Pablo Iglesias pide al juez que retome la causa sobre el robo del móvil a Dina Bousselham

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y antiguo líder de Podemos, no tira la toalla en el caso Dina. El exdirigente político ha pedido al magistrado Manuel García-Castellón que no dé por acabadas estas pesquisas —que finiquitó la semana pasada tras no hallar indicios contra el propio Iglesias— y retome la línea de investigación inicial que originó la causa: el robo de un teléfono móvil a su antigua asesora, Dina Bousselham, cuyo contenido se encontró copiado en casa del comisario José Manuel Villarejo y que acabó además publicado en varios medios de comunicación.

En un escrito fechado este miércoles, al que tuvo acceso EL PAÍS, el abogado del exvicepresidente cuestiona la decisión del juez, que considera agotada la instrucción, y le pide que prorrogue el caso seis meses más para centrarse en el entramado de Villarejo y en la cúpula de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy. En aquella época, cuando Jorge Fernández Díaz ostentaba la cartera del Ministerio del Interior, se urdió la denominada policía patriótica y se gestaron maniobras contra Podemos, como la elaboración del informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un documento policial anónimo que afirmaba que el Gobierno de Irán había financiado al líder del partido y a su entorno, y que la justicia ha rechazado en reiteradas ocasiones.

Este movimiento del exlíder del partido no es baladí. Hace meses que el caso Dina se convirtió en una compleja maraña con cabos sueltos. García-Castellón abrió la causa en marzo de 2019 tras recibir un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, que detallaba el hallazgo en casa de Villarejo de “una importante cantidad de documentos” de Bousselham que parecían “provenir de una extracción de datos” de su móvil. El magistrado quería averiguar si el comisario, epicentro de una macrotrama de corrupción, había filtrado esa información a los medios que la publicaron o, incluso, si se encontraba detrás de la supuesta operación para robar el teléfono a la asesora de Iglesias.

Pero esa instrucción inicial dio un giro mayúsculo en mayo de 2020. El juez redirigió las pesquisas hacia otro puerto tras sentirse engañado por el exlíder de Podemos, al que atribuye un plan para aprovecharse de la causa. Según su tesis, Iglesias se inventó una conspiración para presentarse como víctima de la trama de Villarejo, ya que sabía que la información del móvil que publicaron los medios era “resultado de una filtración” y que “Dina era el origen”. Además, según lo acusaba el magistrado, el exvicepresidente dañó la tarjeta del móvil de Bousselham, que había recuperado en enero de 2016 de manos del presidente del Grupo Zeta, editor de la revista Interviú; y que Iglesias “guardó sin decírselo a su propietaria” durante un tiempo.

Esta nueva línea de investigación adquirió tal protagonismo que García-Castellón retiró al exvicepresidente la condición de víctima, que más tarde le devolvió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional porque “no hay pruebas” que sustenten la tesis del juez. También, pidió la imputación de Iglesias al Tribunal Supremo, rechazada por falta de indicios. El magistrado encargó entonces un informe a la Policía para tratar de averiguar cuándo y cómo se dañó la tarjeta de Bousselham, pero los agentes le comunicaron la pasada semana que no podían averiguarlo. A continuación, el instructor dio por acabada las pesquisas.

Una decisión que Iglesias no comparte. En su recurso, el exlíder de Podemos reprocha al juez que haya centrado sus esfuerzos en tratar de encontrar indicios contra él, en lugar de ahondar en “hipótesis más lógicas, empíricamente más razonables o cuya certeza de posibilidad y probabilidad estaban en consonancia con los elementos obrantes en la causa”. En su opinión, añade su abogado, García-Castellón ha dejado “huérfana” la investigación contra la policía patriótica, ya que Villarejo relató al juez que entregó a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía una copia de la tarjeta de Bousselham, que también le había llegado a través de dos periodistas de Interviú.

Según Villarejo, él mismo facilitó esa información al entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, considerado el muñidor de la policía patriótica y procesado también por Kitchen, la operación de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas. La Sala de lo Penal ha obligado a García-Castellón a interrogar a Pino, pero el juez cree que su declaración no derivará en la práctica de nuevas pruebas. Una conclusión que Iglesias rechaza, ya que cree que su testimonio debería servir para “continuar la instrucción sobre la existencia” de supuestas investigaciones en la DAO contra Podemos.