términos de cesión de bienes inmuebles o asunción de compromisos financieros”. El Consejo de Ministros podrá revisar la elección de una ciudad que se hubiese ofrecido como sede si se aprecia un incumplimiento de los compromisos ofrecidos por las instituciones interesadas o en el caso de que se hubieran producido “circunstancias sobrevenidas que lo hagan aconsejable”.

Un plan afectado por la parálisis del Poder Judicial

El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mayoría conservadora y pendiente de renovación desde diciembre de 2018, es un factor desestabilizador en el proyecto de descentralización del Gobierno. El documento de Política Territorial subraya que “no existe razón jurídica que excluya que puedan desplazarse fuera de Madrid” las sedes de organismos judiciales distintas del Tribunal Supremo. Sus autores recuerdan que la Audiencia Nacional ya cuenta con una sede en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, pero acto seguido destacan que “parece claro que una decisión de este sentido no puede ser adoptada directamente por el Gobierno sin al menos consultar al CGPJ”. De ahí que desistan de plantearlo. El pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó el 29 de octubre por unanimidad solicitar al Gobierno la realización de los trámites para trasladar la sede del Tribunal Constitucional a esa ciudad, simbólica por ser donde se aprobó la primera Constitución de España.