Macrooperación de la Guardia Civil contra los robos de agua: 133 detenidos y 1.533 pozos detectados

Los robos de agua amenazan con poner aún más en peligro este preciado recurso natural en España, en acelerado proceso de desertificación y el país de Europa que sufre una mayor sobreexplotación de sus acuíferos, según un amplio estudio de la World Wildlife Fund (WWF). En el Día Mundial de los Humedales, una macrooperación del Seprona, el servicio de protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, así lo atestigua: 133 personas detenidas y 1.533 pozos ilegales detectados. La han llamado Mizu II y ha consistido en una campaña de ocho meses de inspecciones en toda España, desde los meses de marzo a septiembre del año pasado.

Gran parte de la actuación, en la que han intervenido los 1.400 agentes que comprende el Seprona desde sus distintas unidades territoriales, se ha desarrollado “en zonas especialmente sensibles y vulnerables” como el Parque Nacional de Doñana y las cuencas de los principales ríos de España. A la luz de los resultados, es Murcia —una región gravemente aquejada ya por la sobreexplotación de sus acuíferos— en la que se concentran un mayor número de pozos y extracciones ilegales. A la región la siguen varias provincias andaluzas, también castigadas por la falta de agua, como Málaga, Almería, Cádiz y Huelva. Los desarrollos urbanísticos y las explotaciones ganaderas y agrícolas, así como los cambios de uso del suelo (de secano a regadío) sin permiso, están detrás de la mayor parte de estos robos, que constituyen un delito medioambiental. En total, los agentes del Seprona han acreditado también 2.326 infracciones administrativas.

“La actual situación de los recursos hídricos en el entorno del Mediterráneo y en España en particular, pasa por diferentes situaciones en función del territorio y la época del año en que se ponga el foco. La sobreexplotación de algunos acuíferos en base a múltiples intereses, principalmente económicos, constituye una amenaza grave para nuestro medio ambiente y especialmente contra este recurso indispensable para la vida”, alertan los responsables del Seprona en una nota enviada este miércoles a la prensa.

Aunque se ha avanzado y ya hay fiscales de medioambiente delegados en todas las provincias de España, la realidad es que el reproche penal de los delitos medioambientales es aún bajo en el país. Los autores de este tipo de hecho se enfrentan a penas de prisión de seis meses a dos años, y a multas de diez a catorce meses de inhabilitación especial —para ejercer una profesión— o de uno a dos años —para ejercer un oficio—. “En caso de encontrarnos en el supuesto más agravado se podrían enfrentar a una pena de prisión de hasta cinco años de cárcel”, aclaran los investigadores, pero la gravedad de los hechos es algo que suele quedar a discreción del juez, que —al igual que sucedía en su día con los juicios por violencia de género— no siempre dominan la materia.

En el que promete ser uno de los años hidrológicos más secos del siglo según los meteorólogos, los miembros del Seprona han ejecutado un total de 1.512 inspecciones en toda España, teniendo como misión fundamental la localización de esos pozos, sondeos y balsas de acumulación de aguas ilegales. Aunque han detectado también otros delitos como “distracción y defraudación de aguas, ordenación del territorio o contra la Administración Pública”.

Entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes, los agentes del Seprona han detectado perforaciones de pozos y sondeos sin autorización, balsas ilegales de acumulación de agua, también captaciones directas de cauces de ríos y arroyos y caudalímetros (contadores volumétricos de agua) no homologados, manipulados o simplemente no operativos.

La mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal, tal y como sucedió en el caso de Julen Roselló, el niño de dos años que se precipitó por un pozo de prospección (o sondeo) de 71 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro en una finca de la localidad malagueña de Totalán el 13 de enero de 2019. Su cuerpo sin vida fue rescatado 13 días después, tras una complicada operación de ingeniería seguida día a día por un país consternado y en la que participaron de más de 300 personas. El suceso puso de relieve la peligrosidad de estos pozos ilegales y, más aún, de su abandono.

La información recopilada en la Operación Mizu II ha permitido confeccionar un registro con las ubicaciones de las construcciones ilegales para su control y seguimiento mediante el uso de técnicas de georreferenciación. Del total de estructuras detectadas, el 74% se corresponden con pozos y sondeos. Estas son algunas de sus ubicaciones:

Otra vez Doñana (Huelva)

La investigación ha permitido esclarecer 10 presuntos delitos contra el medio ambiente por la distracción ilegal de aguas con perjuicio para los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. Se investigan a 14 personas y 12 empresas de actividades agrarias y urbanísticas. La investigación sigue abierta.

Contadores manipulados (Cuenca)

Los agentes investigan a dos personas físicas y a dos empresas por la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de defraudación de fluidos (aguas), por la realización de captaciones de aguas subterráneas careciendo de la preceptiva autorización del organismo en Cuenca, mediante la instalación de pozos ilegales y con el empleo de caudalímetros manipulados para falsear la lectura de la contabilización del agua extraída de forma ilícita. El acuífero del que se estaba realizando dicha captación de aguas (483.000 metros cúbicos han podido acreditar los investigadores) estaba declarado como sobreexplotado. El agua robada era para regadío.

Corrupción y crimen organizado en la gestión del agua

Con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Duero, los miembros del Seprona procedieron a la investigación de un agente de la Guardería Fluvial de dicha Confederación como supuesto autor de delitos de cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental. El investigado, aprovechando el cargo oficial que ostentaba, se ofrecía a agricultores para tramitación de documentación cobrando en metálico y sin emitir factura. “El crimen organizado está virando al delito medioambiental”, advierten los investigadores.

La Operación Mizu II se ha llevado a cabo con la estrecha colaboración de la Dirección General del Agua (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), así como con los diversos Organismos de Cuenca de España y se enmarca dentro de las acciones operativas encaminadas a la lucha contra la destrucción o modificación del hábitat de especies protegidas dentro del proyecto Life guardianes de la naturaleza.

Un millón de pozos ilegales

Según el estudio de la World Wildlife Fund (WWF), los cultivos de regadío en España consumen 100 veces más agua de lo que necesitan los más de tres millones de habitantes de la ciudad de Madrid en un año, por ejemplo. En el año 2016, un total de 14.948 hectómetros cúbicos de agua fueron distribuidos al regadío, frente a los 148 hectómetros cúbicos que se bebieron los madrileños ese año. Y esto sin contar el agua que se consume de forma ilegal. Se estima que en España existe más de medio millón de pozos ilegales que “roban” un bien común y “secan” nuestro futuro.